Prefacio.
Y de la policía… ¿quién nos protege? Resulta que en el río revuelto del pasado fin de semana, elementos de las fuerzas del orden de Veracruz se quisieron pasar de vivos y aprovecharon los actos de vandalismo para “resguardar” algunas evidencias del latrocinio, por decirlo de alguna forma. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 19 elementos del Mando Único de la Policía asignados al municipio de Medellín, “por la probable comisión de hechos delictivos vinculados a los actos de vandalismo y robo”. Por supuesto, las nuevas autoridades de la SSP no dejaron pasar la oportunidad y en su escueto comunicado (dos párrafos) aclararon que los mandos policiacos en Medellín fueron designados “por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de aquel entonces”. Como quien dice, “lo que no fue en mi año, que no me cause daño”.
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El ejemplo nos lo da Venezuela, y no deberíamos pasarlo por alto.
Este lunes la Asamblea Nacional de aquel país declaró el “abandono de cargo” por parte de su Presidente Nicolás Maduro, y demandó una salida electoral a la crisis venezolana, para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto.
En México, ante el menor riesgo de que el Presidente Enrique Peña Nieto sea cuestionado por sus polémicas decisiones, prefieren esconderlo.
El pasado 6 de enero, en el tradicional acto conmemorativo de la promulgación de la Ley Agraria, que se celebra año con año en el estado de Veracruz, con la presencia del Jefe de la Nación, de última hora se anunció que éste no acudiría. No lo explicaron así a los veracruzanos, pero los reportes de múltiples brotes de violencia en el puerto jarocho les dieron el argumento ideal a los responsables de su seguridad.
La ausencia del Gobierno Federal llegó al colmo, pues también se canceló la asistencia del secretario de Gobernación y coordinador del Gabinete de Seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong.
Así como el Presidente pudo haber aprovechado el foro con miles de campesinos de todo el país, para defender su postura respecto a la liberalización del precio de los combustibles, también el ministro del interior pudo haber dado su versión de los actos de vandalismo que surgían en diversos puntos del país.
No sucedió, pues ambos estuvieron ausentes.
Los actos de rapiña cesaron, pero esta semana continuaron las movilizaciones de protesta por el “gasolinazo”. Los gobernadores de todo el país esperaban la presencia del Presidente Peña Nieto a la reunión extraordinaria a la que convocaron en la ciudad de México. La espera fue infructuosa.
El secretario de Hacienda fue el encargado de reunirse con los mandatarios estatales para repetir los argumentos que se han manejado desde hace un par de semanas, pero ahora agregando un factor muy delicado: Que el aumento en el precio de los combustibles se debe, además, a que los gobernadores no han invertido lo suficiente en infraestructura energética.
El enviado del Presidente informó que rechazó ante los gobernadores que sea posible revertir el “gasolinazo” y por el contrario, los llamó a invertir para reducir los costos de transportación del combustible en el futuro.
Cobijado por la seguridad que le provee la residencia oficial de Los Pinos, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la aplicación de un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, al que habrían de sumarse “los representantes de los sectores productivos del país”.
A los pocos minutos se deslindó un grupo de gran importancia en la actividad financiera de México, la Coparmex.
Los propios gobernadores, integrantes de la Conago, lamentaron no haber sido convocados para la presentación de un presunto acuerdo en el que sus gobiernos deberían tener un papel fundamental.
El Presidente de la Conago y gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se dijo sorprendido de que para un convenio que incluye a las entidades federativas, ni siquiera les hubieran avisado.
Javier Corral, de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que en un párrafo del acuerdo se afirma que los gobernadores de los estados están de acuerdo y que lo suscribieron, “pero eso es falso, porque ni siquiera conocíamos el contenido».
El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, aseguró que no tienen por qué respaldar un convenio al que no fueron invitados.
Estas voces que confrontan el discurso del Presidente representan a millones de mexicanos, de manera que si con esa medida pretenden calmar los ánimos, deberán ir en busca de los consensos. De pronto olvidan que los gobernadores no son sus subalternos.
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Epílogo.
Unos dicen que Lorena Piñón fue “planchada” por el dirigente nacional Enrique Ochoa, otros, que los días de Felipe Amadeo Flores Espinosa al frente del PRI de Veracruz están contados. Lo cierto es que el procedimiento jurídico en contra del espurio dirigente priista sigue su curso, mientras los verdaderos liderazgos de ese partido siguen reprimidos, en espera de alguien que los represente de forma efectiva. *** Por cierto, Flavino Ríos no es opción, pues en su breve período al frente del gobierno estatal su palabra quedó muy devaluada. *** Lo cuentan quienes han estado cerca de los nuevos servidores públicos de la administración estatal. A pesar de haber despedido a todos los empleados de confianza, los nuevos funcionarios arrastran una severa paranoia. Temen que las secretarias y los auxiliares (personal de base, sindicalizado, al que no pudieron correr) sean “orejas” de sus antecesores. No tratan ningún tema delicado en su presencia, y tampoco les permiten el acceso documentos confidenciales. ¿Acaso ocultan algo?