Noviembre fue el último mes de la pasada administración estatal; en ese periodo de 30 días, Javier Duarte ya no estuvo al frente del Poder Ejecutivo de la entidad, dado que solicitó licencia desde el 12 de octubre, cuando habría emprendido la huida, presuntamente a bordo de una aeronave del gobierno de Veracruz, facilitada por el interino, Flavino Ríos Alvarado.
Después de una entrevista que Duarte concedió al noticiario de Carlos Loret de Mola, el ex mandatario veracruzano acudió a Palacio de Gobierno, recorrió las instalaciones, partió al aeropuerto de El Lencero, en Xalapa, y no fue visto más, de tal manera que un mes más tarde, la responsabilidad del gobierno recayó en el ejecutivo interino.
Arturo Bermúdez Zurita, el otrora poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, tampoco estuvo en el cargo durante noviembre, puesta renunció al comenzar agosto, luego del escándalo sobre sus numerosas propiedades y presunto enriquecimiento ilícito, revelado a la opinión pública por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.
A cargo de las tareas en materia de seguridad se encontraba en Veracruz, durante noviembre, Nabor Nava Holguín.
Sin embargo, durante noviembre, el problema de la violencia y la inseguridad mantuvo su tendencia en la entidad.
Podríamos decir que Flavino Ríos Alvarado no fue capaz de frenar los enormes problemas sociales derivados de la virtual quiebra de las finanzas de la administración estatal; su efímero gobierno tampoco pudo hacer algo por disminuir los retos relacionados con la incidencia delictiva, porque no había dinero en caja ni para cubrir el precio de la gasolina que consumen las patrullas.
Hace unos días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer el reporte sobre la incidencia delictiva del Fuero Común, en la actualización correspondiente al mes de noviembre.
En Veracruz, la estadística reportó un incremento considerable en el número de los delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado: más de 4 mil se cometieron ese mes en la entidad, donde hubo mil 880 robos, casi 300 lesiones dolosas, 133 homicidios dolosos y nueve secuestros.
2016 pasará a la historia contemporánea de Veracruz como el año en que se registró la mayor cantidad de asesinatos dolosos; todavía no concluye el año y ya se contabilizan mil 126.
Este año es, además, el segundo en cuanto al número de secuestros, sólo debajo de 2014.
El nuevo gobierno del estado conoce la dimensión del problema de la seguridad pública; de hecho, desde que comenzó la administración se han llevado a efecto reuniones regionales sobre ese tema.
La más reciente acción es materia de seguridad y vigilancia se anunció el pasado viernes, cuando el gobernador habló de un operativo especial para el combate a la delincuencia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que también incluye a Jamapa, Medellín y Alvarado.
Operaciones encubiertas, clausura de giros negros y deshuesaderos de autos son algunas de las acciones que ya se llevan a cabo, con el apoyo del Ejército y la Marina.
Por supuesto, cualquier veracruzano desea que los problemas de la entidad en materia delictiva se resuelvan de forma inmediata; pero pensar que ello es posible resulta un absurdo porque durante años las autoridades adoptaron una actitud irresponsable, indolente, casi contemplativa y sospechosamente permisiva ante el avance de la delincuencia.
Frenar esa tendencia; hacer que los cuerpos policiacos sirvan para la tarea que les da sentido; construir esquemas de seguridad funcionales; y depurar a las policías es una tarea que de ninguna manera se puede concretar en el corto plazo.
Así las cosas, esperemos que en un tiempo razonable se corrija el rumbo de Veracruz en materia de seguridad; y que el problema de la violencia y de la actividad delincuencial sea un reto que pronto se supere en la entidad, por el bien de todos.
Zona norte, el operativo de seguridad
En la región norte de Veracruz hay reportes sobre el operativo de seguridad en la zona petrolera y citrícola, con una notable disminución en los índices delictivos, nos dicen.
En los puntos que van desde Poza Rica a Álamo Temapache existe mayor presencia policiaca; de hecho, hay comentarios en el sentido de que la depuración policiaca va en serio.
Parece que atrás quedaron los días en que los productores citrícolas pagaban a la delincuencia organizada hasta mil pesos por tonelada de fruta comercializada, principalmente naranja, a cambio de no ser víctimas.
Con la llegada de 200 elementos policiacos a la zona, hoy Álamo recobra su paso normal y lo mismo ocurre en Poza Rica y Coatzintla, donde poco a poco se recupera la tranquilidad. @luisromero85