No creo en la validez de organismos creados al vapor, que tienen como único fin el de suplir las deficiencias de otras instituciones.
Fue así como nació la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP). Fue la respuesta oficial a la avalancha de críticas contra el entonces gobernador (junio del 2012) Javier Duarte de Ochoa, por la inusual ola de homicidios de periodistas en territorio estatal. En ese entonces sumaban ocho los comunicadores fallecidos de forma violenta en los 18 meses que llevaba de gobierno, y otros dos estaban reportados como desaparecidos.
La Ley número 586 identifica a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Le atribuye como responsabilidades, las de “atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”.
Un gobierno que vele por que instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Seguridad Pública cumplan de forma eficiente con sus responsabilidades, habrá conseguido más, mucho más de lo que puede presumir hasta la fecha la CEAPP.
Si la promotora original de este organismo, la periodista Gina Domínguez, hubiera creado en la Coordinación de Comunicación Social una oficina “de vinculación”, o de “atención al periodista”, hubiera conseguido los mismos resultados.
La CEAPP no ha sido autónoma nunca. Y una vez conocidos los nuevos integrantes, todo parece indicar que mantendrá su dependencia del Poder Ejecutivo.
Es verdad, los periodistas (los de verdad, no aquellos charlatanes que encontraron en las redes sociales una forma muy cómoda de difundir los chismes que antes propagaban desde el café) se enfrentan a un entorno cada vez más peligroso, a un ambiente de intolerancia e impunidad que busca reprimirlos.
Es muy pertinente que las organizaciones civiles que agremian a los comunicadores impulsen acciones por parte de los tres niveles de gobierno para que se procure el libre ejercicio del periodismo y el acceso a la información, pero no admito –y lo digo en forma personal- que se nos considere como casos excepcionales, como profesionistas que debamos ser tratados, por ley, de forma privilegiada, preponderante, por encima de cualquier otro ciudadano.
En Veracruz somos muchos, muchísimos los que nos dedicamos a la tarea de comunicar, y debemos ser muchos (me incluyo) los que hemos sido víctimas de la delincuencia. Eso no sólo nos pasa a nosotros, les pasa a los maestros, a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a los hombres, a las mujeres, a niños, jóvenes y adultos.
A unos más que a otros, sí, pues sus actividades conllevan un factor de riesgo más alto. Los taxistas que cubren el turno nocturno, los trabajadores de la limpia pública que laboran durante la madrugada, por mencionar sólo dos ejemplos. Pero no por ello debemos crear organismos especiales para la atención específica de sus casos. Lo que debemos hacer es que las instituciones trabajen de manera eficaz y les brinden la atención a la que tienen derecho como ciudadanos.
Me precio de ser amigo de varios de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Sé que si aceptaron tal responsabilidad, es porque ellos sí creen que dicho organismo tiene su razón de ser.
Estoy convencido de que pondrán todo de su parte para realizar una labor digna, como lo han hecho a lo largo de su ejercicio profesional.
A pesar de mi escepticismo, mi deseo es que les vaya bien.
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