Luego de que el pasado 25 de octubre el Partido Revolucionario Institucional determinara expulsar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el pasado viernes corrieron con la misma suerte otros dos ex mandatarios, Tomás Yarrington, de Tamaulipas, también expulsado; y Roberto Borge, de Quintana Roo, a quien le retiraron sus derechos partidarios, lo que podría considerarse como el paso previo a la salida.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sesionó para dictaminar esos y otros tres temas, que para el caso veracruzano revisten cierta importancia. El tricolor expulsó también a los ex secretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; y del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos; de igual manera, el partido echó a José Antonio Chara Mansur, ex funcionario del área de finanzas del gobierno estatal.

En un comunicado, el Revolucionario Institucional apuntó que “en los tres casos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria acreditó su falta de probidad como militantes del PRI durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz… en los Procedimientos Sancionadores iniciados el 20 de septiembre último en contra de los militantes Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos, por realizar conductas contrarias a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, y por falta de probidad durante el gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, se determinó  su expulsión, al acreditarse que los señalamientos de corrupción en su contra y su actuar han generado un deterioro grave en la imagen de nuestro instituto político”.

Los tres personajes han sido señalados por presuntos actos de corrupción; a los tres, además, se les atribuyen cuantiosas e incalculables fortunas, así como muchas propiedades en México y el extranjero.

Sin embargo, la expulsión del PRI de dichos personajes  (Yarrington,  Borge, Mansur, Bermúdez y Deantes) así como de Javier Duarte el 25 de octubre, resulta casi intrascendente porque carece de cualquier efecto legal. Probablemente el único factor importante sea la consideración política; fuera de eso, el hecho de que un partido como el PRI, con una larga historia de corrupción, decida expulsar a militantes señalados precisamente por falta de probidad resulta, por decir lo menos, curioso.

Lo cierto es que al veracruzano promedio le importa muy poco que el PRI expulse a Duarte y su pandilla, con Bermúdez y Deantes incluidos. Lo que la gente espera es que los responsables del saqueo de los recursos públicos estatales sean llamados a cuentas, que respondan a la justicia, en síntesis, que vayan a la cárcel y que regresen lo robado, para que esos recursos sean reintegrados al erario. Esa fue, durante la campaña, una de las banderas más importantes de Yunes Linares en su camino rumbo a la gubernatura; y ese ha sido el discurso de prácticamente todos los líderes de los partidos políticos nacionales; el 11 de octubre, por ejemplo, Ricardo Anaya Cortés se refirió al tema y prometió que “habrá justicia” en Veracruz. Un mes y medio después, el 28 de noviembre, el priista Enrique Ochoa Reza pronunció un discurso ante el Consejo Nacional, en el que sostuvo que en el partido no tiene cabida la corrupción.

Sin embargo, la percepción que se ha extendido entre la sociedad veracruzana tiene que ver más con la impunidad que con la justicia; poco importa que los expulsen de sus partidos, si quienes han sido señalados por actos de corrupción están libres o prófugos, como es el caso de Javier Duarte y compañía.

A propósito, Arturo Bermúdez Zurita, Gabriel Deantes Ramos y José Antonio Chara Mansur no tienen trayectoria política ni partidista importante; nunca fueron militantes destacados en el PRI, ni desempeñaron cargo de elección popular; ninguno de ellos fue candidato a nada; sólo Deantes era considerado “operador político” del duartismo, pero era del dominio público que esa “operación” sólo se lograba a base de billetes; de tal manera que la expulsión de esa tercia no es más que un intento de deslinde del tricolor de sus militantes señalados por presunta corrupción.

Tuxpan, tercer informe de Raúl Ruiz

El pasado jueves se llevó a efecto el tercer informe del alcalde Raúl Ruiz Díaz, en Tuxpan. Buenos comentarios del evento, sobre todo porque contrario a la costumbre de algunos munícipes, de realizar eventos maratónicos y tediosos, el tuxpeño encabezó una ceremonia breve, moderna y concisa.

El alcalde de Tuxpan se refirió a la solución a la deuda heredada por su ayuntamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 343 millones 969 mil pesos. En ese punto, bien valdría la pena comentar que las futuras administraciones de ese municipio tendrán mucho que agradecer a las actuales autoridades, que en vez de evadir o postergar la solución al problema, decidieron enfrentarlo, resolverlo.

En cuanto al trabajo del ayuntamiento de Tuxpan durante 2016, destaca una inversión cercana a los 500 millones de pesos en obras de infraestructura; la construcción de 318 cuartos dormitorio con una inversión de 26 millones de pesos; y una larga lista de resultados en prácticamente todas las áreas de gobierno.

Así, el ayuntamiento de Tuxpan está a punto de arrancar su cuarto y último año en una inmejorable posición: resolviendo deudas heredadas; introduciendo servicios para los asentamientos en condición de rezago; y estableciendo como prioridad a la población vulnerable. 

¿Qué viene para Xalapa?

Al ir cerrando el año y luego de que la mayoría de alcaldes han rendido sus informes de gobierno,  destaca que en el caso de Xalapa, el munícipe anticipó que el año 2017 será de intenso trabajo para impulsar el desarrollo de la ciudad y garantizar el bienestar de los xalapeños. Para empezar, se consolidará la instalación de un biodigestor que permitirá generar energía eléctrica aprovechando los residuos sólidos urbanos que producen la capital veracruzana y su conurbación, para esto ya ha realizado las gestiones necesarias por lo que Xalapa recibirá para este proyecto 9 millones de dólares del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Además, se continuará el Programa de Regeneración del Centro Histórico, reconstruyendo Primo Verdad y Enríquez, como se hizo en Zaragoza, dignificando el corazón de la ciudad, y se iniciará el proyecto del Eje vial Oriente, una alternativa de comunicación de 11 kilómetros de longitud, que conectaría las Trancas con Banderilla.

Está prevista también la construcción de una nueva estación de Bomberos en la Congregación de El Castillo y se entregará el puente ciclo-peatonal Juventud en beneficio de la comunidad universitaria. Se buscará impulsar la participación ciudadana a través del Laboratorio de Innovación de Xalapa (LABIX), un espacio único y permanente para la ciudadanía, el cual se regirá bajo un esquema de integración ciudadana que trabaja bajo modelos de innovación y uso de tecnologías de la información, al lado de Organismos internacionales como la OEA, el BID, World Bank, y organizaciones civiles como Transparencia Mexicana. Es decir que la agenda de desarrollo de Xalapa se intensificará para el próximo año y conociendo el dinamismo incansable del alcalde Américo Zúñiga Martínez se producirán más resultados que los mencionados. Por algo la frase que identificó a su informe fue “Más, mucho más”. @luisromero85