Si en el gabinete de Miguel Ángel Yunes Linares no figura un solo funcionario que por ética, dignidad y vergüenza profesional se atreva a contener o a disentir sobre algunas declaraciones o decisiones equivocadas del gobernador panista, entonces corresponderá a la opinión pública hacerle ver sus yerros al mandatario estatal para que en Veracruz no se vuelvan a repetir los excesos, omisiones y las barbaridades de gobernantes anteriores.

Y es que, además, el Poder Legislativo, que debiera ser contrapeso del Ejecutivo, hasta ahora no ha fungido como tal ya que algunos diputados –unos por ignorancia, otros por temor, y algunos más por serviles en su afán por conseguir impunidad por las presuntas responsabilidades administrativas que les pudieran resultar en las auditorías practicadas a las dependencias que encabezaron o de las que formaron parte en el sexenio duartista– en vez de atemperar a Yunes Linares, analizando con prudencia y cautela política sus propuestas, aceleran y le dan cuerda al gobernador.

Ahí están los casos del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura local, Sergio Hernández Hernández, un joven diputado panista que sólo tiene estudios de bachiller aunque es reconocido como un exitoso empresario constructor de “pisos firmes” –pupilo del ex diputado federal de Huatusco, Víctor Serralde, también del PAN–, quien el pasado martes lanzó un ultimátum a la Federación para que rescate financieramente al estado o, de lo contrario, se apoyaría la desincorporación fiscal de Veracruz, como lo ha propuesto Yunes; igualmente el diputado “independiente” Gerardo Buganza Salmerón, ex secretario de Gobierno y ex titular de la SIOP,  propuso separar al estado del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a fin que éste “reactive sus potestades para gravar y por ende ser autosuficientes”.

Buganza, quien en la sucesión estatal de 2010 renunció al PAN por la imposición de la candidatura del entonces director del ISSSTE y se sumó a la campaña priista de Duarte –en la que ofreció que “de Yunes yo me encargo”–, propuso hace diez días ante el pleno de la Legislatura un Anteproyecto con Punto de Acuerdo en el que expuso que la salida del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal implicaría hacerse cargo del cobro de los impuestos al ingreso y al consumo, e incluso de algunos especiales que defina la soberanía estatal. Según el ex panista, se tendrían que definir “las actividades a gravar y tasas a aplicar, lo que provocará una competencia entre estados o con el gobierno federal para atraer inversiones y contribuyentes a su esfera”.

Pero este miércoles, al igual que ya lo habían advertido también otros académicos y especialistas en la materia, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión  de Hacienda de la Cámara alta del Congreso de la Unión, calificó como “aberrante” e “irresponsable” la propuesta de desincorporar fiscalmente a Veracruz de la Federación, ya que “más que una solución traería terribles problemas al estado”.

Y es que lo que los diputados Sergio Hernández y Gerardo Buganza, así como el gobernador Yunes Linares no parecen haber previsto es la reacción que habría por parte de las calificadoras financieras y de los dueños del dinero en México, tanto los propietarios de la banca comercial como los accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que poseen certificados de la deuda pública del gobierno de Veracruz.

Por el momento, varias interrogantes están en el aire: ¿Bajaría o subiría la calificación crediticia del estado si se desincorpora fiscalmente de la Federación? ¿En qué tiempo instrumentarán un sistema tributario como el SAT, considerando que a la actual administración sólo le restan 23 meses y medio? ¿El próximo gobernador que será electo en 2018 apoyará la descoordinación fiscal?

Si esta propuesta fuera políticamente viable, seguramente Yunes ya habría sido respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido y por todos los demás gobernadores panistas que también recibieron las administraciones estatales con graves problemas financieros.

Hace un mes, en la última sesión de este año de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizó en Huatulco, Oaxaca –a la que asistió Yunes como gobernador electo–, el presidente Enrique Peña Nieto les dijo que “con toda precisión señalé que el Gobierno de la República está en amplia disposición para acompañar los esfuerzos propios que deben asumir los gobiernos de las distintas entidades federativas, para hacerle frente a sus propios retos y desafíos en materia financiera”; que el gobierno federal “habrá de poner con toda transparencia y apertura, los distintos mecanismos, las distintas vías y el apoyo, en términos de nuestras atribuciones y alcances, que pueda tener nuestra capacidad para acompañarles en el saneamiento financiero de las entidades que así lo demanden”, pero remarcándoles puntualmente que la Federación no puede sustituir atribuciones y responsabilidades de cada uno de los gobiernos estatales.

“Todo gobierno, y más cuando se dan los relevos dentro de nuestra democracia, se asumen desafíos, retos, y uno es el tema financiero. El Gobierno (de la República) acompañará con amplia disposición los esfuerzos propios”, reiteró Peña ante los mandatarios en funciones y electos.

¿Acaso Yunes no sabía el tamaño del reto que iba a enfrentar? ¿Qué no, cuando una periodista le comentó que se había sacado “la rifa del tigre”, respondió muy sobrado que a él le gustaba esta especie de felinos? Si ahora cree que no puede,  entonces que renuncie.