Desde su invención en los albores del gobierno de Fidel Herrera –quien siempre hizo mofa y endilgó toda clase de burlas al proyecto del profesor Guillermo Zúñiga Martínez-, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ha sido un modelo educativo fracasado.
Lo que el maestro Zúñiga imaginó y recreó como una especie de proyecto Vasconcelista, donde todos los veracruzanos, sin importar su edad, condición social o lugar de residencia, tendría acceso a la educación superior, terminó siendo un gran negocio de unos cuantos, en detrimento no sólo de la minada economía de sus propios estudiantes, sino del reconocimiento de sus estudios profesionales.
Desde siempre, la expresión de la sabiduría popular fue la misma: si come como pato, grazna como pato y camina como pato… entonces es un pato. Así, la UPAV nunca logró esconder su plumaje.
El único logro políticamente reconocible a la UPAV, es que desactivó temporalmente la bomba de tiempo que representaban cada año miles de estudiantes que no podían ingresar a la Universidad Veracruzana, muchos de los cuales tampoco contaban con recursos para continuar sus estudios en escuelas particulares.
Pero llegó la UPAV y hubo cupo para todos, con la promesa de que en 4 años, cuando la primera generación estuviera lista para egresar, el reconocimiento de estudios y la validez oficial serían una realidad. Así, durante ese periodo no se volvieron a ver movilizaciones de protesta solicitando espacios en la UV. En realidad, sólo postergaron un problema, creando otro paralelo.
Es cierto. Se hizo un gran esfuerzo y muchos estudiantes sí cuentan con el reconocimiento oficial de sus estudios; sin embargo, su preparación respecto a los egresados de otras universidades es por demás cuestionable, muy cuestionable. Y hoy, con las revelaciones que ha hecho el gobierno estatal –que no han resultado una sorpresa para nadie-, se confirma que muchos jóvenes veracruzanos desperdiciaron tiempo y dinero; se trató de un gran embuste, ejercido y solapado por las autoridades estatales.
Nadie podrá acusar a los directivos de la UPAV, los mismos desde su fundación, de haber malversado fondos públicos. La Universidad siempre tuvo un presupuesto raquítico, que sólo fortaleció la idea de que por ello gozaban de absoluta libertad para hacerse de sus propios recursos. Y así lo hicieron, sólo que estos fueron a parar a la cuenta de una Asociación Civil y de ahí al bolsillo de los funcionarios.
Aulas de escuelas primarias y secundarias habilitadas como salones de clase universitarios, docentes con calidad de solidarios no certificados que recibían un remuneración de risa, cuotas de recuperación al libre albedrío de las autoridades educativas, planes de estudios carentes de RVOES y una oferta académica que sería la envidia de la propia Universidad Veracruzana (ingeniería petrolera, mecatrónica, protección civil, gerontología, naturopatía, criminalística, desarrollo empresarial binacional, entre muchas otras), son hasta ahora los rasgos distintivos de la UPAV.
Pero lo peor no fue eso. Ni siquiera fue la mala educación. Fue el mecanismo burdo para vender miles de certificados de bachillerato –muchos de ellos requisito para conseguir un modesto trabajo- y títulos de licenciatura al mejor postor, a quien lo necesitara, en el área que lo necesitara.
En efecto, no son falsos porque los expide una Universidad Autónoma de pleno derecho; sin embargo, carecen de cualquier valor ya que los planes de estudios de estos programas no están reconocidos por la SEP, según se desprende de la declaración hecha ayer por el Gobernador. O sea que para el caso es lo mismo.
Si las cifras dadas a conocer por el gobierno estatal son ciertas, estamos hablando de un fraude monumental. ¡Bendito Dios!, decía con su voz rasposa Rudecindo Caldeiro en la Tremenda Corte!
Resulta que si hay más de 100 mil títulos falsos –al menos 10 mil están en Sinaloa ha dicho Yunes Linares-, a cosa de unos 5 mil pesos el trámite de cada uno de ellos, estaríamos hablando de más de 500 millones de pesos que han entrado a las arcas de la Asociación Civil que maneja los recursos de la UPAV. De ese tamaño sería el problema.
Es cierto, se deben buscar alternativas de educación superior de calidad. Se debe evaluar a la UPAV desde sus posibilidades y no desde su cáncer. Por ejemplo, en el plano editorial ha hecho un esfuerzo que debe valorarse. Y aquéllos profesores que aceptaron de buena fue participar en este proyecto, no merecen que se manche su prestigio.
La del estribo…
Pero al nuevo gobierno lo empiezan a perseguir sus fantasmas. ¿Cómo cuestionar la calidad educativa de una institución como la UPAV –si bien a todas luces irregular-, cuando el funcionario más importante del gabinete se titula “fast track”, acreditando estudios incompletos de maestría en Ciencias Políticas por el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores? No tuvo ni que terminar el posgrado, bastaba con estar inscrito y la administración escolar se encargaba de lo demás. Esta historia continuará.