El nuevo fiscal anticorrupción operará con la infraestructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Esta unidad cuenta con solo 35 agentes del Ministerio Público; carece de peritos especializados en contabilidad y finanzas para investigaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; no cuenta con especialistas en contrataciones gubernamentales, particularmente en obras públicas, y carece de peritos en tecnologías de la información para labores de inteligencia.

En otras palabras, en la peor crisis de corrupción que inunda a prácticamente todos los gobiernos estatales y a buena parte de la administración pública federal, el fiscal anticorrupción será una simple simulación.

No tendrá recursos materiales ni capacidad técnica, jurídica ni política para realmente investigar y perseguir a las redes de las cleptocracias que han hundido al país en escándalos como los de Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padrés y Roberto Borge, más los que se sumen.

Esta Unidad Especializada sólo ha obtenido en seis años un total de 70 autos de formal prisión, es decir, un promedio de 10 autos y ¡ninguno es por enriquecimiento ilícito! En otras palabras, todos los “peces gordos” de la corrupción se ríen de esta unidad que será el germen de la Fiscalía Anticorrupción.

En el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción, los “dados cargados” estaban a favor de la actual comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, con amplio apoyo de la Secretaría de Gobernación, según confirmaron varios senadores que participaron en las comparecencias.

Doble escándalo: en octubre, los senadores nombraron a un posible fiscal general, “carnal” del Presidente de la República, el Procurador General de la República Raúl Cervantes Andrade, y quieren en la Fiscalía Anticorrupción a una servidora pública que ya antes había sido electa para un “organismo autónomo” como el INAI.

La ley del chambismo y el influyentismo.

En el Senado comenzó a ventilarse la posibilidad de una alianza del PRD y el PAN para posponer la elección del fiscal anticorrupción y para reformar el artículo 102 Constitucional con el objetivo de eliminar el “pase automático” del procurador actual hacia la Fiscalía General y perfilar otro modelo de Fiscalía Anticorrupción que  en realidad sea autónoma.

Nada más sano.