Este martes, el coordinador de la fracción legislativa del PAN, Sergio Hernández, exigió a las autoridades de la Universidad Veracruzana dar el mismo trato a los egresados de esa casa de estudios como el otorgado al ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, a quien le tramitaron de manera fast track su título de Licenciado en Derecho para que cumpliera con el requisito legal para ser nombrado secretario general de Gobierno.

“Así como el gobierno y la UV se tienen que conducir conforme a la ley y sus reglamentos internos, obviamente hay que exigirle a la UV que trate igual a un funcionario que a cualquier estudiante. Yo creo que a todos tiene que tratar igual”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura sobre este polémico caso en el que fue involucrado Franco Castán por obtener su título profesional en tan solo 10 días.

Este pésimo ejemplo de tráfico de influencia y favoritismo político ha irritado a la comunidad académica pero sobre todo a los profesionistas egresados de la UV que han tenido que cumplir con la tediosa tramitología para titularse y padecer la exigencia de los arrogantes funcionarios de la Oficialía Mayor.

Por ello, al parecer, fue contraproducente el comunicado oficial que este lunes difundió el director general de Administración Escolar de la UV, Héctor Francisco Coronel Brizio, para tratar de justificar la titulación fast track del secretario de Gobierno, pues contrario a los tres meses que generalmente dura este proceso, el funcionario universitario reconoció que apenas el 28 de octubre pasado recibieron la solicitud del ex dirigente perredista, y pasados apenas diez días se le entregó el título que lo acredita como Licenciado en Derecho.

Catedráticos e investigadores universitarios que han sido directivos de escuelas y facultades de la UV, nos explican que para titulación por haber cursado el 50 por ciento de créditos de una maestría, el proceso se inicia con la solicitud ante el Consejo Técnico (CT) de la Facultad para que se evalúe su caso; que se debe acompañar la solicitud con el certificado de estudios incompletos de la maestría donde conste que ha cubierto dicho 50%, y que el trámite puede iniciarlo con una constancia pero que no podrá continuarlo hasta en tanto no entregue el certificado.

También detallan que el Consejo Técnico sesiona ordinaria o extraordinariamente y que cada Facultad establece su calendario de sesiones. Por lo general se reúne cada 15 días para ir sacando “los pendientes”, y que sólo que el caso lo amerite sesiona extraordinariamente (como las revisiones de examen, por ejemplo, que estatutariamente tienen establecidos tiempos límite), convocando con un mínimo de 24 horas de anticipación, dejando constancia de la convocatoria mediante la firma en físico de enterado de los consejeros o el email convocante y el acuse respectivo de éstos.

En la sesión se analiza que la institución en que se cursa la maestría sea de reconocido prestigio y no “patito”; que tenga relación con la licenciatura cursada por el solicitante, lo que se sustenta en ocasiones sólo con la tira de materias que viene en el certificado incompleto por la obviedad (si es licenciado en Derecho y cursa una maestría en Derecho Mercantil, por ejemplo). Si hay dudas de incompatibilidad licenciatura-maestría por ser temáticas distintas aunque cercanas (la misma área académica, por ejemplo), entonces se piden los programas certificados de los cursos para analizarlos y ver la incompatibilidad. Jamás procederá si es de un área divergente, so pena de violar la ley. Esto, apuntan, lleva tiempo porque en muchos casos el CT pide a algunos de sus miembros que lleven a efecto el análisis y se presente el resultado en la siguiente sesión, para darle salida y agotar los otros temas del orden del día. Luego se levanta el acta que debe ser firmada por todos los miembros que participaron en el CT, integrado por 7 miembros para las facultades que sólo ofrecen una licenciatura, pero cuyo número aumenta si hay más de una carrera y posgrados. Se sesiona legalmente con más del 50% de los integrantes.

Si procede la solicitud, entonces se lleva a cabo el proceso de elaborar el paquete profesional, que incluye el certificado de estudios completos de la licenciatura legalizado por la Oficialía Mayor, la constancia de liberación del Servicio Social hecho durante un año habiendo entregado los reportes mensuales del mismo (los que deben existir en los archivos de la Facultad o, en su defecto, en el archivo central de la UV), el certificado incompleto de la maestría debidamente legalizado ante las instancias educativas correspondientes de la institución que la otorga y el acta de la sesión del CT donde consta la aprobación.

Enviado desde la Facultad a la Oficialía Mayor, el paquete es aprobado en tiempo y forma y remitido de vuelta a la Facultad para que se fije la fecha de celebración del acto protocolario en el cual se lee el acta correspondiente, se firma y se toma la protesta de ley. Previamente debieron ser nombrados por oficio tres o cinco miembros del Jurado, que deben firmar de recibido o dejar constancia vía email.

Luego se procede a enviar otro paquete a la Oficialía Mayor, ahora acompañado del acta de examen profesional para tramitar el título y la cédula profesional. Y, en tiempo y forma, se remiten éstos a la Facultad para ser entregado al nuevo “Licenciado”.

Pero del secretario general de Gobierno se desconoce, por ejemplo, en qué fue la maestría y dónde la cursó –¿acaso en otra universidad más prestigiada que la UV?–, si la terminó o hizo lo mismo que muchos otros que sólo llegan a la mitad del posgrado…¡nomás para titularse de la licenciatura!.

¿El estricto y riguroso oficial mayor de la UV, Carlos Arturo Gómez Vignola, nos podría dar detalles más precisos de la titulación de Franco Castán? ¿Por qué hasta ahora él no ha dado la cara, como en cambio sí lo tuvo que hacer Coronel Brizio