Desde antes de protestar el cargo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares puso el dedo en la llaga de la crisis humanitaria que está viviendo Veracruz. El desvío criminal de recursos públicos originalmente destinados a mitigar la pobreza y la pobreza extrema tuvo como consecuencia que más de medio millón de veracruzanos fueran condenados en el último año a pasar al umbral de la miseria.

Este lunes, el portal Animal Político denunció a nivel nacional una serie de negocios que favorecieron a una red familiar de empresas vinculada con Shariffe Osman, jefa del departamento administrativo de la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien habría aprovechado el puesto para agenciarse contratos millonarios.

Eso se suma a una larguísima lista de acciones delictivas auspiciadas desde las altas esferas del poder en Veracruz. No solo se desviaron recursos de los programas sociales, a través de empresas fantasmas, como lo  reveló una exhaustiva investigación comandada por el periodista Víctor Hugo Arteaga para el portal Animal Político, en que participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

También se robaron los recursos orientados a paliar los efectos destructivos de desastres naturales a través de la Secretaría de Protección Civil (SPC), y de aquellos apoyos para mejorar los niveles educativos de las comunidades rurales e indígenas, a través de la Secretaría de Educación (SEV).

Lo más grave fue que cientos, tal vez miles de veracruzanos, no solo sintieron mermar su estado de salud sino que muchos murieron al no contar con el auxilio de las instituciones hospitalarias, que se fueron quedando con prácticamente nada, como personal, medicamentos e instrumental médico, gracias al enorme hoyo en las finanzas de la Secretaría de Salud (SSA), por la corrupción más ominosa de que se tenga memoria.

Yunes Linares lo alertó como una razón de peso para que Veracruz recibiera apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto y con ello se pudiera superar una situación de desastre generada por la enorme corrupción de Javier Duarte y su pandilla, que la Federación no quiso detener pese a contar con información de primera mano proporcionada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), dependencia que presentó varias denuncias ante la PGR, nunca investigadas por la entonces fiscal Arely Gómez.

A principios de noviembre pasado, Yunes Linares señaló que la Secretaría de Hacienda “tiene que entender que está ante un problema no de caja, porque está frente a una crisis humanitaria y política, Hacienda tiene que entender. Además, ellos supieron lo que pasaba en Veracruz y no actuaron”. Y añadió: “El problema es grave porque esos recursos no fueron precisamente para resolver necesidades del Estado, los recursos se desviaron a la bolsa de los funcionarios”.

Es sintomático que la primera gira de Yunes Linares haya sido en la Sierra de Zongolica. Ya en la presentación de su gabinete legal y ampliado había anunciado la creación del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, cuya titular será la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, María Angélica Fuentes.

En San Andrés Tenejapa, el gobernador Miguel Ángel Yunes dijo que una parte de los mil 250 millones de pesos recuperados al prófugo Javier Duarte y sus prestanombres se destinarán al Hospital Regional de Río Blanco, a la construcción del que está comprometido en Soledad Atzompa y a la reconstrucción de otros centros hospitalarios, particularmente en zonas marginadas.

Hay una deuda histórica con los grupos sociales más vulnerables, que se acrecentó a niveles inimaginables con los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Los Osman, beneficiarios de recursos para pueblos indígenas

Justamente este lunes, el portal Animal Político puso en la atención nacional una situación que prácticamente pasó desapercibida cuando fue denunciada en medios locales: la desviación de recursos orientados a la delegación veracruzana de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para beneficiar mediante contratos millonarios a familiares de Shariffe Osman Flores, funcionaria de la dependencia.

Según el portal que puso en el ojo del huracán el escabroso tema de las empresas fantasma señala que, tras su paso como secretaria particular de la alcaldesa de Xalapa, y su candidatura por el PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Osman llegó como jefa del departamento administrativo de la CDI-Veracruz el 1 de abril de 2015.

Dos semanas más tarde de la llegada de Shariffe a la CDI, el 17 de abril, la CDI dio un contrato por 3.6 millones de pesos a la empresa Supervisión Técnica por Veracruz JVCZ para que realizara un estudio de una obra de “modernización y ampliación” de un camino en Las Choapas. La representante legal y administradora de esta empresa beneficiada es Irma Flores Sangabriel, madre de Shariffe Osman Flores.

Dos días antes, el 15 de abril, la misma empresa recibió de la dependencia otro contrato por adjudicación directa de 393 mil pesos para realizar otro estudio y un proyecto ejecutivo del sistema de agua potable del municipio de Las Choapas.

Supervisión Técnica por Veracruz también participó como empresa supervisora de HR Soluciones en Ingeniería, encargada de modernizar el camino a Atlahuilco, cuyo contrato por casi 11 millones de pesos fue entregado el 21 de abril de 2015 por la CDI.

El 26 de marzo de 2015, cuatro días antes de que Shariffe Osman entrara formalmente a la Comisión, la empresa de su madre ganó otro contrato de la CDI por adjudicación directa, por 2 millones 112 mil pesos, para realizar labores de “supervisión externa” de obras “en diversas localidades” de Veracruz.

Aunque este último contrato fue por adjudicación directa, la CDI quiso ‘sondear’ el mercado en busca de otras ofertas. Y mediante sendos oficios envió una carta a Supervisión Técnica por Veracruz y otra a la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, para que ambas hicieran propuestas económicas.

Según el acta constitutiva de la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, obtenida por Animal Político, los accionistas son: la actual jefa del departamento de administración de la CDI, Shariffe Osman Flores; su padre, Hassan Osman Domínguez, y su hermano, Hassan Osman Flores.

Finalmente, tal y como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la CDI-Veracruz, la dependencia desechó la propuesta de la empresa de Shariffe Osman, y optó por darle el contrato a la compañía de su madre, Irma Flores Sangabriel.

Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por 4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla.

Los propietarios de esta empresa, de acuerdo con el acta constitutiva registrada en la Secretaría de Economía, son Félix Alfredo Niño Flores y Claudia Liliana Cruz Villar, quien es la administradora única. Félix Niño Flores es primo hermano de Shariffe Osman y, según el portal de transparencia del gobierno veracruzano, hasta hace unos días laboraba como enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno, cargo al que llegó tras ocupar un puesto en el Comité Directivo del PRI estatal (2011-2013). La otra accionista, Liliana Cruz, es esposa de Niño Flores, e hija del actual secretario de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz Alexander.

Esta situación deberá ser investigada por la Fiscalía General del Estado y fincar responsabilidades, además de jalar la madeja para encontrar más vínculos de exfuncionarios y empresas particulares que se beneficiaron con los recursos destinados a los pueblos indígenas.

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