La generalidad de la Ley de Premios del Estado de Veracruz abrió la posibilidad de que un grupo de colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado, se hiciera de la presea “Adolfo Ruiz Cortines”, el reconocimiento más importante que otorga el Gobierno de Veracruz.
Dice el artículo 19: “Esta Medalla la concederá el Congreso del Estado anualmente, a los veracruzanos que se distingan por sus acciones en la participación ciudadana de la sociedad”. Sin embargo, no se refiere en qué ámbito, con qué propósito y las cualidades que deben observar quienes se vuelvan acreedor a ella, aunque hasta ahora siempre se había otorgado a artistas e intelectuales.
En este supuesto tan ambiguo, lo mismo podrían ser deportistas, comerciantes que funcionarios o hasta partidos políticos, siempre que se acredite que sirven a la “participación ciudadana”. Por ello, suele ser un premio a modo para que el gobernante en turno muestre su sensibilidad en un tema de su particular interés. Por ejemplo, nunca ha sido entregada a un científico.
Este año, la presea se la disputaron entre los colectivos de familias de personas desaparecidas y Las Patronas -esas mujeres que han trascendido fronteras con sus acciones humanitarias a favor de los migrantes que pasan por territorio veracruzano-. Con sólo 30 votos a favor, el pleno del Congreso local aprobó entregar la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines” a los primeros.
El sábado pasado recibieron la presea representantes de los grupos Red de Madres Veracruz, Colectivo Orizaba- Córdoba, Solecito Veracruz, Familiares en búsqueda-Coatzacoalcos, Solecito-Córdoba, Familias en Búsqueda, María Herrera AC-Xalapa, Familiares Enlaces-Xalapa, Solecito Cardel y Buscando Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz.
So pena de ser arrojado al purgatorio de los insensatos por los nuevos panegiristas que combaten la censura con censura, quiero decir que personalmente no estoy de acuerdo con los elegidos en esta ocasión y comparto lo que los mismos colectivos han dicho de él: de nada sirve recibir una medalla si no se acompaña de acciones.
Por supuesto que se trata de un tema altamente sensible y dramático para la sociedad veracruzana. En los últimos diez años han desparecido en la entidad mil 800 personas; y según cifras oficiales de la Fiscalía General del estado (FGE), 70% de los desaparecidos en la entidad son jóvenes de entre 17 y 27 años.
Y no estoy de acuerdo, no porque no lo merezcan –lo mismo para las Patronas-, sino porque en esta ocasión se trata de un reconocimiento utilizado como herramienta política o como una mera justificación de la inacción del gobierno. No tengo la menor duda que cualquiera de los galardonados devolvería de inmediato el premio a cambio de que su familiar regresara a casa.
Es cierto, la medalla no tiene el propósito de encontrar soluciones a los graves problemas de Veracruz, sino más bien reconocer a quien han aportado una obra importante a la sociedad veracruzana. En este caso –y la aportación no es menor-, se trata de entereza, indignación y coraje frente a la incapacidad del Estado por proteger a los jóvenes, independientemente de las razones que hayan provocado su ausencia. Es una causa justa, pero estrictamente personal.
Se aplaude que el gobierno estatal se “cuelgue” el compromiso porque Veracruz requiere de pacificación. Y los desparecidos es uno de los temas que han crispado nuestra convivencia. Sin embargo, como se ha dicho, la justicia no llegará confrontándose unos y otros –entre los que llegan y los que se van-, sino resolviendo y castigando las omisiones que de manera intencionada o por incapacidad, se hubieran cometido.
Ayer los propios familiares lo hicieron sentir. No quieren ser instrumento de acciones políticas sino ser sujetos de justicia, lo que implica que tengan la certeza de lo que sucedió con sus familiares y que los responsables sean puestos ante la justicia. La estrategia del gobierno actual poco les importa.
Hoy se entiende la renuncia apresurada de Luis Ángel Bravo. Si hubiera insistido en su propósito de mantenerse en la Fiscalía, este premio hubiera sido una bofetada humillante.
Es complicado que con su poca experiencia el nuevo fiscal del estado encuentre las respuestas a lo que demandan estos colectivos. Hay que recordar que ya tienen una interlocución directa con el gobierno federal a través del Subsecretario Roberto Campa Cifrián. No será una tarea fácil y seguramente será la tarea más compleja que tenga que atender la Fiscalía en los próximos años.
El sábado, sin saberlo, podrían haber estado premiando su Waterloo en materia de justicia, sólo por el interés de obtener una efímera raja política y mediática.
Las del estribo…
- Pues parece que al “gabinetazo” los conocen muy poco en la Dirección General de Profesiones de la SEP, a menos que quienes consultan no sepan “ler”.
- Se confirma leyenda urbana: en Veracruz, hay más notarios que taxistas. El cierre de las nuevas notarías será una tragedia para los adscritos, porque los titulares, en realidad, nunca ejercieron.