Al fin se empezó a dar luz sobre el camino que habrá de tomar la próxima administración para solucionar la severa crisis financiera que vive Veracruz.
La secretaria de Finanzas Clementina Guerrero, punta de lanza de la administración yunista, habló claro con los legisladores locales y plasmó lo que se vislumbra con una línea de comportamiento del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
«Tula» Guerrero dijo que será «prioritario» reducir el déficit mensual que tiene paralizado al Estado (déficit del que ya se ha hablado en este espacio y que es de cerca de 800 millones de pesos por mes), por lo que se deberán aplicar medidas de contención del gasto público en bienes y servicios innecesarios para aplicarlos a los programas sociales y a la inversión productiva.
Dijo que también se requerirá de una gestión responsable, clara, transparente, moderna, cuidadosa en el manejo de los recursos, cercana a las necesidades sociales que permita regresar la confianza en las instituciones, que le reintegre la dignidad y el respeto al servicio público.
Pero no sólo eso. La funcionaria habló de la necesidad de reestructurar la deuda de Veracruz, buscando ampliar los plazos, mejorar (o sea, reducir) las tasas de interés y reducir el monto de pagos en el corto plazo.
Miguel Ángel Yunes Linares, por su parte, dio algunas pistas de lo que podría hacer su gobierno para sacar a la entidad de esta crisis.
Explicó que, a largo plazo, la vía será la reestructuración de todos los adeudos que tiene Veracruz, aunque tuvo que admitir que «no está todavía definido el camino», y que «eso puede llevar algún tiempo».
La gran aportación de la actual titular de Sefiplan -con todas sus consecuencias- fue la eliminación tajante y definitiva de la cuenta concentradora, la llamada «licuadora». A partir de su llegada, recurso que era transferido de la Federación al Estado se ocupaba exclusivamente para su destino original. Eso provocó que a mediados del presente mes se retrasara el pago de salario al personal del Gobierno del Estado, pero para finales del presente mes se tomaron las previsiones necesarias, se gestionó ante Hacienda la aplicación de recursos extraordinarios (Yunes Linares se atribuye dicha gestión y nadie ha salido a desmentirlo) y ya se ha anticipado que los compromisos de fin de año serán cubiertos en tiempo y forma.
Se resolverán así los compromisos inmediatos, pero falta el grueso de la deuda de corto plazo. Esa seguirá un camino tortuoso. Ya ha anticipado el propio gobernador electo que con los contratistas y proveedores se habrá de realizar una exhaustiva revisión, para confirmar que los trabajos se hayan hecho o los productos se hayan entregado.
Una vez confirmada la validez del adeudo, se generará un calendario de pagos, que estará sujeto a la disponibilidad de recursos, en virtud de que la prioridad será el cumplimiento puntual del pago de nóminas y pensiones.
También se tienen que considerar los pasivos institucionales. Esto es, lo que el gobierno de Veracruz le debe a la Universidad Veracruzana, lo que le debe a los ayuntamientos, lo que tiene pendiente por saldar con el IMSS, con el ISSSTE, con el SAT y hasta con el IPE.
Ya la noche del martes la PGR dio a conocer que había recuperado poco más de 420 millones de pesos de empresas «fantasma» y anunció que dichos fondos serían reintegrados a la Tesorería de Veracruz. Buen punto para el gobierno federal.
Hoy Miguel Ángel Yunes Linares cuenta con la herramienta más poderosa para salir adelante de tan complicado brete: La confianza de más de ocho millones de veracruzanos.
Lo peor que puede hacer es abusar de ella.
Si se va, ya no vuelve.