No parece que en los dos primeros meses de la administración que mañana empieza vaya a haber dinero para atender los compromisos básicos relacionados con el pago de la nómina, mucho menos para atender los compromisos irresueltos que han permitido uno de los más altos pasivos circulantes de que se tenga memoria.

El problema se agrava porque no solo se atraviesan cuatro quincenas (que en los últimos dos meses han sido difíciles de saldar, lo que ha generado la movilización social más variopinta) sino también aguinaldos, y es que Javier Duarte de Ochoa no solo dejó secas las arcas sino un gobierno obeso, compuesto no solo por el personal estrictamente necesario sino además por miles de empleados inservibles y aviadores que ya se han sumado por supuesto a las manifestaciones.

Lo dicho este martes por la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, durante su inusual comparecencia, luego de solo 15 días en el cargo y con la ratificación del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares de formar parte de su gabinete, no solo ha encrespado los pelos de los diputados locales ante quienes habló sin tapujos, sino de todos los veracruzanos que hemos conocido lo que señaló en el Palacio Legislativo.

Lo que le espera al gobierno de Miguel Ángel Yunes, cuyo gabinete legal fue dado a conocer también este martes por el periódico Notiver, no será una pera en dulce en los siguientes dos meses. La propia Tula Guerrero ha dicho que si Veracruz fuera una empresa ya se habría declarado en quiebra.

¿Será que el nuevo gobierno veracruzano deba llevar a pignorar muchos de sus bienes, como aviones, helicópteros, vehículos blindados, terrenos, edificios, obras de arte, para conseguir el dinero requerido para salvar este bimestre del demonio?

Por fortuna, ya no está Antonio Pelegrín en Finanzas, sino que la mano dura de Tula está poniendo las cosas en su lugar, con una eficiencia tal que ha sido capaz de descubrir el embrollo de las finanzas en apenas dos semanas. Lo que sigue, deberá contar con el respaldo de Miguel Ángel Yunes para que esta mujer pueda poner el orden que se requiere para pensar siquiera en recomponer la averiada nave.

¿Qué pasó en el gobierno del prófugo de la justicia?

Según Clementina Guerrero, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa la secretaria de Finanzas y Planeación simuló superávits para contratación de deuda que no fue destinada a obra pública sino a gasto corriente, y se realizaron compras sin el techo presupuestal, cuadriplicando la deuda  bancaria y aumentando en 110 por ciento el  pasivo circulante, lo que significa el mayor endeudamiento en la historia del estado.

De acuerdo al análisis de la información financiera, de marzo de 2011 a septiembre de 2016, es decir durante todo el trago amargo del gobierno delictivo de Duarte, hubo un déficit financiero; los gastos de operación que debieron pagarse con recursos de presupuesto, se pagaron con otros recursos, particularmente provenientes de créditos bancarios, y para conseguirlos, se simuló un superávit y se manejó información contable favorable para lograr la contratación de más deuda.

El problema es que la simulación no resolvió el grave problema de la falta de liquidez, sino por el contrario. Dijo, a manera de ejemplo, que entre septiembre de 2015 y 2016, hubo una disminución de activos al pasar los circulantes de 35 mil 192 millones a 14 mil 108 millones de pesos (es decir, una reducción del 58 por ciento), mientras que los activos no circulantes pasaron de 41 mil 700 millones a 87 mil 480 millones de pesos, lo que representa un incremento de 110 por ciento: “la principal consecuencia de esto es la falta de liquidez de recursos para operar”.

Para colmo, no solo se contrató el mayor endeudamiento de la historia de Veracruz, sino que los recursos provenientes de dichos contratos se orientaron exclusivamente a gasto corriente. “No se generó valor de capital alguno que pudiera derivar en crecimiento del estado con un mínimo de beneficio, tampoco generó fuente alguna de financiamiento para sufragar, lo que quiere decir que en los próximos 15 años el gobierno de Veracruz tendrá que descontar importantes montos, recursos que debería destinar al crecimiento económico”.

La verdad duele. Tula Guerrero explicó que si se toma en cuenta la nueva deuda publica contratada entre 2011 y 2015, que ascendió a 19 mil 387 millones, y se le suman los costos pagados por amortizaciones de capital, pagos de intereses más gastos de administración, se acumularon 33 mil  428 millones de pesos, dando un total de 52 mil 775 millones. Con esta cantidad, dijo, se hubieran construido 62 hospitales, asegurar los gastos de la UV por 10 años o construir mil 433 kilómetros de carreteras.

Hasta noviembre, los pasivos totales del estado suman 87 mil 927 millones de pesos, lo que significa que cada veracruzano –gracias al gobierno priista de Javier Duarte– debería pagar 10 mil 839 pesos.

Ahora resta realizar acciones drásticas para recuperar la capacidad de gasto del gobierno entrante. No solo se trata de racionalizar la propia estructura de gobierno que, por el momento, seguirá intacta a la espera de iniciativas de reforma que permitan poner orden a una estructura gubernamental que se duplica y se entorpece; habrá que meter la mano en la cloaca de tanto personal contratado por capricho o intereses políticos e, incluso, amatorios, que elevaron el gasto corriente de manera tan grosera.

El 2 de noviembre pasado, en entrevista con Radio Fórmula, el extitular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín reconoció que tan solo de 2010 a 2014 el gasto corriente creció en más del 40 por ciento, al pasar de 16 mil millones a 23 mil millones de pesos.

La principal causa de esta curva de crecimiento ha sido el irracional crecimiento de la nómina estatal; no solo fueron incorporados asesores, operadores políticos, parientes y amantes, sino que estos entraron con niveles salariales altísimos, lo que debe ser la oportunidad para el ahorro de una importante erogación. ¿Cómo hacerlo? Despidiendo de inmediato a quienes estuvieren en esa condición, bajo amenaza de ser llevados a juicio por defraudar a la administración pública estatal.

Y tanto el gobernador Miguel Ángel Yunes como la secretaria Clementina Guerrero tienen la decisión y la mano dura como para lograr estos necesarios ajustes.

¿Quiénes integran el próximo gabinete?

Aunque la mayoría de quienes están atentos al cambio de gobierno se enteraron desde este lunes de la composición del próximo gabinete, sé que varios de los lectores de esta columna no andan con la celeridad con que los periodistas, así que me referiré a quienes serán los secretarios del despacho a partir de mañana jueves.

En la Secretaría de Gobierno despachará Rogelio Franco Castán, quien este mismo lunes debió presentar su renuncia como dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En la Secretaría de Finanzas y Planeación será ratificada Clementina Guerrero García, quien llegó a esa dependencia el pasado 14 de noviembre, en sustitución de Antonio Gómez Pelegrín, luego de fungir como Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana.

A la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) llegará Enrique Pérez Rodríguez, quien deberá pedir licencia como diputado federal, al que llegó por ser suplente de Yunes Linares justamente. Si hay un hombre de todas las confianzas del próximo gobernador, ese es Pérez Rodríguez; cuando el próximo gobernador fue director del ISSSTE, el próximo titular de la SEV fungió como delegado de la dependencia en Veracruz, y fue responsable de penales federales, cuando Yunes fue subsecretario de Seguridad Pública con Vicente Fox. A él le corresponderá sanear las finanzas de la dependencia, de donde se fugaron miles de millones de pesos, y llevar orden en las relaciones con decenas de sindicatos.

Para la Secretaría de Salud (SSA) va el doctor Arturo Irán Suárez Villa, un caballeroso profesional que ha combinado su profesión con la administración pública. Fue hace tiempo diputado local por el distrito de Perote, y antes de aterrizar en una dependencia que también es famosa por las exacciones presupuestales ilícitas realizadas por la banda criminal de Javier Duarte, Suárez Villa director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTP), que es la versión camotera del IPE.

En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será nombrado Jaime Téllez Marié, quien hasta este lunes fungía como director de Tránsito Municipal en Boca del Río.

En la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) será nombrada una mujer extraordinaria, con enorme compromiso social, quien ya fuera legisladora del PRD, Mariana Aguilar López.

A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) irá Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, mientras que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) despachará la primera mujer nombrada por Yunes Linares para operar como jefa de la Oficina del Gobernador Electo, Indira de Jesús Rosales San Román.

Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) será nombrada Silvia Edith Mota Herrera, mientras que a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) va el exdiputado local panista Alejandro Zairick Morante. Otro exdiputado local panista de la pasada Legislatura que hallará chamba es Julen Rementería del Puerto, quien será secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Leopoldo Domínguez Armengual será el Secretario de Turismo y Cultura (Secturc), mientras que Yolanda Baizabal Silva sustituirá a otra Yolanda, la Gutiérrez Carlín, en la Secretaría de Protección Civil (SPC).

Por último, Elías Assad Danini será el titular de la Coordinación General de Comunicación Social; Manuel Muñoz Ganem estará en la Oficina del Gobernador y Guillermo Moreno Chazarini será el próximo Contralor General.

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