De todos los actos de corrupción atribuidos al gobernador Javier Duarte y a su red de cómplices que saquearon las finanzas públicas de Veracruz, los más deleznables y hasta criminales fueron los que perpetraron en el Sector Salud.
En su edición de este lunes, el diario El Universal destacó una nota en la que denuncia que el gobierno duartista pagó más de 9 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos.
A finales de julio de este año, el portal informativo Alcalorpolitico.com también dio cuenta de la incineración de medicamentos caducos que personal de esa Secretaría había realizado de manera clandestina en un predio del vecino municipio de Banderilla.
Pero estos abusos de poder de la camarilla duartista en realidad ya no impactan a nadie. Lo que sí debería sorprender es que no se haya procedido antes en contra de ningún funcionario de la Secretaría de Salud, pues hasta ahora la Fiscalía General del Estado ha determinado ejercer acción penal por peculado sólo en contra del ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos, mientras que el ex secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, es perseguido actualmente por la Procuraduría General de la República pero por delitos electorales.
Y es que ya desde finales de septiembre de 2014, cuando ante el acoso y chantaje de la dirigencia del sindicato mayoritario del Sector Salud Juan Antonio Nemi Dib fue obligado a dimitir, el entonces secretario estatal, quien además coordinaba los servicios federales, destapó la cloaca en esta importante área gubernamental.
Sin embargo no hubo ninguna repercusión legal, pese a que también la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había reportado desde años antes desvíos de fondos federales en este sector por más de 300 millones de pesos en la cuenta pública de 2011, según denunció en tribuna en marzo de 2013 el senador veracruzano Fernando Yunes Márquez, del PAN.
En un intercambio epistolar que el año pasado sostuvo con una periodista para desmentir una serie de infamias que le imputó en su columna política, Nemi reveló otras irregularidades administrativas graves y de las que aparentemente la Contraloría General del Estado no había tomado nota aún, ni el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) habría detectado en la revisión de las cuentas públicas aludidas.
Por ejemplo, el ex secretario de Salud refirió: “Nosotros licitamos en 18 meses más ambulancias equipadas que en los 3 años anteriores, para hospitales y ayuntamientos; casi al 50% de lo que pagaron por ellas antes que nosotros. Está probado. Nosotros no hicimos pagos en cuentas de particulares por este concepto. Basta comparar los precios.”
Nemi también señaló que quienes le sucedieron en el cargo a partir del 2 de octubre de 2014 “perdieron la certificación del INEO, lo regresaron a CECAN y se les murieron por lo menos dos pacientes programados para procedimiento antes de que anunciaran la cancelación del programa porque se negaron a ejercer el presupuesto que dejé autorizado y disponible para ambos pacientes. Está documentado.”
Luego confirmó una situación indignante: “Lo de los medicamentos caducos y los oncológicos falsos también es cierto. A tu fuente le faltó platicarte de las pruebas falsas para VIH-Sida. Otros tendrán que responder ante la ley por eso. Y está documentadísimo. Tampoco te dijo de los millones de pesos en facturas falsas cobradas en la Jurisdicción de Xalapa, del fraude millonario con los programas de cómputo, etcétera.”
Referente a las empresas MAXBEC, LABSSA y HEBEREM explicó que “sus contratos estaban vigentes desde mucho antes –por lo menos cinco años– de que yo me hiciera cargo de ambas dependencias. Es fácil probar que bajamos sus precios un mínimo de 20 y a veces hasta 30% respecto de lo que cobraban antes de mi gestión y que con los mismos precios reducidos se incrementó la cobertura de sus servicios.”
Y sobre las empresas MIC, ICTZE y LHAG, Nemi Dib aclaró que “yo no celebré los contratos que me encontré vigentes y lo que es un hecho es que no sólo a ellos, a todos los proveedores (incluyendo a los de alimentos, lavandería, mantenimiento, etc.) les redujimos dramáticamente el importe de su facturación.” También afirmó tener las pruebas.
Luego se refirió “a los cientos de denuncias penales y administrativas que dejamos presentadas por actos de corrupción, que ‘no se han encontrado’ y los desistimientos extraños que se han hecho de las mismas.”
Nemi, quien sólo duró en ese cargo poco más de un año, había sustituido en marzo de 2013 al doctor Pablo Anaya, quien fue cesado cuatro días después de que la ASF diera a conocer los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2011, en cuyo reporte preliminar del máximo órgano fiscalizador la Secretaría de Salud y Servicios Sanitarios de Veracruz no pudo esclarecer la aplicación de más de 72 millones de pesos originalmente destinados sólo a servicios de atención del Seguro Popular.
Al asumir la titularidad de los SESVER, Anaya tuvo que capotear un acto de corrupción criminal generado en la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán: la compra y aplicación de medicamentos apócrifos para combatir el cáncer en el Centro Estatal de Cancerología. En marzo de 2011 –luego de que el doctor Jorge Tanaka, Director Médico de Laboratorios Roche, había informado mediante un oficio al CECAN que medicamentos adquiridos por ese centro hospitalario no eran de patente–, el funcionario estatal dijo desconocer dicha situación. “Nosotros no compramos más que control de calidad, compramos directamente a los laboratorios”, respondió Anaya, quien inclusive afirmó que a su llegada a la Secretaría de Salud no se detectó ninguna anomalía de este tipo.
Entrevistado sobre este mismo tema, el entonces contralor Iván López Fernández también corroboró que “los medicamentos contaban con los sellos correspondientes”, aunque luego, en agosto de 2011, informó que se había iniciado “un proceso administrativo contra funcionarios de la Secretaría de Salud por la supuesta compra de medicamentos clonados contra el cáncer en el CECAN”, pero que había que “esperar a que se hagan las aclaraciones y deslindes correspondientes”, ya que los presuntos implicados “tendrán la oportunidad de que manifiesten su defensa”. Sin embargo, jamás aplicaron la ley. Empero, este viernes, López Fernández se apareció en el Congreso local durante la comparecencia del contralor Ricardo García Guzmán, a quien acusó ante los medios de comunicación de quererlo extorsionar, además de puntualizar que durante el periodo que se desempeñó como titular de la Contraloría General del Estado él conoció “esta parte del escandalito” de las famosas empresas fachada, y que “no son 27 ni 123 sino cerca de 600 empresas fantasmas, yo tengo los documentos, todos estaban avisados por este problema y todo el mundo lo sabía.”