Entre tantos problemas, deudas, escándalos de corrupción, denuncias y manifestaciones que se relacionan con la administración estatal, prácticamente pasó inadvertida la noticia sobre una reducción en la calificación crediticia del gobierno veracruzano.

La enorme deuda pública, los pasivos, la desproporción entre ingresos y egresos y la opacidad con que se han manejado las finanzas estatales provocaron que la calificadora Fitch Ratings redujera, una vez más, la calificación de Veracruz, con el argumento del deterioro en la liquidez y de las prácticas administrativas débiles.

Incluso, el tema de los atrasos en la entrega de las participaciones federales a los municipios y las comprensibles protestas de los alcaldes fueron factores en dicho anuncio de Fitch Ratings, que ubicó la calificación crediticia de Veracruz en observación negativa.

La medida, de acuerdo con la calificadora, “refleja el nuevo deterioro en su posición de liquidez, derivada de un incremento súbito en su pasivo circulante, así como prácticas administrativas débiles que se reflejan en atrasos en la entrega de los fondos del Ramo 28 y Ramo 33 a sus municipios, en combinación con inconsistencias en los registros contables”.

De igual manera, Fitch Ratings ubicó en una mala posición a la entidad en cuanto a los financiamientos bancarios y las emisiones bursátiles que integran la deuda veracruzana.

El tema de la reducción en la calificación del gobierno veracruzano está muy lejos de ser novedad; al contrario, ha sido una constante en los últimos años y particularmente a partir de que comenzaran las denuncias por los desvíos de recursos y por las irregularidades en la administración.

En julio, por ejemplo, la agencia de calificación de riesgo Moody’s también bajó la calificación crediticia del gobierno de Veracruz.

Esa mala nota otorgada por Moody’s se registró poco tiempo después de la acción de inconstitucionalidad promovida, el 11 de julio, por la Procuraduría General de la República contra el gobierno estatal por el blindaje que pretendía realizar el exgobernador Javier Duarte.

De igual manera, Moody’s apuntó, en el documento emitido al respecto, que “La revisión para posible baja adicional de las calificaciones de emisor del estado refleja la falta de visibilidad alrededor de la posición financiera actual de Veracruz y su nivel de deuda bancaria de corto plazo quirografaria [de pagarés]”. Dicha calificadora también redujo la nota de deuda de 12 créditos del gobierno de la Entidad con Banobras, Banamex, Inbursa, BanBajío, Multiva, Santander, Interacciones y Banorte, mismos que estaban respaldados por las participaciones.

Poco después, casi al finalizar agosto del presente año, Fitch Ratings volvió a lanzar una voz de alerta sobre el tema de las finanzas estatales, al considerar que “la inconsistencia y falta de credibilidad en la información financiera, aún cuando es auditada por un despacho externo, añaden incertidumbre al desempeño financiero, debilitado significativamente al cierre de 2015”.

En 3 meses se triplicó la deuda a corto plazo

Pues bien, como consecuencia de la última revisión de Fitch Ratings sobre las finanzas veracruzanas, la calificadora emitió un comunicado en el que explica los motivos para la nueva reducción en la calificación crediticia de Veracruz.

Los datos no podrían ser más desalentadores: el comunicado emitido por dicha corporación financiera establece que “la observación negativa en la calidad crediticia evidencia la probabilidad alta de recurrir al uso de créditos bancarios de corto plazo derivada de las métricas de liquidez muy débiles en combinación con un pasivo circulante muy elevado.

El pasivo circulante (PC) es la deuda que implica obligaciones a corto plazo y en ese rubro, la calificadora apuntó que “al 30 de septiembre de 2016, el Estado registró un PC de MXN46,398 millones. Esto refleja un crecimiento de 2.64x respecto a junio de 2016 y de 3.60x respecto al cierre 2015”.

Agrega: “lo anterior, comparado con el nivel registrado durante el mismo período de 2015 (MXN3,469 millones) tuvo un incremento súbito que, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, se explica por la validación y depuración de las cuentas de orden. Por su parte, en el estado de posición financiera se registra bajo el activo no circulante como “otras cuentas bancarias por aclarar con cargo de la Tesorería” por un monto de MXN31,942 millones. En opinión de Fitch, la inconsistencia y falta de credibilidad en la información financiera continúan presionando el riesgo crediticio del estado de Veracruz”.

Lo peor, en cuanto a la calificación crediticia para la Entidad, está por venir, porque el pasivo circulante del gobierno de Veracruz se disparó de forma alarmante en el último año.

Un dato: en junio del presente año, el PC de Veracruz era de 17 mil 542 millones de pesos; tres meses después, la cifra casi se triplicó, al ubicarse en 46 mil 398 millones.

A todo ello se debe la queja del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, quien ha declarado que recibirá una administración en quiebra y que es necesario un rescate financiero de la Entidad, por parte de la Federación. @luisromero85