El Plan Veracruzano de Desarrollo ha sido un instrumento de política pública ineficaz. No es vinculante, por tanto su cumplimiento no es obligatorio; tampoco hay sanción si no se cumple con lo que ahí se establece. Hasta hoy, sólo ha servido al lucimiento político e intelectual del gobernante. Es el traje invisible del monarca.

El 30 de marzo de 2011, cuatro meses después de iniciada su administración, Javier Duarte remitió al Congreso su Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. El Plan –decía en su introducción-, “marca la pauta para conducir un gobierno que actúa con orden y proporciona calidad en la gestión pública. Establece líneas y acciones que son necesarias para pasar del compromiso a las realizaciones”. Sobra insistir en el cinismo oficial y lo que pasó en estos años.

El día de ayer, el gobernador electo recibió la propuesta de su Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. Dadas las circunstancias, necesidades y urgencias que tiene Veracruz, esperábamos que el experimentado equipo de trabajo de la Universidad Veracruzana ofreciera algo mejor, a reserva de que ellos mismos den mayores detalles de su contenido.

En principio, debe quedar en claro si las obras y acciones que se proponen tienen correspondencia con las capacidades financieras y presupuestales del Estado, de lo contrario, se convertirá en una carta de amor para una sociedad, engañada y violentada, que ya no cree en falsas promesas.

Reflejar los sentimientos de enojo y desánimo de la sociedad veracruzana no tiene en sí mismo ningún mérito. Todos los conocemos. Para dar contexto y evitar la crítica pasional del pro yunismo, me refiero a lo que escribí sobre la administración pública estatal en este mismo espacio el pasado 20 de septiembre:

En parte, esto fue posible –el desastre financiero y la ausencia de gobierno- “porque la administración pública en Veracruz está en la edad de las cavernas. Las dependencias siguen elaborando un Programa Operativo Anual (POA) de forma mecánica, repitiendo cada año las mismas actividades, aplicando en todo caso el valor de la inflación para elaborar el presupuesto anual.”

“Si bien el POA ha servido para establecer qué se debe hacer, cuándo y cuánto costará llevarlo a cabo, lo cierto es que se trata de un calendario arcaico de gasto y acciones, un modelo superado en casi todos los países. En muchas instituciones del gobierno jarocho y trovador, el POA carece de mecanismos de evaluación, y peor aún, ni siquiera está prevista sanción alguna ante su incumplimiento”.

De los resultados, mejor ni hablamos. ¿Alguien se acuerda hoy del PVD de Javier Duarte? ¿Tuvo algún impacto el falso discurso de su alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo? Se trata pues, de un documento burocrático e inútil.

Y cito: “Otro problema estructural que presenta la administración cavernícola veracruzana, es que el POA de cada organismo ni siquiera está vinculado presupuestalmente al Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD). Por tanto, como ha sucedido estos años, las oficinas de gobierno pueden hacer lo que les venga en gana sin que esto necesariamente tenga que ver con lo que se planteó en el PVD”.

Por lo que se observó en la presentación de ayer, este problema estructural se mantiene. La fortaleza del plan es un diagnóstico elaborado con crudeza y objetividad, sin embargo, al doctor se le olvidó la receta para aliviar los males.

También dije entonces: “Desde hace más de una década se introdujeron cambios sustantivos en el gobierno federal; se establecieron obligaciones para evaluar los resultados de los programas sociales y los logros obtenidos por las entidades federativas y los municipios con recursos federales. El modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) se ha convertido en la esencia de la Administración Pública Federal”.

“El PBR está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que programa o acción que no se inscriba en alguna de sus tres estrategias transversales para alcanzar las cinco metas nacionales, está destinado a desaparecer. Para lograr esto, se introdujo además, una metodología única para la elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a partir de una Metodología del Marco Lógico (MML). Acá, todo se redujo el ruido ensordecedor de la “licuadora”.

Ayer se perdió una gran oportunidad de mostrar que se trata de una administración pública diferente. Por ejemplo, se pudo haber propuesto la elaboración de un presupuesto de base cero. Así, el nuevo gobierno iniciaría una administración pública con criterios propios, con programas nuevos y eficaces que respondan a la crisis actual, y de paso, borrar todas aquéllas partidas y acciones que sólo sirvieron como mecanismo de desvío de recursos y enriquecimiento de funcionarios.

Que se destinen recursos sólo a lo que funciona y ofrece resultados tangibles. Que no se vuelva a una administración opaca en la que sólo se cuida el ejercicio programático del gasto aunque se trate de dilapidarlo y los objetivos no se alcancen. No se trata sólo de gastar conforme a la norma, sino de resolver los problemas sociales para los que fueron destinados recursos públicos.

Que sus críticos digan que el próximo gobierno será más de  lo mismo, no nos extraña. Que los nuevos funcionarios lo confirmen con una planeación limitada y deficiente, es lo que nos preocupa.

La del estribo…

En un acto de nostalgia suprema, ayer los coleccionistas de la revista Proceso la agotaron de todos los estanquillos del estado. No es un acto de censura, sino de congruencia: el que avisa no traiciona.

De lo publicado, el gobernador electo debe aclararlo a plena satisfacción de los ciudadanos. De lo contrario, aunque la ley no lo alcance, la desconfianza social irá en aumento, alimentando la idea de que salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Conste.