Por fin apareció la justicia. El gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa tiene una orden de aprehensión girada por un juez, a petición de la Procuraduría General de la República, por los delitos de delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita.

En Veracruz se recibe la noticia con gusto pero sobre todo con la esperanza de que vuelva la calma a la entidad, que bajen los índices delictivos y que el Gobierno Federal venga en ayuda del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, para que tenga los recursos suficientes para enfrentar los compromisos económicos que vienen en el mes y medio que tiene como responsable del gobierno veracruzano, concretamente los que tienen que ver con el pago de salarios y aguinaldos a la burocracia y el pago de sus pensiones a los jubilados del IPE.

De la seguridad de los veracruzanos, por disposición presidencial, ya está como responsable la Marina, y ahí siempre hay buenos resultados.

Por lo demás, el primer paso que dio el Gobierno Federal a través de la PGR para procesar al señor Javier Duarte de Ochoa y a toda la pandilla que lo ayudó a saquear las arcas del estado, para provocar la miseria en que se respira por todos los rincones del territorio veracruzano, es altamente positivo.

Los habitantes de este noble estado quieren que los miles de millones de pesos que robaron Javier Duarte y su pandilla sean devueltos a las arcas públicas para que se destinen a obras, a atender al sector salud, la educación y la infraestructura carretera tan deteriorada por falta de atención en estos doce años de fidelato.

No es cuestión de venganzas ni de querer que Javier Duarte y compañía sean recluidos en un penal de alta seguridad para que paguen, con años de cárcel, el daño tan grave que le provocaron al estado con sus actos delictivos. No. Lo importante es que recuperemos los miles de millones de pesos que desviaron para su beneficio personal y punto.

No sería justo que Javier Duarte y sus cómplices fueran a parar a un Cereso y, al cabo de unos años, salgan a dilapidar la inmensa fortuna que amasaron indebidamente al amparo del poder, como ha ocurrido en otros casos.

Con que les decomisen propiedades, cuentas bancarias, edificios, hoteles y otros bienes que adquirieron con dinero de procedencia ilícita y lo reintegren a las arcas estatales nos daremos por bien servidos.