Los tiempos políticos se acortan. A un mes de entrar en funciones el nuevo Congreso, los partidos políticos ya trabajan sus agendas legislativas. Y al menos el PRD y el PAN abrieron la mano de la polaca camaral con par de ases: las cabezas del Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo; y del titular del ORFIS, Antonio Portilla. Esta pretensión tiene el propósito de ir barbechando el camino al nuevo Gobernador del Estado.

Ayer, en conferencia de prensa, se dieron anuncios importantes. La primera, que será Jazmín Copete Zapot la pastora de los legisladores perredistas; y en su primera intervención con tal investidura, aseguró que Antonio Portilla sería denunciado por irregularidades en las Cuentas Públicas.

Aunque se trata de un proceso que no se resolverá sólo en el ámbito legislativo, Copete Zapot conoce bien los entretelones del Congreso. Ha sido diputada aquí y allá, en el Congreso federal, además de presidenta municipal. Y dijo algo que habrá de comprobar en aras de la salud política, económica y de justicia del estado: que la deuda estatal no es de 63 mil millones de pesos –como ayer lo dio a conocer el propio Antonio Portilla-, sino de 160 mil millones, según registros de su partido.

Esta cifra es similar a la que había manejado durante la campaña política el hoy gobernador electo, lo que habla que hay una coordinación política y mediática… al menos de inicio. Ya Sergio Hernández Hernández, futuro coordinador del grupo parlamentario del PAN había dicho también que junto con el PRD están construyendo una agenda para el “rescate de Veracruz”.

El Congreso cambiará de protagonistas pero no de métodos de trabajo. Tan criticado el mayoriteo priista de las últimas Legislaturas, la alianza azul y amarilla está lista para el agandalle de los órganos de gobierno y las principales comisiones legislativas. Además, claro está, de pasar todo lo que venga del ejecutivo, algo que criticaron agriamente.

Pero volviendo a los funcionarios, sus cabezas podrían estar pendiendo de un hilo y sus días contados, considerando algunas circunstancias políticas –las jurídicas son salvables-, que están siendo procesadas por ambos partidos, y por supuesto, por el gobernador electo.

En el caso de Luis Ángel Bravo, se trata de un abogado que conoce bien el derecho. Tiene muy buenas relaciones en el Poder Judicial; sin embargo, representa el mayor obstáculo para que Miguel Ángel Yunes cumpla su oferta de campaña de enviar a la cárcel a más de uno de los integrantes de la multicitada pandilla.

No será fácil removerlo desde la ley, pero para eso estarán los recursos políticos y soterrados. Si bien, el Fiscal podría hacer una eficaz defensa jurídica para mantenerse en el cargo, es difícil pensar que soporte la presión de un Congreso opositor –el cual aprueba, entre otras cosas, su presupuesto-, o lo que es peor, el fuego incesante del Ejecutivo.

Basta pensar, por ejemplo, en la forma en que los familiares de personas desaparecidas podrían convertirse en viajeros frecuentes para manifestar en diversos foros nacionales e internacionales, las posibles fallas en las investigaciones y la exhibición permanente de la figura del Fiscal. Así ha funcionado al menos, con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, cuyo único empleo y medio de subsistencia es la exhibición permanente el gobierno federal, aun cuando se ha acreditado la responsabilidad de la delincuencia organizada y de los gobiernos municipales del PRD.

La situación de Francisco Portilla no es más halagüeña. A pesar de ser un funcionario con una foja de servicios limpia y reconocida, su presencia al frente del ORFIS representa también un obstáculo. Identificado con la corriente política del ex Contralor Iván López, Portilla podría desistir de mantenerse en el cargo, atento a la suerte que ha corrido su ex jefe, quien sigue bajo investigación de la PGR.

Portilla es un técnico, no un político. Difícilmente enfrentará a un Congreso decidido a destituirlo y procesarlo. De darse este cambio, quien podría llegar al edificio del arco sur sería un viejo conocido: René Mariani Ochoa, quien sabe a la perfección lo que debe hacer y estaría en la misma frecuencia de lo que requiere el gobernador electo. De hecho, hay quien afirma que ya se encuentra integrando los expedientes que habrán de procesarse de inmediato.

En esta lógica, hasta podrían desaparecer la Contraloría General del Estado. Así, el gobernador entrante podría presumir de un plan de austeridad que implica la desaparición de varias dependencias de gobierno por su duplicidad, además de que “el único órgano vigilante” sería el autónomo ORFIS. No hay que esperar mucho para saberlo.

La del estribo…

Ufff. Y siguen saliendo condóminos en Woodsland. Quien esté libre de pecado, ¡que arroje la primera escritura!