Entrevistada la noche de este martes 27 en el programa de televisión por internet “Polaca a la veracruzana”, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, hizo graves señalamientos en contra del actual magistrado presidente Alberto Sosa Hernández, a quien directamente responsabilizó de cualquier atentado físico que pudiera sufrir ella o cualquier miembro de su familia.

“Yo hago responsable al señor Alberto Sosa de cualquier daño a la salud de mi persona o de mis familiares, desde este momento y ante las cámaras”, afirmó.

Y es que la magistrada señaló que desde que manifestó públicamente su interés de buscar presidir el TSJE, no sólo ella y sus familiares más cercanos han sido víctimas de una campaña difamatoria sino que también ha recibido otro tipo de intimidaciones para que desista de su objetivo. “Si algo me sucede, él (Alberto Sosa)  y su séquito de seguridad tienen algo que ver, yo sé que todos los desprestigios que me están ocasionando, provienen de él, dicho por las personas que incluso están cercanas a él”, sostuvo.

Reprochó a Sosa que “no entiende” que “se trata de mejorar la institución”, pero “se quiere subir a un ring y no es mi pretensión”, pues consideró que “se me hace muy sucio y sobre todo proviniendo de un varón, el imputar hechos falsos; ha sido un desprestigio asqueroso”.

Castañeda Palmeros, quien apuntó que debido a que Sosa ya no se puede reelegir para un tercer periodo consecutivo como presidente del TSJE, está maniobrando para que lo suceda una persona a modo, que no lo investigue, pues adujo que si ella lo sustituye teme que lo audite sobre el uso que se le dio a los recursos durante su administración.

¿Pues de qué tamaño serán entonces los intereses políticos y económicos que se pretenden encubrir en el Poder Judicial del Estado?

En este espacio periodístico, por ejemplo, publicamos el 24 de abril de 2012, el caso de la licitación simplificada número LSOP-PJE-001-10, relativa a la construcción de la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz, cuya primera etapa le había sido asignada el 25 de agosto de 2010 a la empresa Ingeniería Eléctrica y Proyectos de Veracruz, S.A. de C.V., del arquitecto Carlos Esponda.

El proceso de la adjudicación de esta obra, cuyo presupuesto base fue fijado inicialmente en 112.5 millones de pesos, se llevó a cabo a través de la modalidad “Simplificada” en segunda convocatoria, ya que dos meses antes, el 15 de junio de 2010, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado había emitido originalmente la convocatoria para la Licitación Pública Nacional número 59944001-001-10, pero dicho procedimiento fue declarado oficialmente “desierto” debido a que ninguna de las propuestas presentadas cumplió con lo establecido en las bases de licitación.

De acuerdo al contrato signado a finales de agosto de 2010, la empresa constructora disponía de 457 días naturales para entregar la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz. La fecha para la terminación de los trabajos se había fijado para el 24 de noviembre de 2011. Para ello, el contratista recibió un anticipo de poco más de 37 millones de pesos que representaba el 30% de su propuesta técnica-económica establecida en 112 millones 003 mil 029 pesos con 91 centavos, cifra que estaba casi 497 mil pesos abajo del presupuesto base considerado por el Consejo de la Judicatura del PJE para esta obra.

Precisamente por ello, a la empresa del arquitecto Esponda le fue adjudicada esta licitación, pues las otras dos compañías participantes, Construcciones y Estructuras de Veracruz S.A. de C.V. y PEMARTE S.A. de C.V., presentaron costos superiores a 115 y 118 millones de pesos, respectivamente, por lo que sus propuestas fueron desechadas ya que el Poder Judicial del Estado argumentó que no contaba “con la disponibilidad presupuestal necesaria para sufragar la diferencia” de dichas propuestas para la ejecución de esta obra.

De acuerdo al contrato, la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz debió ser entregada en noviembre de 2011, pero la obra seguía a medias en abril de 2012, por lo que quisieron aparentar que estaba concluida ya que mañosamente el contratista sólo terminó la fachada pero los interiores del conjunto de Juzgados aún estaban en obra negra. A finales de 2011, Sosa Hernández declaró que la construcción llevaba un avance de 48 por ciento y argumentó que el atraso se debía presuntamente a que algunas estructuras y aditamentos que se requieren para los Juzgados no los hacen en México, los hacen en el extranjero, por lo que tenían que esperar “y esto ha ido retrasando un poco la obra”.

Pero Sosa parecía desconocer la verdadera situación del rezago de esta construcción, pues confiaba en los informes del arquitecto Alfredo Velasco Luna, quien desde el sexenio pasado estaba a cargo de la Oficina de Infraestructura y Supervisión de Obra del Poder Judicial del Estado, pero el cual –según versión de proveedores que se habían visto afectados también por el retraso de la obra– habría tomado partido, coludiéndose indebidamente con el incumplido contratista, cuya morosidad se la atribuían a que no había podido justificar los gastos del 30% del anticipo recibido (del cual un 20% era para la compra de materiales y el 10% restante para inicio de los trabajos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal), y quien no dispondría del capital necesario para concluirlos.

La construcción de esta Ciudad Judicial fue un problema que recibió Alberto Sosa en diciembre de 2010, pues en realidad todo se gestó al final de la administración de Reynaldo Madruga Picazzo como presidente del TSJE, quien presuntamente por presiones del gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán habría maniobrado para que la licitación de esta millonaria obra le fuera asignada en segunda convocatoria a la compañía del arquitecto Esponda, muy ligado a Luis Ángel Moreno Núñez, cuyo corporativo se duplicó de 7 a 15 empresas durante el fidelato, entre las cuales figuraba una planta procesadora de productos del campo, en Tres Valles, valuada en 1.8 millones de dólares, y luego, en noviembre de 2009, echó a andar su sexto proyecto en la zona conurbada de Boca del Río: la “Marina Veracruz”, para la cual obtuvo la concesión federal por 20 años de una franja de más de 30 hectáreas sobre las playas de El Conchal. ¿Por ahí navegará el magistrado Sosa en su flamante yate?