Y es un tropiezo tras otro.

Enrique Ochoa Reza está haciendo hasta lo imposible para que lo “inviten” a dejar la dirigencia nacional del PRI. En menos de una semana ha sumado tres graves –muy graves- pifias que ponen en duda la legitimidad y la coherencia en su lucha por abatir la corrupción en el partido que dirige.

Primero, al elegir al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como la víctima propicia para servir de ejemplo en esta lucha. El Presidente del PRI operó la expulsión de Javier Duarte del partido a pesar de que no existe proceso penal en su contra y, muchos menos, una sentencia firme que lo señale como responsable de alguna irregularidad en su calidad de servidor público. Esas condiciones sí las hay en otros priistas, como el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, o el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ambos con procesos judiciales abiertos en su contra.

Segundo, cuando se hizo público que el dirigente del PRI a nivel nacional cobró una suma superior a los 1.2 millones de pesos por concepto de liquidación o finiquito en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pesar de que fue él quien presentó su renuncia a ese organismo. Enrique Ochoa argumentó que el procedimiento “fue legal”, aunque no sea ético.

Tercero, y tal vez el más grave, es que en la relación de personajes cercanos a Javier Duarte que también fueron suspendidos de sus derechos partidarios, al menos dos de ellos –José Antonio Chara Mansur y Juan Carlos Rodríguez García- han aclarado que ellos no son priistas, que nunca lo han sido, que no han firmado documento alguno para afiliarse a dicho partido, que no poseen credencial firmada por ellos como militantes y que jamás han pagado ni un solo centavo a esa organización política.

¿Suspendió el PRI a sujetos que no son priistas?

La Comisión de Justicia Partidaria del PRI se comprometió a mostrar los documentos con los que pretenden demostrar que tanto Chara Mansur como Juan Carlos Rodríguez, sí son militantes del partido tricolor.

El procedimiento lógico, el protocolo correcto debió ser que al finalizar la sesión de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, en la que se acordó la suspensión de los derechos de siete de sus militantes, se informara el nombre de los sancionados, el número de su credencial y la fecha en que se registraron a ese partido.

No fue así y hoy están viendo cómo corregir esa pifia.

No se debe perder de vista que incluso la militancia del propio Enrique Ochoa Reza fue cuestionada.

Al asumir la dirigencia nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza difundió la fotografía de una credencial en la que apunta que es militante del PRI desde 1991. Sin embargo, el 18 de agosto de 1991 se celebraron elecciones federales. Resulta que las campañas de afiliación al Revolucionario Institucional se suspenden seis meses antes de cada elección, por lo que estaría en duda la validez de su credencial, que tiene fecha de julio de 1991.

El propio Enrique Ochoa negó su militancia priista en 2011, cuando buscó ser consejero del Instituto Federal Electoral.

Existe un video en el que se le escucha a Enrique Ochoa decir:

“No formo parte del Consejo Político Nacional PRI, ni soy militante”.

Como bien dijo el Presidente Enrique Peña Nieto:

«Este tema que tanto lacera, la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra».

 

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