Por supuesto que la confrontación actual de la Iglesia católica mexicana con el presidente Enrique Peña Nieto no es del mismo nivel que la que se dio entre el clero y el mandatario Plutarco Elías Calles de 1926 a 1929 –año en que casualmente el caudillo sonorense fundó el Partido Nacional Revolucionario que luego el general Lázaro Cárdenas refundó en el Partido de la Revolución Mexicana y que dos sexenios después Miguel Alemán Valdés, el primer Presidente civil, transformaría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)–; sin embargo, las diferencias políticas entre la jerarquía eclesiástica y el jefe del Ejecutivo federal han ido escalando a partir de la iniciativa presidencial que pretende legalizar los matrimonios igualitarios.

A diferencia de hace 90 años, hasta ahora no se ha desatado ni se prevé que se inicie otra guerra cristera como la que hace nueve décadas –según algunos historiadores– provocó la muerte de 250 mil connacionales, entre civiles, combatientes católicos y del Ejército Mexicano; pero la Iglesia sigue convocando a sus feligreses a marchas de protesta mientras que sus ministros no sólo han endurecido sus críticas hacia el gobierno federal en sus homilías sino que además, con un irónico acento homofóbico, han recurrido al escarnio para ridiculizar públicamente al Presidente.

El 31 de mayo de este año, por ejemplo, una semana antes de las elecciones locales en Veracruz y otros 11 estados del país, el obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, criticó la iniciativa de ley para legalizar los matrimonios igualitarios promovida por Peña. “¿No será que anda buscando ‘gavioto’ en vez de ‘gaviota’?”, dijo en tono burlón el clérigo.

Igual ocurrió en Aguascalientes, donde desde el 8 de mayo el obispo José María de la Torre Martín difundió una carta pastoral con motivo de las elecciones del 5 de junio en la que, entre otras cosas, pidió responsabilidad civil ya que, expuso, “para un católico hay valores no negociables, que deben ser promovidos y protegidos, especialmente para quienes se dedican a la política”, sugiriendo votar por los candidatos que antepongan la vida y el matrimonio entre hombre y mujer, lo que la derrotada abanderada Lorena Martínez, del PRI, consideró una inducción a favor del contendiente triunfador Martín Orozco, del PAN.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, a cargo del presidenciable priista Miguel Ángel Osorio Chong, no actuó ni ha procedido legalmente ante los improperios de estos obispos y su abierto desafío llamando a votar o no votar por tal o cual partido, no obstante que el artículo 130, inciso E, de la Constitución establece claramente que los ministros religiosos “no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación alguna” y que “tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.”

Pero ahora el clero está alentando nuevamente a su feligresía a participar en otra manifestación masiva contra la legalización de los matrimonios igualitarios, la cual ha sido convocada para este sábado 24 por el Frente Nacional por la Familia (FNF), un movimiento social vinculado a la Iglesia católica y con intereses políticos afines al PAN.

Precisamente el pasado martes 13, Rodrigo Iván Cortés, vocero de este Frente, se encargó de recordarles a los priistas que quienes menosprecian la oposición que se ha construido alrededor del matrimonio igualitario cargarán con costos electorales en las votaciones de los próximos dos años. Y al referirse a las marchas que el sábado 10 de septiembre se realizaron en más de un centenar de ciudades del país, entre ellas varias del estado de Veracruz, el portavoz del FNF afirmó: “Cualquier político que se jacte de tener sensibilidad social, tiene que hacer una lectura de lo que pasó el 10 y llegar a la conclusión de que si por primera vez en la historia reciente sale una cantidad de gente así, esto va a tener costos políticos. Costos como el que ya se dio el 5 de junio en las elecciones locales, cuando llamamos a un voto de castigo al Presidente. Más de un millón de personas: váyanle midiendo para 2017 y 2018”.

En esa conferencia de prensa, Cortés anunció otra movilización para este sábado 24. “El pasado 10 de septiembre más de un millón de personas, en más de 120 ciudades, se pronunciaron bajo un mismo Frente. Y con dos exigencias que están en el Congreso de la Unión: aprobar una iniciativa ciudadana y otra de votar en contra de las iniciativas del Presidente (en favor del matrimonio igualitario)”, planteó.

La gran interrogante es hasta cuándo se va a hacer sentir la Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo la relación institucional con todas las iglesias.

Ahora, con el secuestro y ejecución de dos sacerdotes de la parroquia de “Nuestra Señora de Fátima”, de Poza Rica, Veracruz, la notoria ausencia de la SEGOB ha dado otro motivo más para el distanciamiento de la cúpula eclesiástica con el gobierno de Peña.

Y es que aunque el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, declaró este martes que los victimarios de los clérigos Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz no fueron miembros de la delincuencia organizada, ya que presuntamente eran personas conocidas de los sacerdotes con los cuales habían ingerido bebidas alcohólicas, este mismo día el senador priista Héctor Yunes Landa pidió a la Procuraduría General de la República atraer el caso de estos presbíteros, sugiriendo que se trataría de un crimen del fuero federal.

A través de un punto de acuerdo, el ex candidato del PRI a la gubernatura demandó también, una vez más, la intervención de la Gendarmería Nacional –que depende de la SEGOB– para reforzar en Veracruz las capacidades de las corporaciones locales encargadas de la seguridad, ya que “han sido sobrepasadas por la delincuencia organizada”.

Yunes Landa indicó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se cometieron 565 homicidios dolosos, es decir, 1.5 crímenes de este tipo por día, y que al 31 de julio de 2016 se tenían registrados 537 delitos de esta índole, cifra equivalente al 95 por ciento de los asesinatos cometidos el año anterior. ¿Por fin reaccionará Osorio Chong o esperará hasta que gobierne Miguel Ángel Yunes?