Asediado por la prensa nacional y local, señalado por su sucesor como el causante de la mayor crisis de legalidad en Veracruz, golpeado por el auditor superior de la Federación, para quien los desvíos de recursos federales en su gobierno son los más escandalosos del país; investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por la operación de cientos de millones de pesos a través de empresas fantasma, y despreciado públicamente por la dirigencia nacional de su partido y por el presidente Enrique Peña Nieto, Javier Duarte ha decidido jugarse su última carta repartiendo sambenitos a diestra y siniestra.

Se había tardado en operar lo que sabe hacer y, en realidad, lo único que puede para revertir semanas negras en que se le ha golpeado un día sí y el otro, más duro, desde la misma cúspide del poder en México y desde los medios de comunicación de todo el país: campañas negras para enlodar a sus críticos y tratar de generar incertidumbre, distrayendo los reflectores (que ya le bronceaban su ahora delgado rostro) hacia otros personajes.

¿No era mejor desmentir tantas acusaciones de corrupción que brotan como excremento de todas las alcantarillas y que le involucran en actuaciones carentes de probidad, desvíos inexplicables de recursos públicos (se habla de fondos federales, pero si alguien hurgara en el manejo de los estatales, hallaría más tela), contratación desenfrenada de deuda y presunta adquisición de bienes inmuebles por diversos rumbos del país y el extranjero?

Aunque los veracruzanos esperaron infructuosamente ese mentís hace ya muchos meses, azorados por la inexplicable desaparición de miles de millones de pesos que no fueron usados en obra pública o para disminuir la deuda gubernamental (que, por el contrario, creció con desmesura) o para impulsar la educación o mejorar los servicios de salud, Javier Duarte parece no estar posibilitado para hacerlo: no puede de ninguna manera tapar los enormes hoyos de las finanzas públicas de su gobierno y del que le antecedió.

Ante ello, la vía fácil es cargar con sus enemigos en el ámbito local: en primer lugar, contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, y en segundo, a través de mercachifles de la prensa local, contra periodistas críticos que han señalado sin maquillajes lo que está sucediendo en los últimos días de su fatídica administración.

EL RECREO

Por ahí anda una merolica de prosa indigerible que, según comentan quienes tienen el estómago para leerla, me ha mencionado en uno de sus libelos. Conocida como la Gina Domínguez del arrabal, lanza excremento al ventilador para que nadie se percate de su proclividad a escuchar los cantos del Cisne.

La ofensiva contra Miguel Ángel

Esta semana de festejos patrios, el gobierno de Javier Duarte ha endurecido sus provocaciones contra el gobernador electo y los miembros de su equipo, al ordenar a las fuerzas policiacas darles un trato de delincuentes.

Aunque la violencia va en aumento de manera preocupante en todo el estado, es al menos chocante que se destinen recursos a operativos de vigilancia y de amedrentamiento contra quien gobernará Veracruz a partir del 1 de diciembre. El propio panista ha sufrido en carne propia el asedio.

Pero, tras varios días de ostracismo, de permanecer contra las cuerdas, de parapetarse tras los muros de Casa Veracruz, de gobernar a través de Twitter y de andar con un humor de los mil demonios por los pocos actos públicos a que se arriesgó, Javier Duarte de Ochoa parece haber recuperado un poco de energía para destinarla a la sombra que le persigue.

Desde las oficinas de gobierno han desempolvado la misma estrategia de descrédito contra Yunes Linares que se usó hasta el hartazgo durante la campaña electoral para los comicios del 5 de junio. Se vuelven a poner bajo la lupa acusaciones de corrupción como las que tontamente el propio Duarte presentó en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pese a que de ser ciertas serían materia de la Procuraduría General de la República, por haberse hecho contra el gobierno federal.

Pero esas acusaciones se han esgrimido infinidad de veces, sin que la PGR haya visto elementos para procesar al choleño. Eso lo saben Duarte y sus ‘abogados’, pero para ellos lo importante es recuperar la agenda mediática y recordar la frase del ajedrez que dice que la mejor defensa es el ataque. Pero, ¿cómo lo aderezan ahora?

Miren el escándalo que han armado con la respuesta dada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a preguntas capciosas, sobre la posibilidad (que Duarte ha de pedir a todos los dioses que se dé) de que Yunes no pueda tomar posesión el 1 de diciembre.

¿Cuál sería la condición? El magistrado responde: solo si un juez, a solicitud de la Procuraduría General de la República, determina que hay elementos suficientes para encausar a proceso penal al gobernador electo; si esto ocurriese después del 1 de diciembre, se tendría que llevar a cabo el proceso para desaforarlo, pues ya habría adquirido la inmunidad constitucional.

Lo curioso es que los dóciles diputados locales, bajo órdenes del Poder Ejecutivo, aprobaron en mayo pasado la iniciativa para quitar el fuero al gobernador y a los alcaldes (a los que sigan, porque Duarte se mantiene con esa protección) y, aunque podemos estar equivocados porque luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da reversa a sus pendejadas, el magistrado estaría desactualizado al invocar un proceso de desafuero que sería innecesario si el fuero no existe.

Los trascendidos disfrazados de notas periodísticas aseguran que Yunes “está en la tablita”, “en capilla”. Con una seguridad digna de mejores batallas, se asegura que la PGR está cada vez más cerca de ‘su objetivo’ de llevar a juicio a Miguel Ángel Yunes por varios delitos, entre ellos, válgame la candidez, el denunciado por la sección 32 del SNTE por desvíos vinculados al esquema “ConSuPago”, además de enriquecimiento ilícito, peculado y corrupción.

Todo ello, en un contexto público en que se hace más posible el enjuiciamiento de Javier Duarte de Ochoa.

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