La polarización, el clasismo, la discriminación y la intolerancia aparecen cada vez con más frecuencia; que vengan de los sectores económicos más acaudalados del país, no extraña; que vengan de algunos sectores políticos, principalmente de la derecha, tampoco es nuevo; lo novedoso es que sea entre los aparentemente iguales (clase media, intelectuales, medios de comunicación, etc.), instigados por una confrontación que ya había sido superada: la iglesia contra el estado laico.

Las marchas que encabezaron cientos de personas este fin de semana en defensa de la familia, no sólo ha puesto en evidencia la confusión que existe respecto de lo que se discute, sino también, y lo más peligroso, un escenario de confrontación en el que muchos sectores políticos y religiosos podrían haber encontrado una oportunidad de fracturar en su beneficio la frágil cohesión social de los mexicanos.

El debate sobre el tema de los matrimonios igualitarios es inútil y perverso. Muchos de quienes lo han querido limitar a un problema entre la iglesia y el gobierno –lo que han conseguido con relativo éxito- saben perfectamente que es un conflicto superado por muchos países y sociedades, que se encuadra en una nueva generación de derechos humanos que permea prácticamente en todo el mundo occidental.

¿Realmente el gobierno está en contra de la familia? Tendríamos que decir, en principio, que serían las instituciones del Estado mexicano y no sólo el presidente Peña Nieto quienes han dispuesto el estado de las cosas. Esta confusión ha sido manipulada con el propósito de identificar a un villano favorito, porque decir que así lo ha determinado la Corte o que los diputados federales –de prácticamente todos los partidos políticos- están obligados a respetar la naturaleza vinculante de los tratados internacionales, pues es menos rentable.

La defensa de los derechos humanos no se reduce solamente el tema de los matrimonios igualitarios, -se incluye a refugiados, minorías, mujeres, niños y toda clase de grupos vulnerables-, aunque en este momento es la parte más emblemática y polémica. Y en ese sentido, se confunde nuevamente entre una preferencia y un valor.

La preferencia sexual de una persona no lo despoja de sus valores (digamos, la honestidad, la fraternidad, el respeto a las personas, el trabajo… incluso del ejercicio de su fe religiosa), ni la pertenencia a la grey católica nos vuelve depositarios impolutos de valores que muchas veces, de manera individual, no ejercemos ni transmitimos a nuestras propias familias. Son cosas distintas.

En tal sentido, ambas posiciones que hoy se han confrontado tienen la razón de su parte, porque de eso se trata la tolerancia. Quienes abogan por la libertad y el derecho a la diferencia, tienen el mismo derecho de manifestarse como lo hacen aquéllos que defienden su fe católica y lo que consideran debe ser el modelo de organización de la familia.

Por eso, lo que preocupa es la confrontación social que se alimenta. Este sábado, al menos en Xalapa, marcharon unos y otros; pero fue lamentable como a punta de escupitajos y agresiones verbales, algunos “defensores de la familia” agredieron a quienes como ellos, pelean por la defensa de su propio derecho, el mismo que está plasmado en las leyes que nos gobiernan.

Y es que en el debate de lo religioso y lo político, se ha excluido el conocimiento de nuestro marco jurídico, mismo que no tiene otra función que establecer reglas básicas de convivencia que nos permita actuar en sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación. Es decir, no se necesita legislar siquiera para reconocer los matrimonios igualitarios; es una realidad jurídica ya existente.

«Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social», se lee en la jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala. La jurisprudencia emitida por la SCJN precisa que “vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación es discriminatorio, porque excluye a las parejas homosexuales.” La ley ya defiende el derecho al matrimonio, pues.

En las marchas del sábado en todo el país, nada se escuchó de la decisión de la Suprema Corte. Es hasta ahora que la iglesia decidió manifestarse en contra del estado laico, dirigiendo su discurso contra el Presidente. Tal vez no es un problema de la política, sino más bien de la fe y su incomodidad ante los derechos humanos.

La del estribo…

Al desayuno de ayer domingo convocado por los delegados federales, muchos de ellos llegaron con una escopeta a cuestas. No es para menos, considerando la cantidad de zopilotes que rondan sus cabezas. Los cambios están por llegar.