La historia de la relación entre el poder ejecutivo veracruzano y la instancia fiscalizadora federal no sólo ha sido un desencuentro permanente; también se ha convertido en un tema de confrontación y denuncias ante el Ministerio Público Federal.
El último capítulo se registró este martes, cuando el auditor federal, Juan Manuel Portal Martínez, fue entrevistado por Carlos Loret; el titular de la ASF apuntó que la suma de las observaciones realizadas al gobierno veracruzano está cerca de los 35 mil millones de pesos; y que no fueron solventadas las aportaciones federales correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Esas irregularidades que detectó la ASF se convirtieron en denuncias ante la Procuraduría General de la República; a la fecha, la fiscalía federal tendría 26 averiguaciones previas contra funcionarios del gobierno de Veracruz, amparados algunos, relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos provenientes de partidas enviadas por la Federación.
El pasado 23 de febrero, por ejemplo, el auditor informó que en la revisión a las cuentas públicas de 2014 fueron detectadas irregularidades por 77 mil 380 millones de pesos entre todas las dependencias que se revisaron a las instancias federal, estatales y municipales. En la lista de las observaciones emitidas por la ASF, Veracruz fue la entidad con los montos más elevados; se habla de 14 mil millones de pesos que no fueron solventados. Esos números, que corresponden únicamente a 2014, se duplicarían si se consideraran las observaciones de 2011 a 2013.
Tres meses después, al finalizar mayo del presente año, trascendió el tema de las denuncias de la ASF ante la PGR, mismas que se relacionaron con presuntos desvíos de recursos públicos que llegaron desde la Federación. A ello, el gobierno de Veracruz, a través del contralor Ricardo García Guzmán, respondió con la aclaración en el sentido de que todas las observaciones del ente fiscalizador fueron solventadas con éxito.
Sin embargo, esa “aclaración” sólo se llevó al terreno mediático, porque la ASF confirmó, también en mayo, que había interpuesto 26 denuncias y que ese era el número de averiguaciones previas abiertas por la PGR; de esas 26 denuncias penales, 23 correspondieron a hechos probablemente delictivos cometidos durante la presente administración estatal; y 3 más, en que estarían involucrados ex funcionarios del pasado gobierno de la entidad.
En ese contexto, a los señalamientos por la simulación de reintegros se sumó el tema de las empresas fantasma a las que se asignaron millonarios contratos del gobierno estatal.
La aclaración de Duarte al auditor, carpetas vacías
Pues bien, el más reciente capítulo en las diferencias entre la actual administración de Veracruz y la ASF ocurrió este martes; el auditor Juan Manuel Portal volvió a la carga contra Javier Duarte y su gobierno; dijo que no ha solventado prácticamente nada y que por ello, las denuncias ante la PGR siguen su curso.
De igual manera, habló de lo que ante la opinión pública parece el sello de la casa del gobierno veracruzano: el gobernador se habría reunido con el auditor y ordenado la publicación en medios de una foto para ilustrar la supuesta comprobación de las observaciones. El problema es que la carpeta que llevaba Duarte bajo el brazo y que contenía las explicaciones a la ASF estaba vacía. Así de contundente fue la declaración que realizó Portal Martínez para el periodista que lo entrevistaba este martes.
Fiel a lo que ha sido su estilo en los últimos meses, el gobernador de Veracruz intentó articular una defensa por dos vías: primero, a través de la red social twitter, expuso: “la última vez que me reuní con el Auditor Superior de la Federación fue en privado en Xalapa, no hubo ni carpetas ni fotógrafo. @CarlosLoret”; segundo, envió a uno de sus secretarios, en este caso el de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, a declarar que la ASF “no te la última palabra en cuanto a las solventaciones de Veracruz… ya que falta ir a las instancias judiciales federales para resolver el diferendo”; y negó que exista un quebranto financiero.
De esa manera, el gobierno de Veracruz anticipa una lucha en tribunales con la Auditoría Superior de la Federación. El mayor problema para Duarte, sin embargo, radica en que ese tema, de llegar a las instancias de impartición de justicia, se dirimirá cuando su administración haya concluido y cuando el gobernador se encuentre en una posición de vulnerabilidad, todavía peor a la que presenta en el último trimestre de su administración.
Javier Duarte está en el ojo del huracán, la parte más peligrosa de la tormenta; la calma es sólo aparente porque alrededor sólo existe turbulencia: un sucesor, Miguel Ángel Yunes, con el hacha afilada; un presidente de la República que lo prefiere lejos y lo trata de forma distante y fría; un partido, el PRI, que le ha dado la espalda; una procuraduría que lo investiga; y un gobierno estatal que se cae a pedazos. @luisromero85