Y sí, ahora sí hubo calor. El Presidente Enrique Peña Nieto saludó de mano y con un caluroso abrazo a Javier Duarte de Ochoa, con quien intercambió algunas palabras, siempre con una sonrisa en su rostro.

Nadie se lo esperaba. Todos preveían un nuevo desaire del «primer priista del país» para uno de sus compañeros de partido que está siendo investigado para expulsarlo. Fue tan inesperado el trato, que tomó por sorpresa hasta a los fotógrafos de Presidencia a quienes «se les fue» la gráfica (hay quien asegura que tienen instrucciones de «voltear para otro lado» cuando el Presidente salude a determinados personajes, entre ellos el gobernador de Veracruz).

Las cuatro fotografías que se difundieron fueron rescatadas de un teléfono celular y por ello no son de la mejor calidad.

Javier Duarte acudió, a invitación de la Presidencia de la República, a la clausura de la cuadragésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en Palacio Nacional.

Ahí Javier Duarte fue testigo del reclamo directo, sin maquillajes, de la representante de la sociedad civil para dicho consejo, María Angélica Garnica Sosa, quien sostuvo que la estrategia de seguridad del actual gobierno falló y sugirió que se cambie, poniendo especial énfasis en la prevención del delito y la atención de las causas que originan la violencia y la delincuencia en el país.

Enrique Peña Nieto tomó nota del señalamiento y al momento de hacer uso de la palabra anunció que propondrá más cambios a la legislación para acelerar y hacer más eficiente la implementación del nuevo sistema penal, con el fin de borrar la imagen de impunidad que en la actualidad se percibe.

Señaló directamente a las Procuradurías locales (en Veracruz sería la Fiscalía General del Estado) por estar acumulando un creciente número de carpetas de investigación y por hacer «un uso limitado de los mecanismos alternativos de solución de controversias» y exhortó a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a «corregir las deficiencias operativas y evitar que se genere una percepción de impunidad sobre este nuevo modelo».

No fueron, ni de chiste, buenas cuentas las que se rindieron en esta sesión.

El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del gabinete de seguridad, admitió que aunque en los primeros dos años de la actual administración se contuvo la violencia criminal en el país, este fenómeno ha repuntado en meses recientes.

En opinión de Osorio, lo que hace falta es un modelo para combatir la inseguridad «desde el plano local» (esto es, estados y municipios) y sugirió destinar recursos y herramientas para reducir la delincuencia y generar espacios.

Y de todo esto a Veracruz le toca su parte. Esta entidad tiene características que no se ven en otros puntos del país, como la colindancia con otros siete estados (Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí) y su ubicación geográfica, que la ubica como posición estratégica para grupos del crimen organizado que se disputan la plaza.

Acá también ha habido un repunte en las cifras de homicidios, «levantones» y secuestros, por lo que se han encendido las luces de alerta en el extremo sur de la entidad.

A la presencia activa de bandas dedicadas al tráfico de drogas, se suman los conocidos como «chupa-ductos» y otros grupos que se han especializado en el secuestro y la extorsión.

Dicen los expertos en el tema que cuando se avecina un cambio de gobierno se agudiza la violencia, pues las organizaciones criminales luchan por ganar el dominio de la zona, de manera que las nuevas autoridades tengan que negociar con ellos una eventual pacificación del territorio estatal.

Ese parece ser el caso en Veracruz, donde además se percibe un ambiente que favorece a la violencia, a partir de la guerra mediática que sostienen el gobernador en funciones y quien será su sucesor.

Lo bueno de todo esto es que parece haberse reanudado el diálogo entre el Presidente y el Gobernador.

Que sea por el bien de Veracruz.

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