La renuncia del secretario de Seguridad Pública del gobierno veracruzano, Arturo Bermúdez Zurita, no puede considerarse un hecho inesperado; al contrario: el hoy ex miembro del gabinete era uno de los funcionarios duartistas más señalados por presunto enriquecimiento ilícito; los escándalos de corrupción le perseguían; y, por si fuera poco, los resultados al frente de dicha dependencia tampoco eran una buena carta de presentación.

Si bien ya había señalamientos por la ineficiencia en el combate al delito y a la delincuencia por parte de Seguridad Pública, la cloaca fue destapada el pasado 19 de julio por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien denunció a Bermúdez por haberse enriquecido de una forma presuntamente ilícita, mediante contratos para sus empresas de seguridad privada.

Yunes Linares presentó láminas que ilustraban la manera en que habría operado Bermúdez Zurita para cobrar diversas facturas y contratos, a través de empresas en que figuran sus familiares cercanos. Habló de 21 empresas que supuestamente son propiedad, a través de terceros, del entonces secretario de Seguridad Pública: Grupo Profesional de Resguardo, Profesionales de Seguridad Privada Integral, Guardias Empresariales en Seguridad Privada, Brigada E511, Brupo Berck y otras, del ramo de seguridad; y otras relacionadas con diversas actividades, como MAGC Ejecutiva de Aviación, Desarrolladora Hotelera, Corporativo Nacional de Transportes Berzua, y muchas más, que serían beneficiadas con el pago de casi 72 millones de pesos que se pretende realizar con recursos del impuesto del tres por ciento a la nómina.

Por supuesto, esa declaración puso el nombre de Arturo Bermúdez en la lista de los funcionarios del gobierno estatal que más se habrían beneficiado con presuntos actos de corrupción. Dicho de forma breve, el titular de la SSP-Veracruz sería uno de los responsables del saqueo de los recursos de los veracruzanos.

En la conferencia de prensa de Yunes Linares salió el nombre de un presunto socio de Bermúdez en esas operaciones: Roberto Esquivel Hernández, quien aparecería como socio en diversas empresas, en las que también aparecen los nombres de Miguel Ángel, Jesús Gabriel, Carolina y María Guadalupe Bermúdez Zurita, así como de Jesús y Gerardo Bermúdez González.

Ese mismo día, el 19 del mes pasado, el funcionario del gabinete respondió a los señalamientos con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter: “Toda mi vida me he desempeñado dentro de la legalidad y lo seguiré haciendo, no abonaré a este linchamiento político”, dijo. Por parte de Bermúdez, no hubo más respuesta a las acusaciones que esos 116 golpes en su teclado.

Un día después, Miguel Ángel Yunes presentó dos denuncias penales, una contra el propio Arturo Bermúdez y otra contra el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Antonio Gómez Pelegrín, por los probables delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias; esa fue una segunda estocada; la puntilla para Bermúdez llegó este miércoles 3, con la difusión de un trabajo periodístico que se difundió a través de un prestigioso portal de noticias. Dicha investigación reveló que el hoy ex titular de Seguridad Pública habría adquirido cinco propiedades en Texas, Estados Unidos, con un valor superior a los 2.4 millones de dólares, más de 45 millones 266 mil pesos, al tipo de cambio actual.

Se trata de cinco residencias en la exclusiva zona denominada The Woodlands, que habrían sido adquiridas entre agosto de 2012 y abril de 2016.

Una vez más, la única respuesta del ex funcionario también se produjo a través de Twitter: “Todos mis bienes son producto del trabajo como funcionario, ingresos fuera del Gobierno y a través de créditos; he actuado conforme a la ley”, señaló Bermúdez Zurita.

También por esa red social, el gobernador Javier Duarte emitió su escueta respuesta: “con el propósito de contribuir al ámbito de transparencia y rendición de cuentas he aceptado la renuncia de Arturo Bermúdez al cargo de SSP”.

“Primero me voy yo”

Esa posición de Duarte se produce seis meses después de que el propio gobernador declarara, por enésima ocasión, que su secretario de Seguridad Pública no dejaría el cargo, a pesar de las presiones que se registraban en ese momento, febrero del presente año, por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, un hecho en que estuvieron involucrados, precisamente, policías estatales.

Por otro lado, de la frase “Primero me voy yo”, que le atribuyeron los medios en enero de 2014 al gobernador veracruzanos, ya han pasado dos años y medio. Justo por esas palabras, que fueron mucho más que un espaldarazo del ejecutivo a su secretario de Seguridad, desde la mañana de este jueves comenzaron a registrarse reacciones y opiniones en redes sociales de usuarios que pedían que el gobernador cumpliera su palabra.

¿También sale Xóchitl Osorio?

Por cierto, este jueves también corrió la especie en el sentido de que la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Xóchitl Adela Osorio Martínez, habría renunciado al cargo.

A la hora de entrega de esta columna, la versión no ha sido confirmada; sin embargo, tampoco suena descabellada, sobre todo por la inmundicia administrativa que encontró la funcionaria en dicha dependencia. Habría que recordar que el 18 de julio pasado, Osorio Martínez se deslindó de cualquier responsabilidad en el caso de que no sean solventadas las observaciones derivadas de las revisiones a las cuentas. @luisromero85