Es una guerra de nunca acabar. Ya el periódico El Universal anticipó el domingo, en su columna Bajo Reserva, que el Gobernador Javier Duarte acudirá este lunes a la Fiscalía veracruzana, para denunciar a su sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, por enriquecimiento ilícito, como lo hiciera con anterioridad el exdirigente panista Manuel Espino.
Es como si las campañas políticas no hubieran concluido. Los dimes y diretes entre el gobernador en funciones y quien será su sustituto no cesan. Lo grave es que proliferan los embustes, los señalamientos absurdos y que hay muchos que se los creen.
A la filtración de que la PGR investiga los bienes de Javier Duarte, de su familia y presuntos prestanombres, se responde anunciando la exhibición pública de la más reciente declaración patrimonial del mandatario de Veracruz, así como la presentación de la declaración llamada «3de3», en la que no sólo se deben exhibir los bienes personales y de la cónyuge, sino los de familiares o aquellos sujetos con los que pudiera haber conflicto de intereses, sí como la declaración fiscal.
Nunca, nadie, en ningún escenario, ha sugerido que el hecho de presentar esas declaraciones dé como consecuencia que se exonere al servidor público, de manera que resulta una medida demagógica, sin utilidad práctica alguna.
Para colmo, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), uno de los principales organismos impulsores de la iniciativa 3de3, informó que no aceptarían el documento de Javier Duarte.
Alexandra Zapata explicó que ese organismo no admitirá la declaración de bienes del gobernador, pues «envió un documento con espacios en blanco y sin incluir a su esposa».
La postura, explicada así, suena lógica.
Sin embargo, la misma investigadora del IMCO, dio otra versión de los argumentos para rechazar el documento de Javier Duarte. Dijo que se debía a las investigaciones que actualmente realizan la PGR y el SAT contra el mandatario. Que analizaron «las condiciones jurídica y mediáticas» en las que él decidió presentar su 3de3 y decidieron no publicarla «hasta que exista una resolución judicial sobre las investigaciones que ya están en curso vinculadas a él».
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Tienen acaso en el IMCO la certeza de que ninguno de los que han publicado sus declaraciones 3de3 tiene investigaciones en curso? ¿Se debe entender que la sola publicación del documento avala su veracidad?
En realidad suena a prejuicio y a que pesaron más «las condiciones mediáticas».
Por otra parte, un importante grupo del sector privado en Veracruz ha manifestado su intención de dejar de pagar el impuesto del 3 por ciento a la nómina, pues se dicen inconformes de que con ese recurso se pretenda pagar a proveedores y contratistas.
La guerra entre Duarte y Yunes ha llegado a tal grado, que el panista está alentando una táctica de desobediencia civil, al promover entre los empresarios que dejen de pagar tal impuesto, con el compromiso de que a partir del primero de diciembre, una vez que releve a Javier Duarte, él les condonará multas y recargos por sus omisiones.
«No le paguen a él, páguenme a mi», parece estar diciendo el próximo Gobernador.
¿Quieren escuchar otro absurdo?
Resulta que Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz anunció que pedirán al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong «que investigue al Gobierno de Veracruz para saber qué ha pasado con el dinero del impuesto del 3% a la nómina».
¿Quién le dijo a este sujeto que el titular de Gobernación, del Gobierno Federal, tiene atribuciones para «investigar al Gobierno de Veracruz»?
Como éstas, muchas otras denuncias o señalamientos mediáticos rayan en lo absurdo. El chiste es lanzar lodo, sin importar si contienen algo de verdad o no. ¡Vamos! Ni siquiera les preocupa si tienen algo de lógica.
Cosas de la política… a la veracruzana.
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