El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, parece más interesado en «mandar señales» que en ir a fondo en los temas de corrupción de los militantes de su partido.

Este lunes solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del senador Emilio Gamboa Patrón, «acelerar el proceso de revisión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el gobierno federal en contra de los Congresos de Veracruz, Quintana Roo, y Chihuahua, así como contra sus mandatarios, por haber aprobado legislaciones apartadas al Sistema Nacional Anticorrupción».

Lo curioso del caso es que dichas acciones, anunciadas con bombo y platillo desde la residencia oficial de Los Pinos, quedaron sin materia, pues tanto Javier Duarte (Veracruz) como Roberto Borge (Quintana Roo) dieron marcha atrás a sus iniciativas y suspendieron todo trámite que estuviera vinculado con las normas que ahora rige el Sistema Nacional Anticorrupción.

La conferencia de prensa ofrecida este lunes por el dirigente priista no hace más que repetir los argumentos que fueron presentados por la PGR el día en que se anunciaron las acciones de inconstitucionalidad, de manera que poco o nada aporta a la solución de dichos temas, si acaso lo que consigue es ganar portadas en los periódicos.

La  Acción de Inconstitucionalidad es uno de los tres mecanismos de control constitucional, donde además figuran el amparo y la Controversia Constitucional.

El mecanismo al que recurrió la PGR tiene como objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, diferencias que deberán ser dirimidas ante la Suprema Corte de Justicia.

En ningún caso de los presentados hasta ahora, los magistrados de la Suprema Corte han acelerado la revisión de de uno de estos recursos, a partir de la petición del Poder Legislativo. La petición es, en todo caso, un recurso de presión mediática que poco o ningún efecto tendrá en los tiempos que establece el Poder Judicial.

El mismo lunes, un poco más tarde, el Gobierno de Veracruz emitió un comunicado en el que pide a la Suprema Corte que «se pronuncie» sobre dicho tema y anticipa que «acatará puntualmente el fallo que esta instancia determine».

No hay, pues, controversia en este trámite ante los tribunales mexicanos. Las partes están en espera de las resoluciones y en lo que corresponde a las autoridades estatales, éstas ya se han anticipado al cancelar los procedimientos que pudieran generar conflictos con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Con su petición, el dirigente nacional priista ratifica, parcialmente, su postura de «limpiar la casa», pues no ha dicho una palabra del «usted disculpe» de su amigo el Presidente Enrique Peña Nieto acerca del affaire de la Casa Blanca.

También le falta cumplir la otra parte de su compromiso al tomar posesión: Velar por que los funcionarios emanados de otras fuerzas políticas cumplan también, a cabalidad, las exigencias de legalidad y transparencia.

En el estado de Veracruz la figura del Fiscal Anticorrupción será incorporada a partir de que se haya dado el relevo en la gubernatura. Tampoco participará Javier Duarte de Ochoa en la conformación de la Sala Anticorrupción del Poder Judicial. El próximo Contralor General del Estado, que según las reformas recientes, deberá ser ratificado por dos terceras partes del Congreso local, tampoco será propuesto por el actual gobierno.

El «blindaje» del que se hablaba ya no existe, por lo que la resolución de la Suprema Corte quedará sólo como mera referencia sobre algo que se intentó hacer y que al final no se concretó.

¿Quién en el PRI -o en el Gobierno Federal- está tan interesado en mantener la lumbre en los tres estados señalados?

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