Este martes habría presentado su renuncia a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) Carol Jéssica Moreno Torres, luego de los problemas que se han generado en últimas fechas con sindicatos magisteriales estatales que se manifiestan y bloquean constantemente la dependencia.

Esta información no se ha confirmado de manera oficial por la autoridad; sin embargo, fuentes consultadas al interior de la propia dependencia educativa afirman que se habría separado del cargo este martes, aunque dicha dimisión pudiera ser oficializada en las próximas horas o días.

Carol Jéssica Moreno Torres llegó en lugar de Vicente Benítez a la Oficialía Mayor el pasado 25 de febrero, dentro de cuestionamientos por su relación familiar con el aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, ya que es pareja de Arturo López Obrador, hermano de “El Peje”.

Se llegó a especular que la llegada de Moreno Torres a esa posición vital en la SEV, era el respaldo electoral de López Obrador en el proceso en Veracruz.

Sin embargo, las constantes manifestaciones de gremios magisteriales que solicitaban su salida de la institución, habrían hecho eco y desde hace varias semanas le solicitaron su renuncia hasta en tres ocasiones, misma que se habría consumado este día tras casi cinco meses en el cargo, según fuentes consultadas.

Se maneja como probable relevo en la Oficialía Mayor a Oswaldo Leyva García, actual jefe de Recursos Humanos de la SEV.

Dice Miyuli que les descubrió más propiedades a Mota y Spinoso

Durante la conferencia de prensa ofrecida este martes por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, no sólo hubo señalamientos contra el actual secretario estatal de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sino contra dos legisladores federales que pasaron por la Secretaría de Educación de Veracruz: Adolfo Mota Hernández, ex titular de la dependencia; y Edgar Spinoso Carrera, ex oficial mayor.

En su discurso ante los medios informativos, Yunes Linares dejó claras dos cosas: primero, que hay un esfuerzo por investigar a todos los funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno veracruzano; y segundo, que al interior de las actuales dependencias sobra quien aporte información sobre las transas; es decir, para ser propios, sobre los presuntos actos de corrupción.

“Estamos trabajando ya en el área en que hay mucho más créditos que pagar, que es en educación; ayer recibimos información de bienes inmuebles adquiridos por el secretario Adolfo Mota; por el ex subsecretario Edgar Spinoso; y por otros funcionarios… realmente da pena que estos funcionarios de gobierno pensaron que toda la vida seguirían así, con esta corrupción e impunidad”, sostuvo Miguel Ángel Yunes.

Una “pobre” dirigente de “izquierda”

Y en una nueva historia de cómo la política es una profesión altamente productiva, vaya que llama la atención la declaración patrimonial de la nueva dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales.

Resulta que la ex lideresa de las aeromozas es propietaria de una casa en la Ciudad de México con un valor de 13 millones 300 mil pesos, adquirida a crédito en 2014; un departamento de ocho millones 123 mil pesos en Acapulco y otro más en la capital del país, así como un terreno en el Estado de México.

Además, y muy “a tono” con su militancia de “izquierda”, Barrales compró en 2013 un automóvil Mercedes Benz de 533 mil 900 pesos, el cual pagó, por qué no, de contado.

Le confiscan bienes al ex gobernador panista de Sonora

Donde por fin empezaron a concretarse acciones penales en contra de un ex gobernador es en el estado de Sonora.

La Fiscalía Anticorrupción de aquella entidad aseguró 19 propiedades del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías y dos de sus ex colaboradores en la administración estatal, como parte de las investigaciones que se les siguen por presunto enriquecimiento ilícito.

El aseguramiento se llevó a cabo desde el 14 de julio, pero fue hasta ahora que se confirmaron las diligencias correspondientes en contra de Padrés, a quien de poco le servirá que los actuales funcionarios sonorenses no puedan mencionar su nombre asociado a las investigaciones que tiene abiertas o a la corrupción.

Con que se lo “traben” con lo que se “comió”, es más que suficiente. Y eso que es un “impoluto” panista.

“Duarte quiere heredarnos el infierno”: Barcelata

Bajo el título de “Veracruz. Javier Duarte quiere heredarnos el infierno”, el destacado economista Hilario Barcelata Chávez, afirma en su artículo que “el incremento del gasto público en 1,296 millones de pesos, derivado de la “basificación” de 7,800 trabajadores del gobierno del estado, impedirá cumplir con las metas de reducción del gasto corriente contenidas en el “Plan de ajuste de las finanzas públicas” que el gobierno elaboró y se comprometió a cumplir, como condición para contratar un crédito con Banobras, para reestructurar la deuda pública”.

“El incumplimiento de estas metas, provocará que Banobras solicite que se aplique la “Pena del Incremento del Porcentaje del Fondo de ahorro del FAFEF”. Esto significa que mensualmente al gobierno del estado le serían retenidos 135.5 millones de pesos de ese fondo (75% del total mensual) que normalmente se le entregan, ya que el restante 25% se utiliza para el pago de la deuda.

Veamos:

“El 17 de diciembre de 2015, el gobierno del estado contrató un crédito con Banobras por 5,000 millones de pesos (mdp) con el fin de utilizarlo para liquidar parte de la deuda pública. El crédito quedó respaldado con el 25% de los ingresos derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Para ello se constituyó un fideicomiso que es quien recibe los recursos del fondo, retiene el 25% para pagar la deuda y el resto lo entrega al gobierno estatal.

“Para la contratación de este crédito, el gobierno de Veracruz quedó obligado a implementar un Plan de Ajuste para reducir su enorme déficit fiscal y garantizar el pago del crédito. Por ello puso en operación un plan de contención del gasto público a través del llamado “Plan de Ajuste para Servicios Personales (PASP) 2015-2022” para reducir en 1,467 mdp el gasto en salarios, mediante un recorte de 3,894 puestos de trabajo.

Esta reducción del gasto en servicios personales estaba compuesta por:

       *La disminución de la Nómina educativa en 1,187 mdp,

       *la disminución en el rubro de Burocracia que sería de 155 mdp y

       *el gasto en Seguridad de 127 mdp

“La reducción de plazas más importantes se darían en: la Secretaría de Seguridad Pública donde se recortaría 607, en la Secretaria de Finanzas y Planeación donde la reducción sería de 125 plazas. De igual modo en la Secretaría de Educación se realizaría una disminución de  2,894 plazas. Esto suma un total de 3, 894 plazas”.

Por cuestiones de espacio, no podemos reproducir todo el artículo de Barcelata, pero vaya que sus reflexiones son muy interesantes.