En la conciencia popular prevalece la idea de que los burócratas que tienen plaza son los más güevones en el desempeño de sus tareas; las razones son varias: el sindicato les brinda un manto protector, han sobrevivido a muchos jefes de todos calibres, gozan de estabilidad laboral y prestaciones, pero en detrimento suyo, también tienen los sueldos más bajos y están excluidos de un verdadero sistema de escalafón que les motive a trabajar en la búsqueda de ascensos.

Del otro lado están los de confianza. Generalmente muestran más compromiso porque ocupan cargos de mayor responsabilidad, gozan de la cercanía de los titulares, su sueldo es mucho mayor, pero en su contra juega la poca estabilidad laboral y la falta de prestaciones. Su capacidad y experiencia se ve rebasada por su afinidad con alguna corriente política; son las primeras víctimas de los cambios de administración.

Pero en esta figura también se refugian las avionetas, es decir, aquéllos familiares, amigos, novias y cuijes que realizan el esfuerzo de acudir cada quincena a revisar en el cajero automático que ya haga caído su pago. En el fondo, esta disparidad provoca que los grupos de trabajo se fracturen, se envidien, se zancadillen; que no haya una cultura laboral eficiente, y que la ley del servicio civil de carrera tenga la misma utilidad que un apéndice. Ninguna.

En el fondo, ese es el verdadero conflicto que genera la iniciativa de basificar a trabajadores de confianza en el gobierno estatal. Nadie está en contra de mejorar las condiciones y la seguridad laboral de los buenos empleados, sin embargo, si se hace de manera discrecional y perversa, se habrá de engrosar a una de por sí obesa e inútil burocracia, sin ningún beneficio del usuario final, es decir, los ciudadanos.

Y las sospechas son fundadas. La iniciativa es omisa en el catálogo de puestos, de sus remuneraciones, del proceso de escalafón, de las antigüedades y muchas otras condiciones necesarias, lo que abre la puerta para que los aviadores se conviertan en trabajadores de pleno derecho, aunque no tengan una silla donde sentarse. ¿Realmente los veracruzanos requieren de un gobierno tan grande?

Otra vez, el conflicto entre los que se van y los que llegan dinamitó una iniciativa que de origen se presentaba justa, lógica y necesaria. La basificación ya se había venido discutiendo meses atrás, bajo la consideración de tres beneficios específicos muy importantes, donde todos saldrían ganando.

Ante la precaria situación económica del estado, la propuesta consistía en que el sueldo se mantendría en el mismo nivel, pero de ahí se tomarían las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado.

De esta forma, el IPE tendría una mayor base de recaudación, aliviando un poco su dramática condición financiera; el Gobierno estatal no tendría que desembolsar mayor presupuesto en sueldos y salarios, y los trabajadores, aunque podrían ver disminuidos sus ingresos por las aportaciones de ley, lo aceptarían de buena gana, ya que les representaba seguridad laboral a futuro.

Pero no se hizo. Tuvo que llegar el armagedón de la aldea para que la iniciativa se precipitara de las peores formas. Vendrán amparos, despidos y controversias, en los que seguramente se irán muchos trabajadores que realmente merecían contar con una plaza después de varios años de trabajo.

En toda esta vaina, insisto, nadie ha dicho en que se beneficiarán los veracruzanos – ¿nos atenderán mejor en Hacienda, habrá más personal médico, serán más eficientes en las salas de espera de las dependencias, mejorarán el trato al público?-, para quienes finalmente trabajan todos los burócratas del Estado. Esa es la contracultura laboral que se vive en Veracruz.

La del estribo…

“Empresas fantasma, en la lista de las que se liquidarían con el impuesto a la nómina”. ¿Torpeza, cinismo o desesperación? Muchos apuestan a las tres… Por cierto, sigue a la alza el mercado de facturas apócrifas para justificar lo pasado y que las pague el que viene: en medios de comunicación son millones..!