Días después de que el presidente Enrique Peña Nieto viniera el 10 de noviembre de 2015 a inaugurar el Clúster Científico y Tecnológico BioMimic del Instituto Nacional de Ecología, en el municipio de Coatepec, el gobernador Javier Duarte afirmó personalmente a un grupo de periodistas que sobre el tema de la sucesión el mandatario mexicano le habría dicho: “Javier, nunca me has fallado, pero esta es la decisión más importante de tu vida, no te puedes equivocar”.

Duarte llegó a presumir también que “el Presidente me tiene una estima que la siento en los hechos. Nunca he tenido un ‘no’ del Presidente. Todo lo que le he pedido siempre me ha dicho que sí”.

Pero este lunes 11, Duarte recibió un golpe demoledor de Peña Nieto, quien instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad para revertir las medidas en materia de corrupción que el gobernador acababa de turnar al Congreso local, entre ellas los nombramientos del Contralor General del Estado, del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción –los cuales fueron retirados la semana anterior porque no obtuvieron el consenso ni de los propios diputados locales del PRI–, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que dependerá de la Fiscalía General de Veracruz y de la Sala Especializada en materia anticorrupción que estará adscrita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

¿Qué pasó entre Duarte y Peña, si hace ocho meses todavía el gobernador se ufanaba de que “el Presidente me tiene una estima que la siento en los hechos” y que “nunca he tenido un ‘no’ del Presidente” sino que “todo lo que le he pedido siempre me ha dicho que sí”?

Según parece, tal como se lo habría advertido el propio mexiquense –“Javier, nunca me has fallado, pero esta es la decisión más importante de tu vida, no te puedes equivocar”–, Duarte erró antes y continuó derrapando después de la elección de su sucesor.

El pasado sábado 25 de junio, en un programa especial transmitido por TV Azteca, el Presidente le declaró a la conductora Ana María Lomelí que “no tolero la mentira, el engaño, que se me oculten cosas”. Y Duarte, como jefe político del priismo veracruzano, le habría asegurado que tenía el control político hasta de la oposición, por lo que su partido no perdería el gobierno de la entidad, considerada la joya de la corona por la magnitud de su padrón electoral.

Ahora, ante el riesgo de perder también el año próximo la gubernatura del Estado de México –su entidad natal y la que posee el mayor número de votantes en el país–, lo que prácticamente pondría al PRI con un pie fuera de la Presidencia de la República en el 2018,  Peña Nieto, de la mano de su poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, parecen estar dispuestos a enderezar el rumbo del partido tricolor, para lo cual decidieron enviar al ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, a la dirigencia nacional para debatir con los líderes de la oposición sobre los grandes temas nacionales como las reformas estructurales y el combate a la corrupción, además de proceder de manera simultánea contra los peores gobernantes priistas que se han erigido en íconos de la impunidad.

Así, pues, por un lado el Presidente instruyó a la PGR para impugnar ante la SCJN los actos inconstitucionales de Duarte en Veracruz, y por el otro Videgaray, a través del SAT, estaría por cerrar la pinza contra la red de funcionarios duartistas señalados de enriquecimiento ilícito y por el desvío de miles de millones de pesos de fondos federales.

Y es que en su discurso de renuncia, el lunes 20 de junio, el ex dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones había remarcado ante los miembros de la Comisión Política Permanente del CEN priista que “es imprescindible, es necesario que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos; de los legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI” y que “que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad”, pues parafraseando a Luis Donaldo Colosio recordó que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.

“No tengo duda: estamos obligados como nunca antes a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos; de todos ellos, votantes priistas o de otros partidos que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad. Donde quiera que esta se encuentre. Quieren que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas (…) No están satisfechos con solamente enterarse que ‘vamos bien’, sino que quieren ‘sentirse bien’”, expuso Beltrones, quien consideró necesario que la Presidencia de la República vaya contra los corruptos, los impunes y los inútiles.

Al PRI y a Peña les urge reivindicarse, pues hace una semana el diario El Universal dio a conocer una encuesta de Buendía&Laredo que reveló que el 63 por ciento de los encuestados reprueba “mucho o algo” la gestión del Presidente. Y la administración de Duarte está peor calificada.

Por eso este lunes, mientras el senador Pepe Yunes Zorrilla saludó la decisión de la Presidencia de la República de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra del “blindaje” que pretendió hacerse el gobernador Javier Duarte a través de las reformas y nombramientos que intentó sacar adelante en el Congreso de Veracruz, su homólogo Héctor Yunes Landa, ex candidato a la gubernatura, en conferencia de prensa urgió al mandatario veracruzano a que por dignidad se separe ya del cargo de manera definitiva.

Y es que aún le faltan casi cinco meses a su desastrosa administración, cuyo repudio popular seguirá resintiendo el PRI, que en 2017 deberá someterse otra vez a la prueba de las urnas en la elección de los 212 ayuntamientos veracruzanos, previa a la sucesión estatal y presidencial de 2018.

Sin embargo, la tarde de este mismo lunes, los 20 diputados y diputadas federales del PRI y del Partido Verde, a través de un comunicado que firmaron de manera conjunta, cerraron filas en torno al gobernador Duarte de Ochoa y reiteraron que lo acompañarán hasta la conclusión de su encargo constitucional, el 30 de noviembre de este año.

En la misiva dirigida a la opinión pública, los legisladores subrayaron su apoyo “de manera incondicional” a Javier Duarte, quien –refirieron– “ha sido el gobernante con la mayor cantidad de sufragios a su favor en la historia de nuestro estado, con casi un millón cuatrocientos mil, lo que le da su irrefutable legitimidad”.

Con esta evidente división en el priismo veracruzano y la rebelión que se ha asomado entre algunos grupos del tricolor en el plano nacional por la imposición de Enrique Ochoa en la presidencia del CEN del PRI, ¿podrá el Revolucionario Institucional recuperarse electoralmente en la próxima sucesión municipal en Veracruz que será el preámbulo de la elección del siguiente Gobernador y Presidente de la República en 2018?