Lo publicó este lunes el periódico Milenio, en su columna de Trascendidos: «Que en las próximas horas los diputados de Quintana Roo citarán a un periodo extraordinario para realizar cambios constitucionales que le permitirían al gobernador Roberto Borge terminar su periodo con toda tranquilidad, pues podrá nombrar al titular de la Auditoría Superior del Estado por un periodo de siete años, con lo que dejaría atado de manos al gobernador electo Carlos Joaquín. Por si no bastara, el cambio le facultaría para nombrar a dos magistrados numerarios, un supernumerario y sustituir al procurador por un fiscal general que dure nueve años en el cargo. El colofón, disminuir penas por delitos contra la administración pública. A ver si lo dejan».

¿Le suena?

Sí, se trata de un escenario muy similar al que presenta Veracruz.

Ya en este mismo espacio se había anticipado. El medio año de distancia entre la elección y la toma de posesión, le brinda a Javier Duarte un amplio margen de maniobra para «blindarse» ante la tan anunciada embestida jurídica de Miguel Ángel Yunes Linares en su contra.

El propio Gobernador Electo externó su disgusto al corroborar que el actual Congreso local, con amplia mayoría duartista, se aprestaba a elegir al primer Fiscal Anticorrupción y calificó de «irresponsables» a los actuales legisladores por pretender arrebatarle una prerrogativa que él cree que debe ser suya.

El dilema es que en la próxima Legislatura local, el PAN no alcanza con sus diputados ni siquiera la mayoría simple, y sumando los votos de sus aliados del PRD, tampoco consigue mayoría calificada, requisito indispensable para destrabar los candados que está poniendo Javier Duarte antes de marcharse.

La única solución viable sería negociar con Morena.

Ese partido, que tras la elección se posicionó como la segundas fuerza política de la entidad, aclaró a través del Presidente de su Consejo Estatal, Carlos Andrés Morales, que están en contra de que el próximo Fiscal Anticorrupción sea nombrado por el actual Congreso, pero no han decidido qué medidas habrán de tomar, y a la vez rechazó que pretendan promover la destitución del actual Fiscal General, Luis Ángel Bravo, como lo había declarado días antes una de las legisladoras electas de ese órgano político.

Así pues, el camino para el cumplimiento de la principal, promesa de campaña de Miguel Ángel Yunes Linares (meter a la cárcel a Javier Duarte) se torna complicado.

Además, apenas este lunes el Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, confirmó que con el nuevo sistema de justicia penal prácticamente se acabó la prisión preventiva. Sólo uno de cada 100 acusados irá a la cárcel de manera oficiosa, pues la ley sólo prevé nueve conductas penales para aplicar prisión preventiva: homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas, ilícitos contra la seguridad de la nación, corrupción de menores y delitos contra la salud.

Ya no podrían aplicarle a Javier Duarte y a sus colaboradores la misma táctica jurídica empleada allá por los 90’s contra Dante Delgado, Gerardo Poo y Porfirio Serrano.

Otra opción que podría buscar el próximo Gobernador de Veracruz es requerir a la justicia federal, aunque por esa vía tampoco hay muchas esperanzas.

Y si no lo cree, le puede preguntar a la actual Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien exigió a la PGR, a través de un video no dejar impunes a los ex funcionarios que defraudaron la entidad.

Aunque no lo mencionó por su nombre, el principal objetivo es el ex Gobernador Guillermo Padrés Elías.

Alguien que se había aventurado a demandarle a Javier Duarte que rindiera cuentas, era el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien la noche del lunes, en sesión de la Comisión Política Permanente del tricolor, renunció a su cargo en el Partido.

En su mensaje llamó a los priistas a reflexionar sobre lo que ocurrió en la elección del 5 de junio. Rechazó, de plano, la opinión de que con otros candidatos los resultados habrían sido diferentes y terminó por cuestionar la voluntad ciudadana plasmada en las urnas, pues lamentó que se hayan extraviado las corrientes políticas, o que se fortalecieran posturas conservadoras contra las preferencias sexuales.

Dijo que la izquierda se radicalizó y pretendió llevar a las calles la discusión de las reformas.

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