Aunque hace unos días, en la reunión del Consejo Mexicano de Negocios, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que, en efecto, el combate a la corrupción era un pendiente de su gobierno –“No escapa, no es omiso ni es insensible ante lo que está en la demanda de la sociedad mexicana… es claro que hay un sentido social y una demanda entre la sociedad porque, a profundidad y a fondo, vayamos a combatir la corrupción”, según dijo–, pero en los hechos el jefe del Ejecutivo federal y los grupos legislativos de su partido y aliados en el Congreso de la Unión no han correspondido cabalmente a la exigencia ciudadana de aprobar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que obligue a los funcionarios a hacer públicos todos sus bienes y los de sus dependientes económicos, tal como planteó este lunes Eduardo Bohórquez, quien en un hecho sin precedentes, al hablar en representación de la sociedad civil ante las comisiones del Senado de la República, urgió que la iniciativa de la llamada “Ley 3de3” sea aprobada exactamente igual como la propusieron los más de 634 mil mexicanos que firmaron el proyecto.

“Los esfuerzos para acercar la propuesta legislativa a la expectativa social son claramente insuficientes”, advirtió Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, quien a nombre del colectivo expuso que “por eso, proponemos que el Congreso abrace la iniciativa ciudadana 3de3 con los formatos que han sido utilizados ya por más de 700 candidatos y servidores públicos, 22 gobernadores (en funciones) y gobernadores electos, y seis gabinetes estatales enteros de todos los partidos políticos”.

El formato original de los ciudadanos pide al funcionario declarar su ingreso neto, remuneración mensual, otros ingresos, por inversión financiera, servicios personales o asesorías; sus bienes por tipo, ubicación, superficie, operación para la compra, fecha de adquisición y valor de la misma. También contempla las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, pero con el detalle de la institución financiera, el país donde se localiza y el detalle de los saldos. En todos los casos, los formatos contemplan la misma información para los cónyuges y dependientes económicos.

Además de exigir la “3de3” completa, los ciudadanos solicitaron al Senado que los formatos sean diseñados por el nuevo Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, y que éste sea “quien proponga al Comité Coordinador los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos”, expuso Bohórquez, quien al hablar en nombre de otros representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada, aclaró a los legisladores que los ciudadanos no pretenden ridiculizarlos ni hacer escarnio de su riqueza.

Además, les recordó que la tendencia internacional ha provocado que unos 70 países pongan en marcha el sistema de declaraciones como herramienta clave para combatir la corrupción.

Sin embargo, esta exigencia ciudadana ha representado el principal desacuerdo que está trabando la aprobación de las leyes anticorrupción. Y es que, por ejemplo, las bancadas del PRI y PVEM en el Senado propusieron un adéndum al proyecto de dictamen de Ley de Responsabilidades que podría mantener en la opacidad el patrimonio de funcionarios con el pretexto de no afectar su privacidad. La propuesta del Artículo 29 condiciona que “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo en los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

Ello ha provocado también que representantes de organismos y cámaras empresariales expresaran su preocupación por el contenido del dictamen que pretende aprobar el Senado en materia de responsabilidades de particulares y personas morales en casos de corrupción. Inclusive se ha anunciado para este jueves 16 una manifestación que miembros del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex y de la Concamin realizarán en la Ciudad de México ante el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, para exigir un Sistema Nacional Anticorrupción que obligue a gobiernos y funcionarios a rendir cuentas. Y es que este viernes concluye el periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República para elaborar este nuevo marco legal que dé certeza a un verdadero combate a este vicio que ha estancado al país, estableciendo cárcel para los corruptos, ciudadanizando el sistema, publicitando las declaraciones de los servidores públicos, tipificando los delitos y determinando sanciones, otorgando facultades investigadoras y sancionadoras a la Auditoría Superior de la Federación, reformando el Código Penal para la tipificación y penalidad de actos de corrupción, así como crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y dotarla de Ministerios Públicos, Investigadores y herramientas científicos, entre otros.

Si Peña Nieto y los aspirantes priistas a sucederlo en la Presidencia de la República en 2018, así como los senadores del tricolor que en ese mismo año buscarán ser candidatos a las gubernaturas –verbigracia el veracruzano Pepe Yunes Zorrilla– no logran satisfacer plenamente esta reiterada demanda de la sociedad civil, que no les extrañe que en los próximos comicios el electorado les vuelva a repetir el mismo voto de castigo que les acaba de recetar en la jornada electoral del domingo 5 de junio, en la que perdieron los gobiernos de siete entidades, entre ellas Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, donde el PRI mantuvo su hegemonía durante 87 años.