A estas alturas de la contienda por la sucesión en el gobierno del estado, han tenido mucho más impacto los hechos violentos registrados en territorio veracruzano que la agenda, actividades, discursos y propuestas de los candidatos.

El baño de sangre que se registra en Veracruz resulta mucho más escandaloso y, por supuesto, preocupante que la guerra de lodo entre los aspirantes a suceder a Javier Duarte.

Cuando faltan diez días para la jornada electoral del domingo 5 de junio, los hechos violentos que se observan en Veracruz son cada vez más impactantes, escalofriantes, frecuentes y extendidos.

Podríamos decir, incluso, que la violencia se ha generalizado hasta alcanzar a todas las regiones de la entidad.

El levantón ocurrido el pasado sábado en el interior de la iglesia Santa Rita de Casia, en el Puerto de Veracruz, por ejemplo, provocó un ambiente de tensión entre la feligresía católica; la Arquidiócesis de Xalapa emitió un duro comunicado en que expresa su preocupación con relación a la violencia que se registra en la entidad, y llama a las autoridades estatales a tomar medidas para enfrentar el problema.

Un día después, el domingo, se produjo el atentado en el antro “Madame”, de Xalapa, con un saldo de 5 personas muertas y al menos 15 heridos; sobre estos hechos, muy atinada fue la definición del alcalde Américo Zúñiga Martínez, quien expuso que esta ciudad, siendo una de las capitales estatales con los índices delictivos más bajos, no tenía antecedentes de una masacre de esos niveles.

La sociedad de Xalapa, dijo Américo, está en shock, lo que resulta comprensible dada la relativa tranquilidad que normalmente se respira en la capital en materia delictiva.

Por supuesto, si un hecho de esas dimensiones se hubiera registrado en una zona catalogada como foco rojo en materia de inseguridad y violencia, como Pánuco, por ejemplo, no hubiera provocado el impacto que tuvo el atentado en el antro mencionado, entre la sociedad xalapeña.

Todavía no baja la ola de preocupación y alarma generada por el homicidio múltiple ocurrido en Xalapa, cuando la madrugada del pasado martes surgió otra noticia, igualmente atroz, en Amatlán de los Reyes, zona centro de Veracruz, donde fueron hallados los restos de cinco personas, cuyos cuerpos estaban desmembrados. En ese caso se habla del enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales que se disputan el control del territorio y esa es una de las líneas de investigación que siguen, de manera oficial, las autoridades.

Ese mismo día, el martes, dos jóvenes fueron asesinados a balazos y encontrados en la carretera estatal Jamapa-Zacatal.

Debido a hechos como los mencionados, la duda que ha comenzado a surgir entre los analistas políticos se refiere a ¿cómo influirá la percepción de inseguridad en las elecciones veracruzanas? y, por otro lado, al partido o candidato que sería beneficiado, en caso de que la participación ciudadana el día de la elección termine por desalentarse.

En pocas palabras, ¿a quién beneficiaría una posible escasa concurrencia de ciudadanos en las casillas electores?

Este martes, Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, sostuvo que cuatro entidades son consideradas como focos rojos en materia delictiva: Oaxaca, Tamaulipas, Puebla y Veracruz; en todas ellas, pero particularmente en las dos últimas, el tricolor enfrenta un escenario sumamente complicado.

Gobierno estatal, el escándalo crece

Una revista digital dio a conocer este martes en un amplio trabajo periodístico, una red de corrupción que involucraría al gobierno veracruzano con la asignación de contratos a empresas fantasma.

Dicho trabajo, que fue retomado por medios de Veracruz y del ámbito nacional, establece que al iniciar el presente sexenio fueron creadas empresas que dejaban de existir una vez que recibían los pagos por contratos correspondientes a trabajos o servicios que nunca realizaban.

Con ese mecanismo, apunta el reportaje, el gobierno estatal habría desaparecido más de 645 millones de pesos durante 2012 y 2013. Se habla de 73 contratos con empresas inexistentes.

Este miércoles, en el seguimiento a dicho trabajo, se revela que el ejecutivo veracruzano enfrentaría no una, sino 34 denuncias ante la Procuraduría General de la República, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En esas denuncias van incluidas 15 que se relacionan a la simulación de reintegros por 4 mil 770 millones de pesos. Los delitos que se atribuyen al ejecutivo veracruzano pasan por peculado o malversación de fondos públicos; uso indebido de atribuciones o facultades; y ejercicio indebido del servicio público.

Evidentemente, estaba muy equivocado quien pensaba que el temporal contra Duarte de Ochoa había terminado.

El tema, por supuesto, no sólo pasa por las presuntas conductas delictivas del gobierno del estado, su titular y su primer círculo, sino por la afectación que registrará la campaña priista; el reportaje se difunde en el peor momento para el PRI, cuando falta ya muy poco, menos de dos semanas, para la jornada electoral. @luisromero85