Aparte de la información generada por campañas electorales hay otros temas que igualmente son importantes, el accidente en el complejo petroquímico Pajaritos ha pasado a segundo término por el bombardeo mediático que hay, gracias a las nuevas formas de mediatizar candidatas y candidatos a puestos de elección popular.

De lo más reciente acerca de la explosión podemos comentar que están pendientes los resultados que Greenpeace presentará del análisis a muestras de agua y tierra tomadas en la zona del siniestro. De acuerdo con un comunicado de la organización, las muestras fueron tomadas en cuatro puntos, dos de ellos río debajo de la planta Pajaritos y los otros dos río arriba. Cada muestra se obtuvo mediante protocolos de bioseguridad y científicos. El coordinador del muestreo es Miguel Rivas, quien afirma: “Consideramos que ha habido opacidad en el manejo de la información referente a este siniestro. Hasta ahora no se sabe con exactitud el número de muertos, en qué zona de la planta petroquímica se generó la explosión, qué otros químicos había en las instalaciones en ese momento”.

Rivas considera que es muy importante buscar la verdad sobre la presencia de tóxicos y dar esa información a la población ya que, según el consultor ambiental Lorenzo Manuel Bozada, los habitantes de la zona han sido expuestos a un baño de toxinas.

Otra especialista a levantado la voz, se trata de Lilia Albert, premio de toxicología de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, reconocida en el ámbito universitario por su trabajo en el tema; ella afirma que la explosión del pasado 20 de abril en el complejo Pajaritos puede ser una de las catástrofes ambientales más graves de los últimos años en el país. Albert destaca que en México no existen leyes para estos casos de sustancias tóxicas, y asegura que en las muestras que Greenpeace ha tomado hay dioxinas, sustancia que propicia la aparición de cáncer según estudios internacionales; por lo que también asegura Albert Palacios que una remediación en la zona está fuera del presupuesto del país pues «consecuencias en la vida real las va a haber y muy graves, lo que no va a haber, por ejemplo, es que haya una autoridad que vaya a ser sancionada por decir mentiras, sancionada por no seguir protocolos», puntualizó.

Esperemos los resultados que la organización Greenpeace presente, y no tomarlos a la ligera pues el mismo gobierno estatal cambió ciertas posturas de comunicación después de las declaraciones de especialistas pertenecientes a la ONG. Nadie puede tapar ya los comentarios entre familiares y sobrevivientes acerca del número real de personas que se encontraban en donde hubo la explosión, muchos retomados por medios electrónicos y difundidos por la sociedad en redes sociales, tampoco olvida la sociedad que se trata de una instalación paraestatal operada por una empresa particular y es ahí donde recae la responsabilidad económica y moral, porque la política es de las autoridades que pretenden manejar a modo una tragedia que terminó con la vida, patrimonio y futuro de muchos ciudadanos y familias del sur de nuestro estado. Escriba a mrossete@nullyahoo.com.mx formatosiete@nullgmail.com www.formato7.com/columnistas

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