A casi ocho meses de que concluya la presente administración, no son pocos los veracruzanos que a estas alturas del sexenio se preguntan qué fue lo que realmente cambió en Veracruz, tal como lo presume el régimen duartista en sus spots propagandísticos difundidos desde noviembre del año pasado luego del quinto informe de gobierno.

Y es que, en lo administrativo, la percepción general es que no ha habido orden ni disciplina en el gasto público. Por más que se diga lo contrario, ahí están los reclamos por pagos pendientes a la Universidad Veracruzana, al Instituto de Pensiones del Estado, al magisterio, a constructores, medios de comunicación y, ahora, hasta al Órgano Público Local Electoral y al Tribunal Electoral de Veracruz, encargados de organizar y legitimar los comicios de junio próximo. A ello habría que agregar también el cúmulo de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación por el presunto desvío de miles de millones de pesos.

¿En procuración de justicia estaremos ahora mejor que antes? En cuanto a equipamiento físico por supuesto que sí. En los últimos años se han hecho inversiones  millonarias para acondicionar y dignificar inmuebles y mobiliarios. ¿Pero de qué sirve todo eso si la opinión de la mayoría de los veracruzanos es que la justicia se sigue vendiendo al mejor postor? Ahí está el vergonzoso caso de “Los Porkys” de Boca del Río, en el que una jovencita es doblemente victimizada: primero por los cuatro juniors que presuntamente la violaron, y ahora por sus padres y abuela que la han expuesto al escarnio público, presionando a la Fiscalía General del Estado con desplegados periodísticos y marchas callejeras que partidos políticos y candidatos de la oposición pretenden capitalizar en la actual coyuntura electoral.

El rencor y enojo social acumulado por la impunidad que campea en Veracruz es de tal magnitud que ya tampoco la joven supuestamente violada es la única víctima, sino que ahora están siendo gravemente dañadas por el linchamiento mediático las hermanas, madres y demás familiares inocentes de los presuntos abusadores, los cuales ya fueron juzgados y condenados a priori por la vox populi. Así que aunque la Fiscalía, luego de una escrupulosa investigación apegada totalmente a derecho y supervisada por observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas –tal como lo anunció este lunes el propio fiscal Luis Ángel Bravo Contreras– los llegara a exculpar, ¿quién va a creer en la inocencia de Los Porkys? ¿Cuántos años deberán pasar para que las víctimas y las familias afectadas logren superar esta traumática situación?

En materia de seguridad pública, Veracruz ha vuelto a ser noticia nacional. Ahora por los policías municipales de Papantla implicados en la desaparición de tres jóvenes, tal como sucedió en enero de este año en Tierra Blanca pero con policías estatales.

En este caso llama la atención la desfachatez del alcalde Marcos Romero Sánchez, del PRD, quien en conferencia de prensa reconoció que de los 183 elementos adscritos a la Policía Municipal, 32 –casi el 20 por ciento– no pasaron el examen de confiabilidad, pero que aun así continuaron trabajando de manera normal, ya que ante la falta de recursos no había sido posible liquidarlos, pero que ya se ha lanzado la convocatoria para la contratación de nuevos elementos. Sin embargo, entre los sietes policías detenidos este lunes por la Fiscalía, destaca el comisario Bernardino Olmedo Castillo, que fue nombrado y dependía directamente de él.

En la zona norte, como en otras regiones de Veracruz, la delincuencia organizada sigue permeando los cuerpos policiacos y cooptando a las autoridades municipales.

¿Esta situación la ignoran los gobiernos federal y del estado? Es de suponerse que no. Por ejemplo, ¿cuántos años dejaron actuar impunemente a Ciro González Pérez (a) “El Puchini”, también identificado como el “Z-37”, quien tenía bajo su mando toda la región norte de Veracruz que controlaba desde Poza Rica, aparte de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato?

“El Puchini” fue detenido hasta octubre de 2015 en una acción conjunta de las fuerzas federales realizada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. A este presunto delincuente se le atribuía la ola de violencia en el estado de Veracruz, principalmente en la región de Poza Rica, donde habría sostenido distintos enfrentamientos con grupos delincuenciales antagonistas, así como con autoridades locales y federales, dejando decenas de muertes. De acuerdo a informes de inteligencia, el “Z-37” formó parte de los grupos de élite del Ejército, y es considerado como integrante de la segunda generación de los fundadores de Los Zetas. Al momento de su detención, se le aseguraron un fusil de asalto, un arma corta y aproximadamente 570 gramos de cocaína, que, según manifestó, era la parte restante de 10 kilogramos que había recibido la semana anterior y que fueron distribuidos por medio de narcomenudeo en Veracruz.

Un año antes de su aprehensión, en octubre de 2014, “El Puchini” había mandado a publicar en el influyente diario La Opinión de Poza Rica una esquela de plana entera en memoria de Heriberto Lazcano, “El Lazca” o “Z-3”, el líder fundador de Los Zetas.

El aviso luctuoso publicado en el rotativo veracruzano aludía al segundo aniversario del abatimiento del narcotraficante, muerto en un operativo de inteligencia militar en Progreso, Coahuila, el 7 de octubre de 2012 cuando presenciaba un partido de beisbol. La esquela fue firmada con el seudónimo “El Perrito de Evelio”. La reproducción de la publicación luctuosa se hizo viral en redes sociales porque contenía no sólo la imagen de Lazcano sino también una extensa apología sobre el ex militar y líder de esta organización criminal.

¿Con la detención de “El Puchini” desaparecieron Los Zetas del norte de Veracruz? Todo parece indicar que no. Ahora el jefe sería “El 512”, también conocido como “El Chacuaco”, que operaba desde Palma Sola hasta Tuxpan y estaba confrontado con González Pérez. Y si no, pregúntenle a Basilio Picazo Pérez, ex alcalde de Coyutla recién postulado por el PRI a la diputación local por el distrito de Papantla pese a haber sido implicado como autor intelectual del crimen del ex síndico Miguel Alfonso Vázquez, ejecutado en mayo de 2005.