El desafuero se ha convertido en una forma de amenaza entre las diferentes fuerzas políticas, que sólo en diez ocasiones ha llegado a su fin en la Cámara de Diputados, aunque la responsabilidad política y penal no se ha logrado imputar a estos servidores públicos.
A pesar de que el fuero es una figura jurídica incorporada a nuestro derecho constitucional desde las Cartas Supremas de Cádiz, y que se incluyó en la Constitución de 1857, no estuvo como tal en la de 1917 y fue hasta 1977 que se incorpora de manera textual el término “fuero constitucional”, convirtiéndose nuevamente en una figura jurídico-política.
De los más de 320 expedientes de solicitudes de juicio político que aún se encuentran vigentes, sólo el de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida como la Chapodiputada, por sus nexos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, inició con la instalación formal de la sección instructora.
Poco antes, diputados del PAN y PRD presentaron formalmente su demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Esta demanda continúa congelada como la del exprocurador Jesús Murillo Karam, los exmandatarios de Sonora, Guillermo Padrés Elías; de Nuevo León, Rodrigo Medina, o el exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entre muchos otros.
Sin embargo, y ante la necesidad de dar un vuelco al proceso electoral en Veracruz, para que sea el abanderado del PRI Héctor Yunes Landa quien gane la elección, se abre la posibilidad de que por vez primera en la historia del país un gobernador sea sometido a juicio político por instrucción de Los Pinos.