Como un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron solicitados.

Este lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente, aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE), mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.

En su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

La condicional establecida al final del artículo, la de la celebración de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a la más importante institución de educación superior en la entidad, la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pueda legalmente cobrarle a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.

Ante ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.”

De aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.

Con ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.

La grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en 5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.

Dóciles instrumentos de una insana reformitis

No es la única ocasión en que los diputados locales –salvo honrosas pero mínimas excepciones– se han prestado a aprobar reformas constitucionales retrógradas. Para no abrumar, pongamos por caso la ley antiaborto.

El 21 de enero, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución estatal con la que, según el creador de la iniciativa, Javier Duarte de Ochoa, quedó protegido el derecho a la vida del ser humano “desde el momento de la gestación hasta su muerte natural”, cancelando por esta vía la posibilidad de que se practique la interrupción legal del embarazo.

Según la justificación, la reforma busca resguardar “el más fundamental” de los “derechos del hombre”, que es el “derecho a la vida”, y fue aprobada de manera directa en menos de 72 horas por el pleno legislativo, sin haber sido analizada en comisiones.

Para no tener dudas sobre de dónde provino la excitativa, que convenció al gobernador y luego a los dóciles diputados, la reforma antiabortista —aprobada por 38 votos a favor y seis en contra— fue elaborada a petición de la organización civil “Sí a la Vida”, que en 2015 recabó 28 mil firmas ciudadanas en apoyo a esta enmienda legal.

La iniciativa de reforma establece que el concepto de “protección a la vida desde su concepción” responde a la reforma hecha en 2011 al artículo 1 de la Constitución mexicana, con la cual, toda norma relacionada con derechos humanos deberá interpretarse bajo los criterios que garanticen a la persona la protección más amplia.

Siguiendo esta lógica, la iniciativa de Duarte concluye que la protección más amplia del derecho a la vida humana debe abarcar desde la “concepción” misma, es decir, desde el momento en que un óvulo y un espermatozoide entran en contacto.

Aunque Duarte aseguró que ésta se sustenta “en los estudios científicos realizados por los especialistas en la materia”, la Corte ha reconocido que en México no existen estudios oficiales que permitan saber en qué momento inicia la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, o si la simple adhesión de estas dos células puede considerarse como prueba de surgimiento de la vida o de la esencia humanas.

En la introducción de su iniciativa, el gobernador Duarte también equipara la interrupción del embarazo con la “pena de muerte”, y a partir de esta comparación concluye que una acción es tan ilegítima como la otra.

A dicha conclusión llegó tras estudiar la definición del “derecho a la vida” que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2002, cuando discutía, precisamente, la legalidad de la pena de muerte.

Según esa definición, “nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia”. De esta forma, la reforma legal propiamente no protege el derecho a la vida de aquellas células conformadas por la unión de un óvulo y un espermatozoide humanos, sino que protege su derecho de audiencia.

Diputados locales, perezosos y dañinos

Y es que el Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües negocios a la sombra de la gestoría. A lo que menos se dedican sus diputados es a legislar y, cuando lo hacen, es por órdenes del Poder Ejecutivo y pueden acatar cualquier iniciativa sin mayor estudio, recibiendo en muchos casos el extrañamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello enfocado en sus intereses personales.

Para colmo, el de Veracruz es de los congresos más caros para los contribuyentes. Un estudio nacional arrojó que es de las Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de pesos anuales, arriba de la media nacional), y es de las legislaturas que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso, además de razones políticas, es producto de un calendario de sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el país.

Un estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.

Si bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177 días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más perezosos e improductivos.

¿Los veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un Congreso cuyos diputados dedican más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar en modernizar nuestras leyes y normas?

Si, para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final de cada legislatura.

Solo como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los congresos locales que más trabajan son los de los estados de Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de Veracruz, Campeche y Distrito Federal.

¡Y todavía salen sonrientes en las fotografías!

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