La mañana de este lunes 15, en conferencia de prensa convocada en el World Trade Center de Boca del Río para abordar el espinoso tema de la seguridad pública, el gobernador Javier Duarte aprovechó para desmentir los nuevos rumores de su supuesta renuncia. El mandatario estatal afirmó que sí dejará la gubernatura pero hasta el 30 de noviembre de este año, cuando finalice su sexenio, y que se la entregará a quien gane las próximas elecciones.

Y es que hace un par de semanas, en algunas columnas políticas, echaron a correr la versión de que Duarte de Ochoa sería incorporado al gabinete presidencial, en una posición menor. Inclusive deslizaron especulaciones absurdas, como esa de que su salida hasta podría formar parte de un acuerdo para que Miguel Ángel Yunes “declinara” como candidato de la alianza PAN-PRD. Vaya tomadura de pelo, ¡ni en el Día de los Santos Inocentes!

En los cinco años y casi tres meses que lleva su administración, el gobernador Duarte ha encarado y resistido crisis tan estridentes como la que hoy enfrenta por los desbordados apetitos de poder de quienes aspiran a sucederlo.

Todavía hace siete meses, en agosto de 2015, el mandatario veracruzano fue linchado mediáticamente por el multihomicidio de la Colonia Narvarte, en la ciudad de México, en el que se le quiso implicar porque entre las cinco víctimas figuraban el fotógrafo defeño Rubén Mendoza y la activista de derechos humanos nativa de Chiapas, Nadia Vera, que en junio habían salido de Veracruz por presuntas amenazas de muerte. Sin embargo, la Procuraduría capitalina, que depende de un gobierno emanado del PRD, concluyó otro móvil del multiasesinato y capturó a los presuntos criminales.

De hecho, desde el inicio de su administración, los detractores de Duarte han estado vaticinando su salida de la gubernatura. A principios de enero de 2011, por ejemplo, se rumoró lo mismo con la primera oleada de violencia. Ejecuciones y levantones al por mayor, tanto en Xalapa como en el resto de la entidad. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río cayeron los primeros periodistas. Miguel Ángel López Velasco, columnista de Notiver, inició la retahíla de comunicadores ejecutados y desaparecidos en este régimen. El acabose fue el tiradero de 35 cadáveres sobre el principal bulevar boqueño ocurrido en septiembre de ese año, un día antes de la reunión nacional de procuradores que se efectuaría en esa zona hotelera. ¿Cómo burlaron los criminales el cerco policiaco y militar para montar tan macabro espectáculo que desembocó en la renuncia del primer procurador duartista Reynaldo Escobar? Esa es una interrogante que hasta la fecha sigue sin ser respondida. El ex presidente Felipe Calderón y sus secuaces del PAN que no pudieron apoderarse del gobierno de Veracruz en la sucesión de 2010 seguramente sí lo supieron por las grabaciones de las videocámaras de vigilancia que requisaron las autoridades federales.

Esa crisis inicial la salvó Duarte por el determinante apoyo del secretario de Marina, Mariano Saynez, un gran amigo de su familia, con el cual operó el programa “Veracruz seguro” que Calderón se vio forzado a aprobar.

Luego, en abril de 2013, en pleno proceso electoral local, Duarte enfrentó otro vendaval político que igualmente tambaleó su permanencia en la gubernatura. El escándalo mediático, detonado por la exhibición de grabaciones y videos que hizo la dirigencia nacional del PAN sobre el intento de manipulación de los programas federales de la Sedesol para apoyar a los candidatos priistas a las alcaldías y Congreso del estado, repercutió en la mesa del Pacto por México, obligando al presidente Enrique Peña Nieto a firmar un adendum con los dirigentes del partido blanquiazul y PRD. En esa ocasión se rumoró que el gobernador sería colocado en la Procuraduría Federal del Consumidor que permanecía acéfala tras la renuncia del mexiquense Humberto Benítez Treviño por el escándalo de su hija, la “Lady Profeco”, como fue motejada en las redes sociales.

Pero Duarte logró sostenerse en el Palacio de Gobierno y en dicho cargo fue designado en mayo de 2013 Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado federal en Michoacán y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Ahora, cuando le restan menos de diez meses para entregar el poder, Duarte está sometido a otra incesante metralla política y mediática cuya intensidad irá aumentando en cuanto inicien formalmente las campañas y se acerque la fecha de la elección.

Y es que aparte de la voluminosa deuda pública que le ha impedido cumplir puntualmente con el pago de subsidios a organismos públicos autónomos y descentralizados como la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones del Estado, nuevamente dos casos de alto impacto en materia de seguridad pública lo han puesto en el ojo del huracán: la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados por policías estatales a un grupo del crimen organizado, y el secuestro y homicidio de la periodista Anabel Flores, reportera policiaca de El Sol de Orizaba.

Pero este lunes Duarte de Ochoa afirmó que ni él se va de la gubernatura antes del 30 de noviembre próximo, ni Arturo Bermúdez Zurita saldrá de la Secretaría de Seguridad Pública, como lo han exigido no sólo representantes de partidos de oposición y de organizaciones no gubernamentales, sino hasta voceros de la Iglesia católica.

Inclusive el pasado viernes 12, en San Andrés Tuxtla, ante delegados priistas de ese distrito electoral local, el precandidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, tuvo que volver a deslindarse al exponer que “con firmeza me he opuesto a lo que daña a Veracruz, venga de donde venga, como el endeudamiento o las fallidas tareas para combatir la inseguridad”.

Y es que al virtual candidato priista no le ha quedado de otra más que pintar su raya, para blindarse del “voto de castigo” propiciado por el alto costo del desgaste gubernamental.

Blindaje electoral

Para evitar suspicacias e irregularidades que pudieran empañar, desacreditar e inclusive hasta anular la validez del próximo proceso electoral, este lunes, por instrucciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa, fue instalado el Comité Preventivo de Blindaje Electoral 2016 para asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben prevalecer en el manejo de los programas que coordina la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

La Sedesol y el Órgano Público Local Electoral (OPLE) firmarán este jueves 18 un acuerdo de colaboración con el objetivo de prevenir y evitar que la operación de los programas sociales influya en la contienda electoral del próximo 5 de junio.

Mediante el Programa de Blindaje Electoral 2016, los servidores públicos garantizarán la transparencia en el uso de los recursos públicos de los programas sociales a cargo de esta dependencia, con la finalidad de prevenir y evitar que sean utilizados a favor o en contra de partidos políticos y/o candidatos, o bien, con fines distintos a los que originalmente están destinados.

El Comité, presidido por el secretario Alfredo Ferrari Saavedra, ratificó su compromiso y disposición para hacer cumplir las disposiciones legales en materia electoral, y que incluye cursos de capacitación al personal de la dependencia durante las próximas semanas.

Ferrari Saavedra resaltó la importancia de tomar medidas precautorias que permitan desarrollar las actividades que la Sedesol realiza en beneficio de los veracruzanos, sin ser confundidas con actos proselitistas con motivo del proceso electoral que inició en noviembre del año pasado y concluirá con la jornada electoral de junio próximo.