El tema del financiamiento de las campañas políticas ha estado en el debate nacional e internacional desde hace años.

El asunto no pasa únicamente por la violación a las reglas del juego electoral, sino que se ubica en un contexto de actividad delincuencial de quienes entregan “donativos” que provienen de actividades ilícitas, y de los partidos y candidatos que reciben ese tipo de apoyos, conociendo, de antemano, su origen turbio.

En 2011, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, OEA, realizó el estudio “Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina”, en que expone que el aporte de dinero a candidatos por parte del narcotráfico es el mayor riesgo para la democracia en la región.

El peligro, establece el trabajo coordinado por Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto, “es la posibilidad de que el narcotráfico y, en general, el crimen organizado penetren las instancias políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas”.

El mayor riesgo, señalan los especialistas en esos temas, se registra en tres países del área: Colombia, Brasil y México.

Sobre dicho tema, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, publicó un interesante trabajo de José Luis Vargas Valdez, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, quien alertaba sobre el tema del financiamiento de las campañas políticas por parte de la delincuencia organizada y señalaba que era motivo de preocupación la revisión del uso de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos “para que no se infiltre el dinero del crimen organizado; es decir, ya no es suficiente con fiscalizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado o que no se rebasen los topes legalmente permitidos, sino el origen lícito de las aportaciones de particulares”.

De igual manera, el jurista expone que no obstante que la normatividad electoral prohíbe el uso de recursos de procedencia ilícita, el sistema no está diseñado para indagar sobre el origen de esos recursos, ya sea que se trata de lavado de dinero o de otro tipo de financiamiento ilegal.

Las acusaciones contra Tarek

El tema fue puesto sobre la mesa por un diario de circulación nacional, que expuso el caso del hoy diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá Saad, a quien se vincula con un presunto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría apoyado la campaña política el año pasado.

Se trata de Francisco Navarrete Serna, señalado y detenido por su probable participación en la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron desaparecidos en Tierra Blanca. El periódico, por cierto, también difunde una fotografía de ambos personajes durante la campaña política.

De esa forma, el escenario del diputado federal, ex tesorero de la administración estatal de Veracruz, se complica todavía más porque al tema de esa supuesta relación se suman las acusaciones que pesan sobre él con relación a las presuntas irregularidades detectadas por la Federación en la revisión a la Cuenta Pública 2013, cuando Abdalá Saad era uno de los responsables del manejo de recursos dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

En reacción a los señalamientos difundidos este lunes, Tarek Abdalá negó cualquier vínculo con Navarrete e, incluso, dijo no conocerlo personalmente. Explicó que durante su campaña para diputado federal se tomó “miles de fotos”.

En efecto, durante su proselitismo, un candidato se toma muchas fotografías y videos y a él se acerca prácticamente quien quiere, sin que eso signifique un vínculo, una amistad, un financiamiento o una complicidad; sin embargo, el tema podría dar mucho de qué hablar si los medios dan el seguimiento correspondiente y, sobre todo, si las autoridades en materia de procuración de justicia realizan una investigación minuciosa con relación al origen de los recursos y al financiamiento de la campaña de Antonio Tarek Abdalá.

El legislador, por su parte, ahora no sólo enfrenta señalamientos por presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos estatales, sino también la sospecha sobre sus relaciones, sus aliados y el financiamiento de su actividad política.

El tema, en el Senado; piden desafuero

Por lo pronto, este lunes, el senador Fernando Yunes Márquez exigió a la Procuraduría General de la República que investigue al diputado federal por Cosamaloapan e iniciar un proceso de desafuero “por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada”.

De igual manera, el integrante de la Cámara Alta exhortó al órgano de procuración de justicia para que actúe con relación a las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación, por un presunto desvío de mil 600 millones de pesos, cuando Abdalá Saad fue tesorero.

Sin duda, el de Tarek Abdalá será un tema que se aborde cada vez con mayor frecuencia, en el contexto de las campañas políticas para la sucesión de Veracruz; de tal manera que el legislador federal por la Cuenca podría convertirse en un lastre para el Partido Revolucionario Institucional y su candidato a gobernador. @luisromero85