La semana pasada, la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca causó indignación entre la población de esa zona. No es para menos.

El hecho de que elementos de la policía estatal estén involucrados en ese caso de desaparición forzada llama a la preocupación porque revela, una vez más, el bajo nivel de confiabilidad de los elementos de la corporación que encabeza Arturo Bermúdez Zurita.

Como se recuerda, el pasado 14 de enero, cuatro policías estatales fueron detenidos, acusados por su presunta responsabilidad en la desaparición de José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y Susana Tapia Garibo, jóvenes originarios de Playa Vicente, a quienes se les perdió la pista en Tierra Blanca, municipio que tiene límites territoriales con el estado de Oaxaca.

Las primeras versiones que se filtraron a los medios por la madrugada del pasado viernes 15 apuntaban que 30 elementos de seguridad pública fueron trasladados a Xalapa por parte de los efectivos de la Fuerza Civil y de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, se aclaró que de acuerdo con las primeras investigaciones, fueron cuatro los elementos implicados.

Por la noche del sábado, la Fiscalía capturó a dos más: a Marcos Conde Hernández, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, y a Otoniel Cruz Linares, agente de dicha corporación. Con ellos suman seis los detenidos por la desaparición forzada de los 5 jóvenes, que tienen entre 16 y 27 años.

Las investigaciones continúan su curso, pero los cinco jóvenes todavía no aparecen; este sábado 16, la Procuraduría General de la República y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se habrían sumado a los trabajos de búsqueda, para lograr la ubicación de las víctimas.

La PGR inició la investigación este domingo, a través de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, instancia a la que acudió el padre de uno de los jóvenes.

En el seguimiento del caso, este domingo 17, la Fiscalía General del Estado emitió una información que asegura que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión Estatal en la materia avalaron “la correcta aplicación de los protocolos que se emplean tanto en la integración de la indagatoria, como en el proceso de búsqueda de los desaparecidos; así como la aplicación oportuna de medidas cautelares y precautorias y la calidad de la atención que han  recibido los familiares de las víctimas por parte de la representación social del fuero común”.

Sin embargo, el tema no pasa únicamente por la investigación de los hechos, que ciertamente no sólo es importante, sino fundamental; sino, sobre todo, por la confiabilidad de los cuerpos policiacos. A estas alturas, la sociedad percibe que la policía es tan peligrosa y tan temible como los delincuentes.

El caso de Tierra Blanca fortalece las versiones que apuntan que en Veracruz cada vez resulta más preocupante el problema de las desapariciones forzadas. Sólo como dato para ilustrar el comentario: en los últimos cinco años, la Procuraduría General de la República inició 189 investigaciones por este delito, lo que ubica a la entidad como la que más problemas registra en la materia.

Cobro de estacionamiento en plazas comerciales

Ha sido muy claro el Ayuntamiento de Xalapa al explicar todo el procedimiento que se ha seguido para aterrizar el Decreto 612 del Congreso del Estado que obliga a los centros comerciales a ofrecer estacionamiento gratuito a los usuarios que realicen algún tipo de consumo en sus instalaciones.

Ayer, el Director Jurídico, Roberto Pérez Gutiérrez, comentó que luego de que se publiquen en la Gaceta Oficial del Estado las reformas aprobadas en Cabildo el pasado viernes 15 de enero, el Ayuntamiento de Xalapa tendrá las facultades para sancionar e imponer multas.

¿A qué tipo de sanciones se refiere?

Estamos hablando de 2 hasta 5 mil salarios mínimos o la clausura del estacionamiento.

Los Centros Comerciales tendrán que cumplir.

Los ciudadanos, es natural, exigen que la disposición legal aterrice plenamente.

Es verdad que hemos esperado de siempre, que nunca protestamos cuando tenemos que pagar ese servicio, que forma parte de los centros comerciales de la ciudad, pero ya que está la ley, pues lo propio es que se cumpla.

Así que debemos de tener paciencia, porque ya vamos por menos.

El funcionario municipal fue muy claro al señalar que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que corresponde para armonizar con la reglamentación municipal, el Decreto 612 del Congreso del Estado, que establece la gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales, para los usuarios que realizan consumos y que entró en vigor desde el pasado 26 de diciembre de 2015.

“Desde el día que se publicó hemos trabajado al lado de los ediles, de abogados de la ciudad y de especialistas, para cumplir al pie de la letra las disposiciones legales”, indicó.