En la última década, Veracruz se ha llenado hasta el hartazgo de pura política. La versión degradada del veracruzano como un mexicano bueno para la grilla, la palabra florida, el engaño y la algarabía partidista y electorera se ha convertido en una verdadera calamidad.

A la letanía de eslóganes abiertamente engañosos, se ha sumado una corrupción que raya en la vulgaridad. Quienes no están metidos en el negocio de la partidocracia se llenan la boca con proyectos de candidaturas independientes, mientras la mayoría de los pobladores ve caer en el marasmo todo lo que tocan gobernantes y dirigentes políticos.

Fidel Herrera Beltrán convirtió todo acto de gobierno, toda frase, todo gesto, toda acción pública, programa o presupuesto en meras compulsiones proselitistas. En cualquier terreno que pisara, su inteligencia y familiaridad con la gente le permitía inflar el culto a su personalidad.

Con todos los integrantes de su cercano equipo de trabajo, su gabinete y la organización paralela que hasta hoy mantiene para tener tensas sus redes de control, Fidel Herrera jugó mediante premios y castigos, chantajes y amenazas, promesas y decepciones; a todos menospreció públicamente, de todos tenía una versión caricaturizada para tenerlos en la cuerda floja, y a nadie dejó ejercer a plenitud las obligaciones de sus cargos porque todo estaba orientado a la política, no a la buena marcha de programas estatales y federales que lograran mejorar la calidad de vida de la población.

Sus mejores momentos eran los desastres naturales. Se enfundaba en su ridícula chaqueta roja y convocaba a los representantes de las fuerzas federales de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal) y a todos los organismos estatales y municipales para monitorear el paso de frentes fríos, tormentas tropicales o ciclones.

Mientras los funcionarios reportaban las circunstancias del fenómeno meteorológico, Fidel hacía cuentas, anticipaba los municipios que incluiría en la solicitud de declaración como zona de desastre para que le enviaran recursos del Fonden, y asignaba los montos de esas ministraciones a las tareas políticas y al ensanchamiento de su cartera, aun antes de que golpeara el meteoro.

Cada ciclón le representó ganancias políticas y económicas. Si el huracán pegaba, iba a las áreas afectadas a meterse en panga o a caminar con el agua a las rodillas (fotógrafos que testimoniaran su entrega, de por medio), convenciendo a los afectados de su enorme preocupación, repartiendo dinero en efectivo, prometiendo soluciones inmediatas, hasta que la gente, luego de varias desgracias, se dio cuenta de que las monedas repartidas no alcanzaban ni para alimentar a la familia al día siguiente, mientras pasaba largas temporadas con sus casas inundadas. Y, entonces, Fidel empezó a incomodarse, a señalar que los veracruzanos “no tienen llenadera”.

En los últimos diez años ha sido lo mismo. Fidel ha logrado, por sí o por interpósita persona, sostener a su partido, el de la Fidelidad, como el proyecto político dominante, bajo cuyo imperio han sido sometidas las instituciones públicas, los presupuestos, los programas de gobierno, el mismísimo Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos políticos utilizados como propios. No hay una acción que no tenga un propósito proselitista para mantener en el poder al Partido de la Fidelidad.

Por eso, no hay dinero que alcance, no hay recursos que sirvan para mejorar la infraestructura de comunicaciones, destrozada a niveles inverosímiles; no los hay para mitigar las enormes carencias de los veracruzanos; no alcanzan siquiera para financiar a la educación superior, cumplir con las pensiones, impulsar la producción agropecuaria, mejorar los servicios públicos, reconstruir escuelas o construir nuevos planteles, entregar completos los recursos a los municipios.

Todo se ha ido a tareas electorales y a la corrupción generalizada.

Elecciones continuas, la cruz que cargamos

Luego de los comicios federales que llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República en 2012, en que también se eligió a diputados al Congreso de la Unión, los comicios han sido las plagas bíblicas que mantienen a los veracruzanos en la ignominia.

Al año siguiente, 2013, sin reponernos aún del gasto enorme que significó la elección federal, enfrentamos comicios para elegir diputados locales de tres años y autoridades municipales, las primeras de cuatro años tras la reforma electoral local.

Descansamos en 2014, pero este año el panorama político volvió a ser de confrontación para saldar los comicios intermedios del ámbito federal. Elegimos, en medio de violencia física y verbal, la nueva conformación de la Cámara de Diputados, ganada por el PRI y sus aliados, y de manera paralela, se desató anticipadamente la lucha por la nominación de los candidatos a la gubernatura, particularmente abierta y férrea tanto en el PRI como en el PAN.

A las enormes dificultades en las finanzas públicas de la entidad, cuya última expresión ha sido la aprobación esta semana de un nuevo endeudamiento que muchos actores políticos consideran como la llave para financiar al PRI el próximo año, el panorama político se ha llenado de negros nubarrones.

En la lucha política, se han utilizado campañas de desprestigio, se han aprovechado temas sensibles como la Reforma Educativa (y el descubrimiento de aviadores en la SEV) para denostar a los contrarios y se han abierto procesos judiciales, tanto en el ámbito federal como local, contra el diputado panista Miguel Ángel Yunes Linares y la discusión en comisiones del Congreso local del posible desafuero del diputado local Renato Tronco y del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Y a ello, también han respondido los Yunes azules con petardos de diverso calibre como la denuncia a 20 funcionarios por haber permitido una fuga de recursos del orden de los 9 mil millones de pesos por el mantenimiento en nómina de más de 2 mil ‘aviadores’.

Cuando imaginamos que las acciones de gobierno se orientan a lograr la racionalidad en el gasto público y la reestructuración de la deuda, nos encontramos con que los actores oficiales muestran de inmediato el sentido electoral, proselitista de las mismas.

Con esa orientación meramente política del quehacer gubernamental, no es de sorprender que aún el funcionario más gris, enquistado en su pequeño feudo, olvide las labores de su oficina y emplee los recursos de su presupuesto para promoverse a uno de los cargos que estarán en juego, ya sea diputado local para incorporarse al gobierno de dos años que se elegirá en 2016, o para tratar de generar condiciones que les permitan lanzarse a la presidencia municipal en los comicios de 2017, o para imaginarse diputado o, incluso, candidato a gobernador en 2018.

Nada hay más importante que utilizar las oficinas públicas como plataformas de lanzamiento en los proyectos personales de los funcionarios, además con el apoyo del jefe, para quien es importante contar con cuadros que le hagan ganar los comicios que dirija.

De esa manera, pocas esperanzas tenemos los veracruzanos de que en el mediano plazo tengamos gobiernos comprometidos con su labor administrativa y, mientras tanto, se seguirán dilapidando recursos que no tenemos –que debemos obtener mediante créditos onerosos– en los asuntos electorales.

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