Aunque de 2011 a 2015 (enero-septiembre), el total de delitos del orden común cometidos en Veracruz ha experimentado un notable decremento, equivalente al 35.4 por ciento, luego de que las cifras pasaron de 55 mil 095 a 35 mil 586, y en el último año (2014-2015) también acusa una disminución, en este caso de 4.43 por ciento (1 mil 652 delitos menos), durante septiembre crecieron los delitos patrimoniales si tomamos en cuenta lo reportado en agosto.

En efecto, según reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública en su informe Incidencia Delictiva del Fuero Común 2015 , de agosto a septiembre de este año creció el número de los delitos en general en un 7 por ciento (de 4,051 a 4,331), aunque el mayor porcentaje de incremento se dio en robos con violencia a instituciones bancarias (233 por ciento), al pasar de 3 a 10 asaltos.

En términos generales, los únicos datos en que es posible elogiar la labor policiaca se dio en materia de homicidios (bajó en 2.2 por ciento), homicidios dolosos (que muestra una baja de 7.3 por ciento) y, particularmente, secuestros, que muestra una disminución de 33 por ciento, al pasar entre uno y otro mes de 9 a 6.

En el mes de septiembre, Veracruz se ubicó en el tercer lugar nacional en número de casos de secuestro (6), lejos ya de Tamaulipas, que se mantiene en primer lugar con 20 (171 en lo que va del año) y del Estado de México, que en septiembre reporta la denuncia de 13 casos, para acumular 72 en el año, 10 arriba que Veracruz.

De hecho, podemos observar que en el mismo periodo de enero a septiembre, entre 2014 y 2015 se ha observado un decremento en el número de casos de cerca de 41 por ciento. En efecto, mientras el año pasado ya llevábamos 122 casos, ahora solo se han cometido 72. Ciertamente, lo ideal será abatirlo definitivamente.

Cuadro 2. Casos de secuestro denunciados en los 10 estados del país con mayor incidencia en este delito.

El problema entre estos dos meses se refleja en los delitos patrimoniales. Los robos en general tuvieron un incremento del 12.5 por ciento, y los robos con violencia se elevaron en 13 por ciento. De estos últimos, que son los que más impactan a la población y hacen crecer la percepción de inseguridad, los que tuvieron un mayor incremento fueron los robos violentos en Casas-Habitación (más 82 %: de 28 a 51 casos reportados), a Negocios (más 27 %, de 95 a 121), a Transeúntes (más 27 %: de 66 a 84) y de Vehículos (más 4 %, de 136 a 142).

Policía, como gallina ciega

En los primeros años del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, CESP, que estaba a cargo de Clara Luz Prieto Villegas (si la memoria no me traiciona), contaba con mecanismos informáticos sofisticados que le permitían con la mayor claridad identificar las zonas calientes en que se observaba una mayor incidencia delictiva.

Gracias a la información policiaca y ministerial, el CESP podía establecer las áreas en que se reportaba la comisión de delitos, de qué tipo, los horarios, los modus operandi, entre otros datos importantes, y señalar en mapas los sitios en que debía ponerse mayor atención para la prevención y la persecución de los delincuentes.

Con ello, la policía podía atender las zonas prioritarias, sin tener que gastar recursos humanos, técnicos y financieros en recorridos infructuosos que, en la mayoría de los casos, terminan en nada.

Sin embargo, con la entrada de Miguel Ángel Yunes Linares como Subsecretario de Seguridad Pública federal, en el gobierno de Vicente Fox Quesada, su enemigo acérrimo, Fidel Herrera Beltrán, ordenó la desaparición de todas las bases de datos, por desuso se echaron a perder los equipos y se perdió información valiosísima tanto histórica como actual para establecer adecuadas estrategias de combate al crimen. Y todo, para que la dependencia a cargo de Yunes Linares no pudiera detectar los niveles de criminalidad que persistían bajo el gobierno fidelista.

Hoy, el CESP no cuenta con esos elementos y, por ello, no es posible establecer en el mapa estatal cuáles debieran ser las zonas, municipios y regiones que debieran ser atendidos prioritariamente para bajar la incidencia delictiva, así como la manera en que dichas actividades cambian geográficamente.

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