Nunca en Veracruz se había degradado tanto la política como en los últimos dos sexenios.

Pero la responsabilidad no sólo es del grupo priista que actualmente gobierna la entidad sino también de los que aspiran a desplazarlo del poder, tanto los que aún militan en el PRI como los que durante décadas pertenecieron al Revolucionario Institucional y se enriquecieron como funcionarios al amparo del partido tricolor y que ahora se andan dando baños de pureza acuartelados en la oposición.

Ahí está, por ejemplo, el último capítulo del pleito entre el clan de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN –a cuya causa se ha sumado su primo hermano Héctor Yunes Landa, actual senador y aspirante del PRI a gobernador– y el del ex mandatario estatal Fidel Herrera Beltrán, quienes mutuamente se acusan de corrupción y enriquecimiento ilícito.

El más reciente argüende fue protagonizado este lunes por el junior de Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez, munícipe de Boca del Río, quien a través de las redes sociales denunció que sin orden judicial alguna, ocho elementos de la Fiscalía General del Estado habían intentado ingresar a su domicilio poco antes de las 14:00 horas. “No se los voy a permitir. Esto es muestra del acoso y la persecución política que vivimos mi familia y yo. No nos van a doblar. ¡Duarte: no te tengo miedo!”, retó al gobernador priista al tiempo que subió fotos de dos camionetas blancas con agentes ministeriales.

Pero la Fiscalía General del Estado aclaró posteriormente que en el marco de una denuncia presentada por diputados locales en contra de Yunes Márquez y como parte de las diligencias propias en este tipo de investigaciones, personal ministerial acudió al domicilio objeto de la investigación para realizar una inspección física del inmueble y corroborar su existencia. “Para tal efecto y por tratarse de un fraccionamiento residencial de acceso restringido, el personal ministerial solicitó la autorización correspondiente ofreciendo sus identificaciones oficiales como personal de la FGE y poder tener el acceso. El personal ministerial en todo momento se mantuvo en la caseta de vigilancia afuera del fraccionamiento, ubicada a una distancia aproximada de dos mil metros del inmueble en investigación. En ningún momento el personal actuante intentó irrumpir en el domicilio particular y sólo se tuvo acceso al área pública y de uso común para los transeúntes, para realizar una inspección física. Las diligencias instruidas para ejercer esta investigación continuarán con su desarrollo normal como cualquier otra que se realizan en la Fiscalía General del Estado”, se puntualizó en el comunicado oficial.

Como ya se sabe, hace un par de semanas los cinco diputados locales del PRI de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río denunciaron penalmente por enriquecimiento ilícito al alcalde boqueño del PAN, pues lo acusan de haber reportado un ingreso de 4 millones de pesos entre los años 2004 al 2010 que no justifican la compra de dos terrenos y de su residencia, valuados en 38 millones de pesos en total.

El diputado tricolor José Ramón Gutiérrez de Velasco –ex alcalde porteño y ex panista, primo hermano del diputado federal del PAN, Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, quien junto con su hijo, el regidor Francisco Gutiérrez de Velasco Flores, también del blanquiazul, llegó a apoyar a Yunes Márquez– insistió en que el munícipe boqueño debe justificar y comprobar cómo obtuvo esas propiedades, pues aseguró tener información de cinco empresas que constituyó para tratar de justificar sus ingresos, lo que consideró como “una artimaña legal y fiscal” que también tendrá que investigar la Fiscalía.

Esta política de “lavadero” –de dinero, por supuesto– bajará su estridencia en cuanto Yunes Márquez muestre sus declaraciones fiscales y compruebe sus ingresos lícitos con los que adquirió los terrenos y construyó su residencia del fraccionamiento Rincón de El Conchal.

¿Para qué invocar la defensa de su dirigente nacional Ricardo Anaya justamente ahora en que acaba de nombrar al ex líder Luis Felipe Bravo Mena como titular de la Comisión Especial Anticorrupción, ratificando así el compromiso del PAN para combatir la corrupción en México, “empezando por casa”?

Anaya nombró precisamente a Bravo Mena, con 46 años de militancia, porque aseguró que posee el prestigio y la autoridad moral para encabezar este esfuerzo de Acción Nacional, pues su trayectoria interna y externa es impecable. Dijo que la Comisión Especial Anticorrupción deberá trabajar para que los militantes y servidores públicos emanados del PAN cumplan la obligación de actuar dentro de un marco de valores éticos, y vigilará que en el ejercicio de sus funciones se hagan responsables de sus actos. Y hasta afirmó que como Presidente Nacional no tolerará ningún acto de corrupción al interior del partido. “Seremos críticos permanentes de cualquier acto de corrupción interno y externo. Los mexicanos exigen y merecen total transparencia y una efectiva rendición de cuentas de todos los servidores públicos”, sostuvo.

Pero… ¿cómo explicar también que Yunes Linares vaya a presidir la Comisión de Seguridad Pública en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión cuando el aspirante del PAN a gobernador de Veracruz tiene abierta en la Procuraduría General de la República la averiguación previa número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 por el presunto desvío de 159 millones de pesos que le “observó” la Auditoría Superior de la Federación en la compra de medicamentos durante su gestión como director del ISSSTE en el periodo 2006-2010, además de cuatro cuentas bancarias que por más de 100 millones de pesos le habrían sido detectadas en el extranjero, según acusaron los 20 diputados federales veracruzanos del PRI y PVEM? ¡Pura “cábula”!, dirían los jarochos.