Este domingo –poco antes de que en el WTC de Boca del Río el gobernador Javier Duarte le obsequiara una caña de pescar al senador priista Héctor Yunes Landa para que se fuera a capturar a los “peces gordos” de su familia que habitan en el fraccionamiento residencial de El Estero y que como funcionarios federales y gobernantes municipales del PAN se enriquecieron inexplicablemente entre 2006 y 2010–, en el Senado de la República el coordinador de Acción Nacional, Fernando Herrera, anunció seis cambios en presidencias de comisiones y vicecoordinaciones de su grupo legislativo.

Los senadores favorecidos son los que, en su momento, expresaron su abierto respaldo a la candidatura de Ricardo Anaya a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Entre esos nombramientos destaca el de Fernando Yunes Márquez, quien desde 2012 estaba a cargo de la Comisión de la Defensa Nacional y ahora busca encabezar la de Justicia que dejó vacante Roberto Gil Zuarth, actual presidente del Senado.

¿Por qué cambiar la anterior Comisión que lo vinculaba con los altos mandos de la SEDENA? Una versión que corre es que su padre, el diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares, al igual que hace tres años habría cabildeado directamente con Gustavo Madero en el CEN del PAN para que su bisoño hijo presidiera una de las comisiones más importantes del Senado, ahora también habría maniobrado ante Anaya para que encabece la de Justicia.

La presunción es que Yunes Linares, a través de la influyente posición de su vástago, buscaría blindarse de la investigación que tiene abierta en la Procuraduría General de la República por el presunto desvío de 159 millones de pesos que le “observó” la Auditoría Superior de la Federación en la compra de medicamentos durante su gestión como director del ISSSTE en el periodo 2006-2010, además de cuatro cuentas bancarias que por más de 100 millones de pesos le habrían sido detectadas en el extranjero, según acusaron hace tres semanas, en conferencia de prensa, los 20 diputados federales veracruzanos del PRI y PVEM, mismos que este lunes 28, a través de un desplegado periodístico dirigido al presidente del CEN del PAN, impugnaron su propuesta para que el senador Fernando Yunes Márquez presida la Comisión de Justicia, al considerar que “con ello se enviaría un ominoso mensaje de impunidad al nombrar en esta importante responsabilidad a un legislador cuyo padre, Miguel Ángel Yunes Linares, está indiciado por la Procuraduría General de la República por el delito de enriquecimiento ilícito en la averiguación previa Número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 (…).”

Además le exponen a Anaya que el padre de Fernando Yunes ha sido señalado por periodistas prestigiosos de tener vínculos con bandas delictivas y con personas presuntamente responsables de delitos graves, por lo que el nombramiento del senador veracruzano del PAN “podría constituir una flagrante acción de obstrucción de justicia, contrariando gravemente el objetivo de combatir a la impunidad, en la que todas las fuerzas políticas estamos empeñados.” Finalmente le expresan que el Presidente de la Comisión de Justicia del Senado “debe ser una persona honorable, sin vínculos personales o familiares con personas bajo proceso de la justicia federal y con señalamientos públicos de vínculos con el crimen organizado.”

Es posible que como presidente de esta Comisión senatorial, Fernando Yunes pudiera abogar por su padre para que al menos la indagatoria de la PGR no se politice. Sin embargo, su hermano Miguel Ángel Yunes Jr., munícipe de Boca del Río, está colocado en una situación legal mucho más vulnerable porque su caso está totalmente en manos de las autoridades ministeriales y de fiscalización del estado.

Como ya se sabe, los diputados locales del PRI de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, María Belén Fernández del Puerto, José Ramón Gutiérrez de Velasco, Tonatiuh Pola Estrada, Raúl Zarrabal Ferat y Gustavo Gudiño Corro presentaron la semana anterior ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por enriquecimiento ilícito en contra del alcalde boqueño del PAN, pues acusan al primogénito de Yunes Linares de haber reportado un ingreso de 4 millones de pesos entre los años 2004 al 2010, que no justifican la compra de dos terrenos y de su residencia, bienes valuados en 38 millones de pesos en total.

El diputado Gutiérrez de Velasco dijo que van a exigir que este asunto no quede en la negociación política, y que Yunes Márquez tendrá que justificar y comprobar cómo obtuvo esas propiedades, pues aseguró tener información de cinco empresas que constituyó el alcalde del PAN para tratar de justificar sus ingresos, lo que consideró como “una artimaña legal y fiscal” que también deberá investigar la Fiscalía General del Estado.

Lo que es el destino. Hace 19 años, en diciembre de 1996, Yunes padre, a la sazón secretario de Gobierno y militante del PRI, se ensañó de la misma manera en contra de su enemigo político, el ex gobernador Dante Delgado, y de los ex secretarios de Finanzas, Gerardo Poo Ulibarri –padre del actual alcalde priista de Veracruz, Ramón Poo Gil–, y de Desarrollo Regional, Porfirio Serrano Amador, los cuales fueron excarcelados hasta abril de 1998, al inicio de la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco, después de que los magistrados del Tribunal Colegiado del Séptimo Distrito resolvieron que la acción penal de los presuntos delitos que se les imputaba ya había prescrito legalmente. ¿Acaso se cumplirá hoy el antiquísimo proverbio: “el que a hierro mata, a hierro muere”? ¿En Palacio de Gobierno se atreverán a aplicarles “la justicia a secas” a sus adversarios? ¿O por qué el junior blofeó cínica y retadoramente que “a los Yunes no nos van a doblar”?

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