Los aspirantes a la gubernatura de Veracruz mejor posicionados en las encuestas, tanto del PRI como de la oposición, han venido reiterando el mismo discurso y compromiso de combatir frontalmente la corrupción en cuanto lleguen al poder.

Sin embargo, quienes pretendan gobernar la entidad en 2016 deberían dar pruebas fehacientes de que no serán más de lo mismo, tal como bien lo dijo el senador priista Pepe Yunes Zorrilla en Orizaba el sábado anterior durante un festejo multitudinario con motivo de su onomástico, donde expresó ante alcaldes, diputados, líderes políticos y miembros de la sociedad civil de esa región que “hay que dejar a un lado las palabras fáciles”, que “hay que hacer a un lado el populismo y la demagogia, y con mucha responsabilidad empezar a concentrarnos en perfilar, con el esfuerzo conjunto y compartido, las acciones que le puedan cambiar el rostro a Veracruz”.

Por ejemplo, una prueba de fuego para los que aspiran suceder al gobernador Javier Duarte –igualmente para los que buscarán fuero como diputados a la LXIV Legislatura local– debiera ser cumplir con la campaña “3 de 3” que a mediados de abril de este año fue lanzada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, la cual buscó que todos los candidatos a las elecciones del 7 de junio pasado hicieran pública y subieran a la web su declaración patrimonial, fiscal y de potencial conflicto de intereses.

A través de la página web www.candidatotransparente.mx, organismos civiles, las cúpulas empresariales del país, académicos, politólogos y el ex rector de la UNAM y actual presidente de Aspen Institute México, Juan Ramón de la Fuente, llamaron a los abanderados de los partidos políticos e independientes a mostrarse ante el escrutinio ciudadano.

De la Fuente señaló que “necesitamos mayor dosis de confianza en México, pues es la democracia la que queremos fortalecer” mediante el conocimiento público de las declaraciones patrimoniales de los abanderados.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que “nosotros lo único que pedimos a cambio de nuestro voto es que publiquen 3 de 3; lo único que estamos pidiendo, más información sobre aquellos que pretenden gobernarnos a partir del 7 de junio”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, expuso a su vez que con el conocimiento de qué candidatos harán públicas sus declaraciones, los electores conocerán quiénes tienen sensibilidad real para con la ciudadanía. “Confirmamos, ante ustedes y de cara a la nación, la decisión del empresariado mexicano, como actor social, de ser parte de la fuerza de cambio por una verdadera renovación de la vida pública en nuestro país; el compromiso, por el que cerramos filas, de coadyuvar en la lucha para abatir la corrupción y la impunidad, que corroen a nuestra democracia, a la cohesión social y al desarrollo general”, manifestó el empresario.

Con la declaración patrimonial se buscaba saber con cuántos recursos contaba cada candidato antes de ser electo para detectar que no incurriera en enriquecimiento inexplicable si alcanzaba un cargo público; con la declaración fiscal se pretendía conocer si los candidatos realmente pagan impuestos. Y en la tercera declaración se procuraba que los candidatos manifestaran si participaban o tenían vínculos con empresas, comercios, negocios o asociaciones que eventualmente pudieran derivar en un conflicto de intereses en caso de que llegaran a ser legisladores o funcionarios.

El llamado para participar e inscribirse en la campaña “3 de 3” fue para todos los abanderados a las gubernaturas del país que se renovaron en 9 estados; a las 500 curules de la Cámara de Diputados de San Lázaro, así como para los candidatos a alcaldes y diputados locales de las 17 entidades que tuvieron elecciones concurrentes el 7 de junio.

La iniciativa #3de3 por medio de la plataforma CandidatoTransparente.mx fue definido como un espacio de encuentro entre los ciudadanos que demandan una nueva clase política y los candidatos que están dispuestos a serlo. Sus promotores la consideraron como una propuesta ambiciosa e innovadora que buscaba ser un mecanismo pragmático para contribuir a un cambio de conductas e instituciones en el largo plazo.

La demanda de miles de ciudadanos en todo el país lograron a principios de mayo, un mes antes de las elecciones, sumar a los primeros 100 candidatos que publicaron su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. De los de 63 abanderados a gubernaturas, solo nueve hicieron públicas sus #3de3 en CandidatoTransparente.mx. Los tres estados con elecciones de gobernador que hasta ese momento no tenían candidatos transparentes eran Campeche, San Luis Potosí y Sonora. Entre este centenar que presentaron sus tres declaraciones, 20 eran candidatos a presidentes municipales; 11 a jefes delegacionales del Distrito Federal; 45 a diputados federales, 12 a legisladores locales y 3 nominados por la vía plurinominal.

Pero entre ellos no figuraba Miguel Ángel Yunes Linares, flamante diputado federal de representación proporcional y aspirante del PAN a la gubernatura, quien actualmente es investigado por la Procuraduría General de la República por presunto enriquecimiento ilícito durante su administración como director general del ISSSTE.

De Veracruz, los únicos que sí respondieron a esta demanda ciudadana fueron Citlalli Navarro del Rosario, candidata del Partido del Trabajo, y Alberto Sánchez López, de Encuentro Social (PES).

Ya veremos en 2016 qué aspirantes a la gubernatura y al Congreso local pasan esta prueba de transparencia y honestidad. ¿Será mucho pedir? Dependerá de la sociedad veracruzana, que hasta ahora no se ha organizado para exigir cuentas o castigar en las urnas a sus representantes populares y funcionarios mentirosos y corruptos como sí lo ha hecho la ciudadanía de otros estados, sin importar el partido que los haya postulado.