Entrevistado el jueves de la semana anterior luego de su participación en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó que el financiamiento de las candidaturas independientes puede dar al traste con esa figura, ya que eventualmente podría depender exclusivamente de los intereses privados, por lo que recomendó analizar y discutir este tema de manera “franca, abierta, objetiva y sin prejuicios”.
Pero este riesgo del financiamiento privado, muchas veces de origen oscuro, prevalece en México desde antes de que se instituyeran las candidaturas independientes. El problema está en la inoperancia de los mecanismos de fiscalización de las autoridades electorales que no han podido inhibir ni sancionar a tiempo estas prácticas ilegales alentadas y encubiertas por la mayoría de los partidos políticos.
¿Alguien recuerda, por ejemplo, al empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon, famoso por la célebre expresión de “coopelas o cuello’’ que usó para explicarle a un reportero de la agencia Associated Press la manera como un operador político del PAN lo amenazó si se negaba a guardar 205 millones de dólares en su casa de la ciudad de México, dinero en efectivo que fue hallado por la PGR en su mansión en marzo de 2007, al año siguiente de la polémica elección presidencial que ganó Felipe Calderón, de Acción Nacional?
Pues Ye Gon acaba de confesar al reportero Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y a Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley, que “yo di dinero a los políticos, partido PRI, partido PAN, todos los partidos”.
El empresario chino mexicano, actualmente recluido en una prisión norteamericana del estado de Virginia, teme que lo maten si es extraditado a México. En la solicitud de asilo aseguró ser un “miembro activo y un fiel seguidor del PRI’’ y que fue “falsamente acusado’’ de narcotráfico para encubrir una “persecución políticamente motivada (dentro del PAN) en medio de un absoluto desorden de la corrupta política partidista mexicana’’.
Cuando le pidieron que nombrara al menos a un candidato al que hubiera financiado, Ye Gon hizo referencia, sin dar su nombre, a un político que fue elegido como gobernador de Veracruz, en clara alusión al priista Fidel Herrera Beltrán. El empresario incluso mostró durante la entrevista una “charola” –exhibida desde hace ocho años atrás– que lo acredita como supuesto “enlace legislativo” del Senado de la República, firmada por Herrera Beltrán en 2003, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. En un correo electrónico, Fidel Herrera aclaró a Univisión que no conoce a este personaje y refirió que la credencial que presentó “fue declarada apócrifa en la investigación del caso’’. Pero luego de la entrevista, según divulgó la empresa, el equipo de investigación descubrió que Ye Gon se había ostentado como un Senador mexicano en una solicitud de asilo a Estados Unidos fechada en 2007. “Mi escaño de Senador no era por elección, sino confiado y delegado por el senador del PRI Fidel. Yo estaba autorizado para hablar, debatir, enviar proyectos de ley’’, explicó Ye Gon en dicha solicitud.
No es la primera vez que Herrera es involucrado en un caso de presunto financiamiento ilegal a su campaña por la gubernatura. El 23 de octubre de 2013, por ejemplo, senadores de todos los partidos políticos, incluidos los priistas veracruzanos Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla, aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el panista Fernando Yunes Márquez, mediante el cual se exhortaba a la PGR que les informara a la brevedad “si ya se ha iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones de José Carlos Hinojosa, ex contador de la organización delictiva ‘Cártel del Golfo’”, un testigo protegido que durante el juicio iniciado contra el empresario tuxpeño Francisco Colorado Cessa, implicado en “lavado de dinero” para el cártel criminal de “Los Zetas”, había afirmado ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas que en el 2004 entregó la cantidad de 12 millones de dólares al entonces candidato del PRI al gobierno del estado de Veracruz.
Pero a casi dos años de este exhorto a la Procuraduría General de la República ningún senador, incluido el propio Yunes Márquez, ha dado seguimiento ni presionado sobre él. ¿Por qué? Pues porque el padre del senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares –contra el cual los diputados federales veracruzanos del PRI y PVEM acaban de solicitar la semana anterior a la PGR que agilice la investigación que le ha sido abierta por su presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como director del ISSSTE el sexenio anterior– también fue involucrado por el polémico empresario veracruzano recluido en la prisión de Bastrop, Texas, quien el 23 de septiembre de 2014 declaró vía telefónica al periodista Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, que en 2010 Yunes le pidió dinero para su campaña a la gubernatura a través de Manuel Muñoz Gánem, compadre y cercano colaborador del ex priista. “Pero no les di nada”, afirmó el contratista de Pemex.
Vamos a ver si en la sucesión estatal de 2016 el nuevo Órgano Público Local Electoral (OPLE), recién instalado por el INE en Veracruz, logra detectar y sancionar financiamientos ilegales como éstos que no sólo son un riesgo para los candidatos independientes sino, como ya se vio, también para los nominados por los principales partidos políticos que el año entrante van a disputar el poder.