En el trabajo periodístico de análisis, muchas veces se escribe con base en percepciones, en datos sueltos, en noticias que se acumulan para darnos una fotografía más o menos completa de lo que sucede en la realidad.

Y esas percepciones, muchas veces, son más reveladoras, más justas, más precisas, al menos si las comparamos con los datos oficiales, con los discursos políticos o con los silencios que se prolongan como si no ocurriera nada.

En el caso de Veracruz, dos temas nos desvelan: la inseguridad y el desastroso estado de las finanzas públicas.

Sobre el primero, mientras que las dependencias estatales y federales de seguridad pública apuntan a que los índices delictivos han bajado (incluso si nos atenemos a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por otra parte, se generan en la Fiscalía General del Estado), los veracruzanos observamos un renacimiento de la violencia criminal y oficial.

Los homicidios, las ejecuciones tumultuarias, los abusos policiacos, las desapariciones, los secuestros, la aparición de cuerpos de personas que han sido torturadas antes de ser asesinadas y los robos con violencia se están convirtiendo en algo rutinario, pese a lo cual no deja de inquietar sobradamente a los habitantes de varias regiones de la entidad.

A la violencia centrada en Poza Rica, la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y Minatitlán-Coatzacoalcos, le ha seguido en peligrosidad la ola de violencia desatada en el corredor industrial de Córdoba-Orizaba, y se ha mantenido en Xalapa-Coatepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan y en Los Tuxtlas.

No hay, por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cargo de Juan Antonio Nemi Dib, un esfuerzo informático y de transparencia que nos permita conocer los focos rojos de la violencia en cada una de las regiones y municipios de la entidad.

Esa información sistematizada no solo sería un excelente insumo para el trabajo periodístico; también, para que la población esté alerta sobre los grados de violencia en sus comarcas y pueda tomar las medidas mínimas para protegerse, a nivel personal, familiar y comunitario.

No podemos señalar exclusivamente al mal trabajo de seguridad pública estatal. En el ámbito federal, las corporaciones policiacas, preventivas y de investigación, han mostrado graves deficiencias. Y no solo se trata, en ambos niveles de gobierno, de ineficiencia e incapacidad para prevenir los delitos y perseguir a los delincuentes; también han mostrado vínculos persistentes con las bandas criminales.

Todo ello nos deja a los ciudadanos el único recurso de crear los mecanismos que nos permitan, mediante alertas y solidaridad, evitar ser víctimas de los delincuentes.

El gobierno del estado no debería esperar a tratar de desactivar los grupos comunitarios de autodefensa: debería empoderar a los ciudadanos mediante conocimientos científicos y experiencia probadas sobre lo que debemos hacer para evitar ser las siguientes víctimas, y no con recomendaciones impregnadas de sorna como las que hace unos meses hizo Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP, de comprarnos un perro, poner cercas electrificadas, instalar sistemas de videovigilancia y, acaso, contratar a guardias de seguridad privada.

Aunque el gobierno estatal ha divulgado supuestos programas de proximidad de la policía estatal con los vecinos, lo cierto es que no se ha hecho el trabajo serio y planificado para hacerlo posible.

Saldar el compromiso solo con rondines policíacos, charlas en escuelas, conferencias y discursos no sirve para nada; lo que hace falta es regionalizar, establecer rutas precisas de atención a los afectados y de contención de los delincuentes, y generar estrategias serias de colaboración entre ciudadanos y cuerpos policiacos que permitan una comunicación efectiva e inmediata para atender los casos delictivos.

Que las patrullas circulen sin ton ni son por las calles de la ciudad lo único que genera es un enorme gasto en compra de vehículos, contratación de efectivos y combustibles.

Por eso hacen falta expertos en áreas de ciencias sociales, comunicación humana, psicología, urbanismo y cartografía, entre otros, y no solo policías expertos en activar sus armas.

Si la Comisión Estatal de Seguridad Pública no solo se enfoca en la administración de los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y, en cambio, amplía su espectro para dar soporte científico a la prevención del delito, todos podríamos ganar. La policía estatal podría atender prioritariamente los focos rojos de la violencia criminal y no gastar millones de pesos en combustibles.

Por supuesto, también se requeriría un trabajo igualmente fuerte en la vigilancia y control de los propios elementos policiacos. Ya hemos visto cómo en varias regiones, todo mundo sabe quiénes son los delincuentes y qué hacen, menos la policía, lo que no solo debemos atribuir a ineficiencia sino principalmente a complicidad.

Más deuda pública y menos desarrollo

En la anterior Hora Libre esbozamos la situación que han vivido las finanzas públicas desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco, el primero en la historia en legar una fuerte deuda estatal.

Manejamos algunos datos que constan en documentos oficiales, y otros que se han mantenido en el ámbito de la secrecía, particularmente en las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Hilario Barcelata Chávez, quien tiene a su cargo el Observatorio de las Finanzas Públicas en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, nos ha desvelado datos precisos en su reciente artículo “Más deuda, menos crecimiento y más pobreza”.

En él señala que un mayor endeudamiento no necesariamente tiene su correlato en un mayor desarrollo, lo que nos hace pensar en que la adquisición de compromisos financieros por parte del gobierno estatal no ha sido para la inversión productiva. Los recursos obtenidos mediante abultados créditos bancarios pudieron, entonces, haber sido destinados al financiamiento electoral, al gasto corriente, a fortalecer las fortunas personales de los funcionarios, pero de ninguna manera a atender los graves problemas de la entidad. Cito textualmente:

“Durante el gobierno de Patricio Chirinos (1993-1998) en que la deuda se redujo, la economía creció 182.7% durante todo el periodo. Con Miguel Alemán el crecimiento económico fue de 136.5% con un endeudamiento muy moderado que hizo crecer la deuda en 3,500 mdp”.

Luego se refiere a esa etapa negra que ha vivido Veracruz en los últimos diez años:

“En el periodo gubernamental de Fidel Herrera el crecimiento de la producción se redujo considerablemente pues sólo alcanzó un valor de 34.1% coincidiendo con un muy elevado incremento de la deuda pública la cual aumentó en 17,971 mdp.

“Finalmente durante el gobierno de Javier Duarte mientras la deuda se dispara con un aumento de casi 40 mil mdp el crecimiento de la economía es el más bajo de los cuatro periodos analizados, siendo tan sólo de 12.6%.”

Y establece:

“La deuda pública si bien ha servido para incrementar el gasto público no ha sido útil para impulsar el crecimiento económico. Y los gobiernos que han incurrido en menor endeudamiento han alcanzado mejores resultados en términos económicos”.

El economista Hilario Barcelata Chávez habla también del crecimiento del ingreso promedio por persona en los últimos cuatro gobiernos. Con Patricio Chirinos, el ingreso por persona se incrementó en 170 por ciento; en el de Miguel Alemán, 165%; con Fidel Herrera, 55% y con Duarte sólo 14.8 por ciento.

“Lo anterior permite concluir que la deuda no ha sido útil para el desarrollo económico del estado y por el contrario puede afirmarse que se ha convertido en un obstáculo para la producción productiva y la reducción de la pobreza”.

Lo que dice al final de su artículo no tiene desperdicio. Barcelata señala:

“Peor que un gobierno corrupto, es un gobierno cuyos funcionarios son corruptos (…) no sólo saquean los recursos públicos presentes impidiendo que puedan ser utilizados para el desarrollo, sino que, a través de la deuda, también nos despojan de recursos futuros dejándonos pobres y con una enorme deuda por pagar”.

Más claro, ni el agua.

Cuadro: Comportamiento deuda pública-desarrollo económico en los últimos cuatro gobiernos estatales

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