Crispado en medio de una investigación judicial que no puede permitir que se oriente por el lado de la delincuencia organizada y, tampoco, como atentado a la libertad de expresión, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha respondido rápidamente a las declaraciones y ofrecimientos del gobernador Javier Duarte de Ochoa, realizadas muy temprano de este lunes en Xalapa, y prácticamente busca echarle todo el costo político del multihomicidio, al señalar que hará declarar al veracruzano sobre el caso ante las autoridades ministeriales del DF.
Por supuesto, no hará que acuda Duarte a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del DF en la capital del país, sino que enviará a Xalapa a su subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido Osorio, acompañado de un grupo de agentes del Ministerio Público y policías de investigación, lo que regresa a Veracruz todos los reflectores de un caso del que el ‘perredista’ quiere despojarse lo más pronto y lo mejor que sea posible.
En su primera aparición pública luego del asesinato de cinco personas (cuatro de ellas mujeres), entre las que se incluyen el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, ambos con acusaciones de haber sido objeto de amenazas de su gobierno, Javier Duarte hizo una detallada relación de los periodistas asesinados durante su mandato, los avances en las investigaciones y los casos (ocho) que fueron atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR).
Ya los medios han divulgado los contenidos principales de su comunicado, leído sin lugar a preguntas ante un selecto grupo de periodistas; lo que me llama la atención es la lucha de las jurisdicciones, el pin-pon que antes del mediodía del lunes jugaron Duarte y Mancera.
Primero, Duarte asevera que el caso no le corresponde investigarlo a la Fiscalía veracruzana porque sucedió en el Distrito Federal y, acto seguido, Miguel Ángel Mancera trata de mantener a Duarte en el ojo del huracán y acaso con ello ocultar la torpes conclusiones de la procuraduría capitalina que señala, como en el viejo programa de Los Tres Chiflados, que se juntaron un ‘viene-viene’, un malabarista y un exconvicto para robar, violar, golpear y asesinar a cinco personas sin que nadie se hubiera dado cuenta de nada.
En esta comedia de situaciones, lo grave, lo verdaderamente grave, es que el múltiple asesinato se está convirtiendo en trapeador para limpiar la sala mientras se ensucia la casa del vecino.
¿Por qué viene un grupo ministerial a Xalapa a tomar la declaración del gobernador, cuando en el lugar del crimen no se han agotado las líneas de investigación y la búsqueda de testigos y móviles, ni se ha logrado siquiera sacar una versión medianamente creíble de lo ocurrido sino todo lo contrario?
En efecto, tal vez en un exceso de cortesía Duarte expuso públicamente y después en un oficio a Mancera su voluntad de aportar toda la información que requiriese la procuraduría capitalina para el esclarecimiento del multihomicidio de la colonia Narvarte.
¿Cómo reaccionó Mancera? En conferencia de prensa posterior a la de Duarte, el jefe de Gobierno dijo que no bastaba con lo dicho ante la prensa por Duarte sino que se requería una declaración ministerial, en que se obtuvieran respuestas a preguntas que ha formulado la PGJDF y aquellas provenientes de la coadyuvancia, brindada por la organización Artículo 19, interesada en que se esclarezca la posible vinculación del gobernador Javier Duarte en la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa.
Y el interrogatorio será este mismo martes en Xalapa.
¿Qué significa esto? Que aunque la procuraduría del DF tiene conclusiones en el sentido de que el móvil fue el robo (en el cual participaron tres torpes ladrones con ánimo picaresco y homicida, a quienes ya tiene identificados), Miguel Ángel Mancera no quiere quedar mal con los medios de comunicación que han señalado el caso como derivado de una orden de Duarte.
Con el ánimo inocultable de convertirse en candidato presidencial del PRD en 2018, a Mancera no le conviene echarse encima a la prensa crítica, tanto nacional como internacional, y menos a la revista Proceso; por ello ha abierto un hecho inédito en la política mexicana: que un gobernador mande a interrogar a otro gobernador. A Duarte, por otra parte, podría ayudarle que, tras la diligencia de este martes, la PGJDF lo descarte como línea de investigación.
Por lo pronto, además de todo lo que ha constituido para la prensa veracruzana el asesinato de 15 periodistas (11, según el gobernador, puesto que en cuatro casos los periodistas han caído fuera del territorio veracruzano, entre ellos Rubén Espinosa), ahora tendremos que ver cómo dos políticos tratan de despojarse de los cadáveres para no cargar con sus féretros.
¿A qué le teme Mancera?
Los resultados de la investigación, ya sabemos, han prendido las alarmas en el gobierno capitalino y han despertado sus más ocultos temores. Veamos a qué le teme Mancera:
- A entrar en conflicto con un sector de medios de comunicación que se han asumido como agraviados con este crimen y que no encuentran más explicación posible que un ataque directo contra un fotoperiodista por el ejercicio de su profesión.
- A reconocer lo que siempre se ha negado: que en la ciudad de México operan diversos cárteles de la droga, en los que participan directamente capos colombianos y mexicanos.
- A ponerse en la línea de fuego de una ciudad insegura para los periodistas y los activistas, donde se puede cometer el homicidio de cinco personas a plena luz del día.
- A aceptar que la reestructuración de su gabinete no fue suficiente y no tuvo la fuerza que él esperaba en aspectos claves como la seguridad y la procuración de justicia. Y es que crece la percepción de que los problemas de la ciudad amenazan con rebasarlo.
- A que el caso se convierta en el fantasma que persiga a su gobierno y a su eventual candidatura a la Presidencia.
Estos temores explicarían no sólo el vuelco que han venido tomando las investigaciones sino también que haya dejado correr las críticas y señalamientos hacia el gobierno de Veracruz, ahora llamado a declarar en condiciones poco claras de jurisdicción y territorialidad, como una estrategia para ganar tiempo y estructurar una salida política, jurídica y mediática con el menor costo posible.
Las inútiles representaciones
Generalmente egoístas, solitarios, con poco espíritu gregario, y negados para la organización gremial, los comunicadores somos víctimas de vivales, de dueños de organizaciones de periodistas, de empresarios de la comunicación y de colegas peleados con el análisis y la consulta democrática.
Vea usted cuántas organizaciones funcionan bajo la máxima de organizar festejos y entregar premios insostenibles que no se fundan en el análisis de calidad de los beneficiarios, como una forma con que los dueños de esas organizaciones obtienen recursos de funcionarios, dependencias gubernamentales y oficinas de prensa para su propio beneficio. [Pongo a salvo la entrega de los Fitos, organizada por Rodolfo Soler, porque es el único encuentro en que los periodistas convivimos mofándonos de nuestras propias veleidades].
El organismo creado por la Legislatura local para la supuesta defensa de los periodistas que sufren algún tipo de agresión o agravio, es una comisión inservible, liderada por diputados locales cuya única recomendación para haber sido postulados es que son propietarios de medios de comunicación, lo que por otra parte los hace totalmente contrarios a los periodistas, a quienes ellos explotan y mantienen en la indefensión.
Para colmo, uno de los más célebres y aguerridos periodistas de Xalapa, integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, el colega Jorge Morales, acusa un extraño protagonismo que no ayuda en nada a la conformación de políticas públicas orientadas a evitar los ataques a periodistas.
Su única función ha sido despotricar en los medios contra el gobierno estatal sin preocuparse mínimamente por organizar eventos en que los periodistas podamos estructurar propuestas sólidas, programas consensados e interlocuciones válidas que se conviertan en mecanismos confiables de protección a periodistas. Estaría obligado, desde mi punto de vista, a servir de puente entre los comunicadores de todo el estado y la CEAPP, y no a prodigar ideas tan limitadas como fuera de todo centro.
Y en estos escenarios, los periodistas qué seguridad podemos tener.
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