De los 11 diputados federales y senadores que este miércoles 5 participaron durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el debate pactado sobre los homicidios ocurridos el pasado 31 de julio en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, fue la diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, la que aludió que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas –creada por la Ley 586 publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 3 de diciembre de 2012– “no ha sido eficaz” en su tarea como instancia “responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas y promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.”

La legisladora panista expuso que como puede observarse, “a pesar de que entre sus atribuciones se encuentran las medidas de protección necesarias para prevenir la consumación de amenazas o para enfrentar riesgos inminentes y agresiones a la integridad de los periodistas”, esta Comisión “no ha sido eficaz, ya que las cifras en lugar de ir a la baja, van a la alza”, pues refirió que según el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, de 2011 a 2014 hubo sólo 4 países que tuvieron un número total de periodistas asesinados mayor al de Veracruz: Siria, Somalia, Pakistán e Irak.

Pero la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) no sólo ha sido ineficaz para cumplir cabalmente con la responsabilidad que constitucionalmente le dio origen como organismo autónomo sino que además tampoco ha funcionado para blindar políticamente al gobernador Javier Duarte y a su administración, ya que con ese evidente propósito fue procreada, legitimada con la inclusión de destacadas personalidades académicas y del periodismo veracruzano, y, por supuesto, le fue asignado un jugoso presupuesto que ha sido la manzana de la discordia entre algunos de sus integrantes.

Este sábado 8, el reportero Javier Laertes, del portal Versiones.com.mx, reprodujo unas declaraciones de la secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumoto Benítez, quien tácitamente admitió el fracaso de este inútil y costoso aparato burocrático, pues a casi tres años de haber sustituido a la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas –un organismo público descentralizado que había sido creado en la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán y que desapareció Duarte de Ochoa en un recorte presupuestal– no ha logrado ganar la confianza y credibilidad del gremio periodístico.

Matzumoto Benítez puntualizó que “la ley dice y la Constitución –en el apartado donde corresponde a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas– que nosotros tenemos que actuar a petición de parte; eso implica que el periodista debe aceptar expresamente nuestra participación; no implica, como se ha mal entendido, que nosotros estemos esperando a que un periodista que hace pública una amenaza se acerque a nosotros, implica que para que nosotros actuemos, el periodista debe aceptar el procedimiento”.

Por ello, la secretaria ejecutiva de la CEAPP dijo que “inmediatamente” que el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril –uno de los cinco ejecutados en un departamento de la colonia Narvarte, en el DF– “hizo público que era objeto de amenazas, la Comisión entró en contacto con él, y como hacemos en todos los casos cuando tenemos conocimiento de algo similar, se le explicó cuál es la función de la Comisión, las competencias y se le ofreció activar los protocolos que fueran necesarios en su caso”. Sin embargo, Matzumoto detalló que el comunicador “decidió no aceptarlos”, declinó “nuestra oferta” porque mantenía contacto con organismos nacionales e internacionales de defensa, por lo que no tuvieron oportunidad de activar los protocolos de seguridad que se aplican en esos casos.

La secretaria ejecutiva destacó que la CEAPP “firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Fiscalía General del Estado para generar un Sistema de Alerta Temprana y Reacción Inmediata que nos permita inmediatamente que la Comisión conozca de una situación, se pueda actuar coordinadamente cada institución con sus competencias y facultades para evitar que cualquier amenaza pueda consumarse”.

Rubén Espinosa no murió en Veracruz sino en el Distrito Federal, que es gobernado por el PRD, y el crimen del fotoperiodista y de las otras cuatro mujeres ejecutadas –según las investigaciones de la Procuraduría capitalina– no tendrían un móvil político; sin embargo, la administración del gobernador Javier Duarte no ha quedado a salvo de las suspicacias.

El diputado federal veracruzano Alejandro Montano Guzmán, quien fijó el posicionamiento de su partido, el PRI, dijo, por ejemplo, que en política una cosa es la percepción y otra es la realidad y que “parece que en la percepción ya están juzgando un hecho sin pruebas, ni un sustento legal, creo que eso no se vale”. El ex secretario de Seguridad Pública del estado pidió no hacer “un botín de dolor, ni busquemos raja política en este multihomicidio”, y propuso darle un voto de confianza a la Procuraduría del DF, cuyo Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, fue considerado en su momento como el mejor procurador del país.

La inutilidad de la CEAPP es tal que a tres años de su creación la imagen del estado y del régimen duartista se ha distorsionado cada vez más, considerándose a Veracruz como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. Por eso no fue fortuito que en 2014, cuando el ahora diputado federal electo por Tuxpan, Alberto Silva Ramos, asumió la Coordinación General de Comunicación Social pretendió desaparecer la CEAPP por sugerencia de algunos periodistas. Pero la intentona de Silva no prosperó ya que alguien le habría argumentado al gobernador Duarte que políticamente no era conveniente porque se mandaría un mal mensaje al país ante la muerte y desaparición de tantos comunicadores.

En efecto, el senador Armando Ríos Piter, del PRD, enfatizó que en el sexenio del presidente Felipe Calderón, del PAN, se documentaron 182 ataques a periodistas y que hoy, en la administración del priista Enrique Peña Nieto, “son 328 en solamente dos años”.

¿Valdrá la pena seguir sosteniendo la CEAPP o Javier Duarte debería aplicarse más a fondo para brindar mejores garantías de seguridad al gremio periodístico, a cuyos profesionales no hay necesidad de pedirles que se “porten bien” si la ley debe aplicarse por igual a todos?