En los cinco años que lleva su administración, el gobernador Javier Duarte ha enfrentado y superado pruebas mucho más duras que la que hoy enfrenta con el multihomicidio de la Colonia Narvarte, en la ciudad de México, en el que se le ha querido implicar porque entre las víctimas figuran un fotoperiodista defeño y una activista de derechos humanos nativa de Chiapas que en junio pasado habían dejado Veracruz por presuntas amenazas de muerte.

A principios de enero de 2011, por ejemplo, unas cuantas semanas después de haber asumido el gobierno de la entidad, Duarte tuvo la primera oleada de violencia. Ejecuciones y levantones al por mayor, lo mismo en Xalapa que en el resto de la entidad. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río cayeron los primeros periodistas. Miguel Ángel López Velasco, columnista de Notiver, inició la retahíla de comunicadores ejecutados y desaparecidos en este régimen. El acabose fue el tiradero de 35 cadáveres sobre el principal bulevar boqueño ocurrido en septiembre de ese año, un día antes de la reunión nacional de procuradores que se efectuaría en esa zona hotelera. ¿Cómo burlaron los criminales el cerco policiaco y militar para montar tan macabro espectáculo que desembocó en la renuncia del primer procurador duartista Reynaldo Escobar? Esa es una interrogante que hasta la fecha sigue sin ser respondida. El ex presidente Felipe Calderón y sus secuaces del PAN que no pudieron apoderarse del gobierno de Veracruz en la sucesión de 2010 seguramente sí lo supieron por las grabaciones de las videocámaras de vigilancia que requisaron.

Esa crisis inicial la salvó Duarte con el apoyo del secretario de Marina, Mariano Saynez, con el cual operó el programa “Veracruz seguro” que Calderón se vio forzado a aprobar.

Pero en abril de 2013, en pleno proceso electoral local, Duarte enfrentó otro vendaval político que inclusive tambaleó su permanencia en la gubernatura. El escándalo mediático, detonado por la exhibición de grabaciones y videos que hizo la dirigencia nacional del PAN sobre el intento de manipulación de los programas federales de la Sedesol para apoyar a los candidatos priistas a las alcaldías y Congreso del estado, repercutió en la mesa del Pacto por México, obligando al presidente Enrique Peña Nieto a firmar un adendum con los dirigentes del partido blanquiazul y PRD. En esa ocasión se rumoró que el gobernador sería colocado en la Procuraduría Federal del Consumidor que permanecía acéfala tras la renuncia de Humberto Benítez Treviño, padre de la “Lady Profeco”. Pero Duarte logró sostenerse en el Palacio de Gobierno y en dicho cargo fue designado en mayo de 2013 Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado de Michoacán y actual titular de la Conade.

Ahora, cuando le restan menos de 15 meses para entregar el poder, Duarte está sometido a una incesante metralla política y mediática a partir del homicidio múltiple ocurrido el pasado viernes en un departamento de la Colonia Narvarte, pues entre las cinco víctimas figuran el fotógrafo Rubén Espinosa y la activista de derechos humanos Nadia Vera, quienes acababan de abandonar Xalapa por supuestas amenazas de muerte.

El caso está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuyo gobierno es de extracción perredista, sin ligas políticas ni de partido con el gobernador de Veracruz. Y hasta ahora, la línea de investigación más sólida, por las evidencias de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la colonia donde se perpetró el crimen y las declaraciones ministeriales de los testigos, apunta hacia el móvil del robo y/o a un ajuste de cuentas a un par de mujeres que compartían la renta de la vivienda con la activista de origen chiapaneco, amiga del reportero gráfico.

Sin embargo, desde que fueron identificados los cadáveres de Mendoza y Vera, el gobernador Duarte fue juzgado y sentenciado ipso facto como autor intelectual de esta masacre por la pléyade de adversarios políticos y comunicadores que por muy diversos motivos –algunos plenamente justificados– repudian y reprueban su administración.

Sólo que a diferencia de otras crisis que ha librado airosamente, en esta ocasión el mandatario priista no ha tenido ni sentido el respaldo solidario de sus propios correligionarios que hasta ahora no se han atrevido públicamente a meter las manos al fuego por él o para al menos abogar que le cedan el beneficio de la duda. Y es que, ante la cercanía de su sucesión, Duarte ha abierto demasiados frentes: con su antecesor Fidel Herrera, con el senador Pepe Yunes Zorrilla y, obviamente, con quienes en su propio partido o en el gobierno de la República no ven bien que esté empujando como candidato independiente a su ex secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, mientras que por el PRI aparenta impulsar al senador Héctor Yunes Landa, con el cual, a mediados de julio, previo al informe legislativo de éste, se tomó la foto en su departamento privado de Boca del Río acompañado del diputado federal saliente Manlio Fabio Beltrones, fuerte aspirante presidencial y a quien los peñanietistas intentaron bloquear para presidir el CEN del tricolor.

Yunes Landa, por cierto, anunció que solicitaría formalmente que la PGR atraiga el caso y dijo que en este artero crimen “no se debe descartar ninguna línea de investigación”. Y a priori expuso que el asesinato del fotoperiodista era “un hecho a todas luces inadmisible e indignante” de “ataque a la libertad de expresión”.

Lo bueno para Duarte es que, sin proponérselo, su linchamiento ha venido a ser un distractor para diluir el escándalo por la nueva fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán que, obviamente, minó aún más la maltrecha imagen del presidente Peña y de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable directo de la seguridad nacional.